El gobierno anunció la firma de un acuerdo con la empresa española Solaria, para una “mega inversión” de 5.700 millones de dólares, con el objetivo de instalar parques de generación eléctrica (solar) de unos 350 MW que alimentarían parcialmente a grandes datacenters que consumirán unos 500 MW. Con bombos y platillos se presentó el principio de acuerdo entre la empresa española y el gobierno (y la empresa UTE), planteando nuevamente la promesa de un desarrollo económico de la mano de un mega emprendimiento multinacional.

Paralelamente el gobierno viene negociando con la empresa HIF Global en torno a otra inversión supuestamente por casi 5.400 millones de dólares -para producir combustibles “verdes”. El Memorándum con HIF lo firmó Lacalle cerca del final de su mandato.

Con ambas inversiones, el gobierno intenta presentar un escenario de “despegue” económico. Desde hace al menos dos décadas se vienen presentando como una vía para el desarrollo otras tantas inversiones similares (Botnia-UPM, la española ENCE, luego UPM 2 incluyendo una enorme inversión estatal para construirles un tren a medida de las necesidades de la empresa). El resultado no ha sido la industrialización del país, que se ha convertido en una gran plantación de eucaliptos para la exportación de pasta de celulosa en bruto. El pretendido “éxito” de atraer inversiones de multinacionales -a las cuales se les perdonan todos los impuestos y se les facilitan inversiones públicas pagadas por la ciudadanía- cae por tierra cuando se comprueba el estancamiento económico y la reprimarización de la producción.

El propio ministro de economía Gabriel Oddone ha hecho énfasis en el estancamiento (en los últimos quince años el crecimiento del PBI ha estado en un 1% anual) y promete un “despegue”. Sin embargo, su receta es un refrito de la ya aplicada hasta el hartazgo: nuevos subsidios estatales a los “inversores” a la vez que se recorta el gasto público para cubrir las necesidades más básicas del pueblo. Mientras en el Congreso del Frente Amplio discutía un posible impuesto al 1% más rico -aunque no para este período de gobierno, sino como “insumo” para la discusión- Oddone tenía su propio “diálogo social” con los capitalistas en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), donde planteó también una reforma impositiva: “Indicó que Uruguay tiene que ‘ser más competitivo en las tasas de gravamen al sector empresarial, (…) es decir con menor gravamen, lo cual no quiere decir que por algún otro lado tengo que compensar. Esa es una discusión que Uruguay debe darse. El mundo compite hoy, para decirlo claro, (con) baja de tasas corporativas, aumento de tasas a rentas personales… ¿Por qué? Porque el ciudadano está cautivo, la empresa no”. Oddone aclara que su planteo “no es para este período de gobierno, porque no hay tiempo de ejecutarlo”.

Oddone profundiza lo que hizo la reforma fiscal de Astori y Tabaré Vázquez en 2007. En aquella oportunidad se rebajó el IRAE (impuesto a la renta de la industria, el comercio y el agro) del 30% al 25%, y el aporte patronal a la seguridad social pasó del 12% al 7,5%. La rebaja se compensó con la creación del IRPF que gravaba la renta personal (los dividendos que recibían los empresarios, por ejemplo) pero también los salarios y jubilaciones. El ministro de Economía va por una “reforma astorista 2.0”, que favorezca aún más al capital. De la mano de estas reformas fiscales ha venido la propagación de las “zonas francas” donde directamente no pagan impuestos las grandes empresas allí instaladas, así como las leyes de “Promoción de inversiones” que establecen exoneraciones e incluso subsidios directos. Lo que se llama “gasto fiscal” (el dinero que el Estado no recauda por todas estas exoneraciones) alcanzó en 2025 a casi 6.000 millones de dólares (un 6,9% del PBI), de los cuales la mayoría son destinados directamente a las empresas. Otras exoneraciones que se presentan como un subsidio social (a la salud, la vivienda, etc.) terminan favoreciendo a los capitalistas de la salud, a los promotores de la construcción y los especuladores inmobiliarios, etc. Por ejemplo, la vivienda “social” o “promovida” recibe en torno a 0,5% del PBI, pero el 83% de esas viviendas subsidiadas quedan en mano de inversores que las alquilan, no en familias trabajadoras.

Por otra parte, tanto la inversión de HIF Global como la de Solaria están prendidas con alfileres. Ramón Méndez se ha referido a HIF como un “proyecto de papel”, señalando que no existe un mercado comprador de ese combustible (“no existe el negocio si no hay comprador”). Méndez -que fue Director Nacional de Energía en 2008-2015, Director de Cambio Climático, y el principal impulsor de de la transformación de la matriz de energía eléctrica bajo los gobiernos del Frente Amplio- señaló que el proyecto depende de que UTE subsidie la energía eléctrica: HIF pretende pagar 40 o 45 dólares el MWh cuando los grandes consumidores industriales en Uruguay pagan entre 60-80 dólares el MWh. En el caso de Solaria, hasta ahora se ha firmado un memorándum pero -como en el caso de HIF- no hay una decisión definitiva de realizar la inversión. Solaria depende de conseguir socios y financiamiento para sus datacenters, ya que su patrimonio en España no llega al 10% de lo que se supone invertirá en Uruguay.

A nivel internacional, y en Estados Unidos en particular, crece la oposición -e incluso las prohibiciones en algunos Estados o localidades- contra los datacenters que consumen una enorme cantidad de energía y no favorecen en nada a la población. Eso se traslada a la factura de energía de las familias. Por otra parte, la contaminación ambiental y sonora genera grandes rechazos, así como el consumo de enormes cantidades de agua que es necesaria para producir alimentos o para el consumo humano. Cómo será la cosa que en Uruguay el reaccionario senador Sebastián Da Silva -quien no es un defensor del ambiente pero sí de los terratenientes- promueve una ley para evitar que esos datacenters se instalen sobre los acuíferos Guaraní y Raigón.

Los anuncios del gobierno buscan mejorar su imagen ante la opinión pública, y generar una expectativa de reactivación económica. En el cuadro de la crisis capitalista y la guerra imperialista, la tendencia no es al “despegue” sino a un mayor retroceso industrial y a una depresión económica. La clase capitalista no tiene otra salida que la barbarie bélica y la destrucción del ambiente, y el ataque a los derechos sociales y conquistas de los trabajadores. El “progresismo” de Orsi y Oddone no ofrece ninguna salida, es puramente venta de humo.