El Fondo Monetario Internacional asegura que hay demasiados jubilados y que el sistema previsional paga haberes muy altos en relación a otros países, incluidos Estados Unidos, Alemania y Japón. Sostiene que el “alto gasto previsional” se debe a la temprana edad para jubilarse y a las moratorias, que dieron cobertura a aquellas personas que no reunían 30 años de aporte tras haber cumplido 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los varones. La interpretación oficial de estas mentiras groseras es que el FMI busca reducir el déficit fiscal e incluso conseguir un superávit. Más allá de esto, el propósito es crear las condiciones para una privatización completa o parcial de las jubilaciones
El dato fue revelado en una reciente nota publicada en Clarín (15/04). Allí el periodista Ismael Bermúdez expone que el planteo figura en el informe que acompaña la firma del acuerdo de Argentina con el FMI, publicado el 25 de marzo pasado.
Bermúdez señala que los números están distorsionados y que las afirmaciones no tienen sustento. Por ejemplo, los burócratas del Fondo aseguran que los haberes jubilatorios se ubican por encima del 90% de los salarios activos, contra un 58% en los países mencionados. Sin embargo, a diciembre de 2021, el haber promedio se situaba en los $66.607 versus un sueldo promedio formal de $102.589. Es decir, el haber promedio representa el 65% del salario, lejos del que indica el FMI. Si se toma en cuenta las moratorias, las pensiones a la viudez y los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) el porcentaje respecto al salario cae por debajo del 50%, incluso del 40%. De cualquier modo, la deformación de las cifras va más lejos, porque el mismo salario que se toma como referencia equivale al 60% de una canasta familiar.
El FMI plantea aumentar la edad de retiro, así como rebajar la tasa de sustitución -el porcentaje que representa la jubilación respecto del último salario en actividad-, eliminar las moratorias y los regímenes especiales, a los cuales atribuye la mayor distorsión del sistema. Se trata de los regímenes jubilatorios de docentes, docentes universitarios e investigadores, empleados judiciales, diplomáticos, de Luz y Fuerza, YCF, fuerzas armadas y policía. Por regla general reciben el 82% de su último salario activo, pero aportan el doble que el resto de los trabajadores. Al comparar el escalafón salarial entre un sector y otro, las diferencias son más que holgadas. Mientras diplomáticos y jueces de alto rango cobran sueldos exorbitantes, los docentes deben trabajar doble jornada para arañar el costo de una canasta familiar. La primera estocada la dio María Eugenia Vidal, en diciembre de 2017, contra la caja jubilatoria de los empleados del Banco Provincia. Con el voto del PJ bonaerense, aumentó la edad jubilatoria de 57 a 65 años y dispuso que ya no se tomaría el mejor salario sino el promedio de los últimos 10 años y redujo la movilidad jubilatoria. Luego, bajo el gobierno de los Fernández, el Congreso de la Nación modificó el régimen jubilatorio del Poder Judicial, en nombre de atacar sus “privilegios”. El resultado: los jueces siguen cobrando jubilaciones privilegiadas -cercanas al millón de pesos mensuales-, mientras que los empleados vieron aumentada la edad de jubilación a los 65 años y pasarán a percibir del 82% al 60% aproximadamente del salario de un activo. Los diputados del PTS y el PO aportaron quórum y se abstuvieron de rechazar la norma cuando se trató en el recinto.
Por último, el FMI omite que las jubilaciones, desde el 2017 hasta la actualidad, han sufrido una pérdida cercana al 30%. Los jubilados presentan un nivel elevado de índices de pobreza e indigencia. Es el resultado del camino elegido por los Fernández para “atacar” la inflación –desindexar salarios y jubilaciones-. En cambio, desde el 10 de diciembre de 2019, el Fondo ha cobrado en dinero contante y sonante todos los vencimientos de intereses.
El hundimiento del sistema previsional público es el punto de partida para crear un sistema privado “complementario”, al que acudiría la franja mejor remunerada de los asalariados y los ejecutivos. Para el FMI este es un método más ‘sano’ o estable para financiar a la Bolsa y la deuda del Tesoro. Este financiamiento es esencial para pagar la deuda pública en pesos o dólares, mediante refinanciaciones. Es el propósito que comparte, más que nadie, el ‘gobierno nacional y popular’.
