El acuerdo alcanzado por el Estado uruguayo y la empresa UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa en el centro del país, ha estado en el centro del debate público. Las repercusiones vienen a confirmar una vez mas el sometimiento del gobierno a los pulpos de la celulosa. El debate sobre la contaminación o saqueo, ha quedado relegado a un segundo plano y el punto de crisis son las derivaciones económicas de todo el proyecto.
El país queda comprometido a una serie de inversiones y compromisos que generaron cortocircuitos de forma ininterrumpida en las filas del partido de gobierno. De la renuncia de Masoller (jerarca del Ministerio de Economía), pasando por las declaraciones de Andrade “El PIT-CNT no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita (el gobierno) con la empresa” respecto al punto sobre prevención de conflictos que pactaron Gobierno-Empresa. Cuando aun no se apagaban las chispas de esta controversia, trasciende el altercado entre UTE y el Ministerio de Economía respecto a las tarifas eléctricas: el primero tenía en agenda una disminución del 5% en el precio y el segundo demanda un aumento del 7%.
Lo más preocupante del convenio cipayo es, sin lugar a duda, el punto que regula los conflictos. El pacto supone un privilegio para UPM pero persigue un objetivo bien definido: generar las condiciones para ampliarlo luego a toda norma. Como lo describió un columnista del diario El País, periódico que viene sosteniendo de forma persistente que “UPM-2 NO SE VA A INSTALAR”, la táctica del gobierno es imponerse “a sí mismo y a través de compromisos externos fuertes condiciones que impliquen avanzar a marcha forzada. De esa forma apuesta a neutralizar las resistencias internas” esta aguda observación del diario “vocero de la dictadura” es en tono aprobatorio “Estimulemos lo foráneo, pero no desestimulemos la inversión nacional (…) Los dichos del gobierno prometerán concesiones a UPM que suscribimos, pero tengamos equidad.” (El País) La burguesía alienta al gobierno a profundizar esta orientación.
Llegados a este punto, que Andrade se disguste porque el convenio sea bipartito, cuando han dejado pasar todos los atropellos (esencialidad, decreto anti-piquetes) atestigua un defecto moral de una dirigencia en bancarrota. Para cumplir con los reclamos de las patronales, que exigen la prohibición de ocupaciones, el “derecho al trabajo” para los carneros y “productividad”, Vázquez acoraza a los capitales fineses para desde ahí lanzar una embestida más general que beneficie al capital. A su manera prescinde de la burocracia sindical relegada a un papel de espectadora, que ya no recurre a artificios verbales como “entes testigo” o “Bloque social de los cambios”.
Privilegios impositivos, zona franca, precios preferenciales en la compra de energía y tarifazo, paz social, saqueo de los recursos e inversión millonaria por parte del Estado. Las patronales están de jolgorio, no hay ninguna ofensiva imperialista contra el gobierno.
Se impone que todo trabajador haga una reflexión sobre el conjunto de la situación planteada. La burocracia sindical ha perdido autoridad y posiciones. Hay que revitalizar los sindicatos y recuperarlos para una política obrera.
