El ascenso de Bolsonaro y los mandos militares en Brasil (que cuadruplicaron su representación en el gobierno en estas elecciones y que han ganado un creciente protagonismo político desde el golpe que destituyó a Dilma Rouseff), ha servido para envalentonar a sectores del ejército uruguayo, que pretenden posicionarse como árbitros de la crisis política y social. Los ensayos de insubordinación castrense de los últimos meses, así como las declaraciones del Circulo Militar de que “hay condiciones para que los militares vuelvan al poder”, son señales de esta tendencia. Al mismo tiempo, se está procesando un reagrupamiento político de militares retirados que pretende colocarse bajo el paraguas del Partido Nacional.
Quienes encabezan estos grupos son públicos defensores de la dictadura militar y sus métodos. Carlos Silva y todo el circulo militar han sido defensores públicos del régimen cívico-militar, junto a gran parte de los cuadros del ejército que han actuado contra la lucha por verdad, juicio y castigo, negando o protegiendo torturas y desapariciones, ocultado información y continuando acciones de espionaje. El mismo gobierno que ha reprimido y procesado trabajadores y estudiantes por luchar, ha permitido que estos sectores continúen organizándose y haciendo propaganda en la más absoluta legalidad, mientras cobran sus jubilaciones que en muchos casos superan los cien mil pesos (¡este beneficio llega hasta los militares procesados por violaciones a los derechos humanos!)
Es importante resaltar que las fuerzas represivas uruguayas se encuentran históricamente vinculadas con sus pares brasileras, contando con instancias de coordinación y entrenamiento. Durante los gobiernos del Frente Amplio tenemos un antecedente central de la formación en común de estos ejércitos en la MINUSTAH, en el marco de la cual los contingentes militares de los gobiernos “progresistas” ocuparon Haití durante una década, estableciendo un fuerte marco de coordinación de los mandos castrenses a nivel regional y preparándose para operaciones urbanas.
Complicidad
En medio del proceso electoral en Brasil, los dirigentes del FA se llamaron a silencio y aprobaron en el Senado, por unanimidad junto a la oposición patronal, la custodia militar de las fronteras, que fue públicamente defendida como una forma de intromisión militar en la “seguridad nacional” interna. Esto se votó en vísperas del G20, siendo el siguiente paso la aprobación del ingreso de tropas estadounidenses que operaran durante al menos diez días en nuestro territorio, transformado en patio trasero de la cumbre que se desarrollará en Buenos Aires.
El Frente Amplio ha intentado montar su campaña polarizando con la oposición patronal en torno a la defensa que un sector de esta viene haciendo de la militarización de la seguridad interna (en particular la iniciativa de Larrañaga). Sin embargo, su responsabilidad en el fortalecimiento y avance de los militares es crucial e innegable.
La política del FA de relegitimar las Fuerzas Armadas fue una política de Estado, que se expresó en el punto final, el “nunca más” y la reconciliación nacional, así como en la elección de Manini Ríos (formado en la dictadura y perteneciente a la oligarquía golpista) al frente del ejército. A este fortalecimiento político se le suma el fortalecimiento económico gracias a los sucesivos aumentos del presupuesto para Defensa que han aprobado en todas las Rendiciones de Cuentas.
Sobre la cuestión militar, el rumbo derechista del FA no es nuevo pues se remonta, al menos, al Pacto del Club Naval y la garantía de una salida pactada. El rol del MPP ha sido crucial, mostrando un profundo compromiso con el régimen, y tomando la tarea de ponerse al frente del relacionamiento del gobierno con los aparatos represivos. Se transformaron en la cara visible del pacto político entre el FA y las Fuerzas Armadas.
El mantenimiento de Huidobro como ministro de defensa, a pesar de que la CAP-L se desintegró políticamente en las elecciones pasadas, muestra el alcance de estos compromisos, que llevaron a figuras claves del MPP a la defensa pública de los militares y al ataque a organizaciones de DDHH. Carlos Silva, el mismo tipo que dice que los militares deberían volver al poder en Uruguay, destaca el rol de Huidobro como ministro del Defensa y afirma que los militares lo extrañan.
Reforma de la Caja Militar
Esa alianza entre el FA y las fuerzas armadas se está fracturando, en un cuadro en el que sectores de la clase capitalista pugnan por un régimen de ataque directo a los trabajadores y sus conquistas. La punta del iceberg es esta fractura ha sido el problema de la Caja Militar.
La limitadísima reforma tiene como trasfondo la necesidad del gobierno de sanear sus finanzas, reducir el déficit fiscal y garantizar la cadena de endeudamiento: son las exigencias del capital financiero. Es parte de reformas de otras cajas profesionales y precede a la reforma previsional general, que ha sido anunciada como una de las tareas estratégicas del próximo gobierno, y que constituye uno de los principales arietes de la burguesía.
La centralidad del problema de la caja militar en la situación política llevó a que intervenga el propio Vázquez para cortar una discusión de un año y medio en el Frente Amplio, dando la orden de votar la ley con la incorporación de las modificaciones presentadas por el sector de Darío Perez (que estuvo en contacto directo y público con los cuadros castrenses) y rechazando la reducción de los topes jubilatorios, con el argumento explícito de “no afectar a la oficialidad” y como “estrategia de relacionamiento con la familia militar”. Se trata de una adaptación de todo el Frente Amplio a la presión militar, porque toda la bancada aprobó los lineamientos de Vazquez con el argumento de la disciplina partidaria. El problema de la caja militar ha dejado de manifiesto, nuevamente, los lazos que unen a un sector del FA con la defensa de los mandos militares y sus privilegios.
Independencia política
Igual que en Brasil, la política de colaboración de clases subordinada al gran capital allana las condiciones para una ofensiva de la derecha fascista y golpista, que prepara una política de guerra contra los trabajadores y sus organizaciones. Esta tendencia está siendo fortalecida por el gobierno y la oposición patronal, aprobando medidas que fortalecen la eventualidad de una salida derechista con protagonismo militar. La lucha contra la derecha, las tendencias militares y fascistas, y el imperialismo que les opera de soporte, solo puede llevarse adelante a través de un frente único del pueblo trabajador con independencia política del gobierno frenteamplista y de todos los partidos del régimen.
