La retórica optimista de Vázquez y Astori sobre la recuperación económica de la mano de la inversión extranjera, es sólo eso: retórica. Cualquier análisis más o menos serio pone de manifiesto que la política económica frenteamplista se encuentra en un cuadro de completo agotamiento. El empatanamiento para comandar el ajuste, y su eventual fracaso, abre el escenario para una crisis política en un plazo breve. Importantes sectores de la burguesía -sojera, industrial y del comercio-exigen el fin de la parálisis y un viraje más pronunciado de la política ajustadora.
Contradicciones acumuladas
Vázquez asumió con el compromiso al FMI (y al conjunto de la burguesía) de reducir el déficit fiscal de 3,4% a 1,5% del PIB. Casi dos años después, a pesar de los recortes en el gasto social el déficit aumentó a 3,7% del PIB. Se trata del agravamiento de la situación financiera del Estado, que Vázquez venía a corregir. El déficit se ha cubierto en parte con emisión monetaria y, en mayor medida, con emisión de deuda. Según señala el último informe del BCU, el pago de los intereses de deuda explica este aumento del déficit fiscal. La emisión de deuda -letras de regulación monetaria (LRM)- a una tasa por encima del 15% para el financiamiento de los gastos corrientes y la absorción del ‘exceso’ de fondos especulativos circulantes ha encarecido enormemente el costo financiero del Estado, acentuando el desequilibrio económico-financiero estatal. En este sentido, la deuda del BCU con la banca privada se ha disparado, al tiempo que las reservas volvieron a caer por la intervención en el mercado de cambios -para contener la caída del dólar. Una suerte ‘déficit paralelo’. La suba de tasas de interés internacional de la mano de Trump puede desencadenar una venta masiva de las letras de regulación monetaria, y en consecuencia la incapacidad del gobierno para contener un suba inflacionaria.
Pero es el conjunto de la deuda -que bordea el 70% del PIB- la que se encuentra en la picota. Con la última operación de canje de deuda, el gobierno logró cubrir los pagos de intereses hasta mediados de 2017. A partir de allí, los montos se incrementan sustancialmente. El financiamiento internacional de estos nuevos pagos, se encuentra condicionado a un ajuste -mucho mayor- del presupuesto público e incluso de los salarios. También la deuda privada de la burguesía se encuentra en zona de riesgo, con niveles de default en el caso de sectores enteros del agro y la industria. El menguado presupuesto público comienza a ser tironeado por diversos sectores empresariales que exigen un rescate y ‘redistribución’ de los subsidios y exoneraciones fiscales. Al compás de la crisis, no sólo se agudizan las contradicciones entre capital y trabajo, sino al interior de la propia burguesía.
El impasse se verifica en la imposibilidad creciente del gobierno de financiar al propio Estado y, al mismo, tiempo rescatar a los capitalistas en crisis. La única apuesta del gobierno para remontar el estancamiento de la actividad económica es una “lluvia” de inversiones extranjeras que, sin embargo, se encuentran en caída libre: más de 3.000 millones de dólares han salido en el último año y medio; se redujo a la cuarta parte desde 2015. Toda la inversión -no sólo la extranjera- se retrajo fuertemente en 2016. Esta ‘huelga de inversiones’ y el retroceso del comercio internacional se explica por el derrumbe de los mercados internacionales, en especial Argentina, Brasil y China; por ello los viajes de Vázquez para conquistar inversores no han tenido ningún resultado. Todos los observadores (salvo los oficiales) señalan una profundización de esta bancarrota para 2017. En este terreno, el plan económico del gobierno naufraga en medio de enormes desequilibrios financieros y comerciales.
Clase obrera
En estas condiciones, las contradicciones abiertas plantean la inviabilidad del plan oficialista que se traducen en fisuras al interior del propio partido de gobierno, que exigen ir más a la derecha (Gonzalo Mujica). El capital financiero exige, mediante sus agencias calificadoras Standard and Poor’s-Moodys, un “re-equilibrio fiscal” que vaya a fondo en el ataque al gasto social y profundice la rebaja salarial. Es decir, para la burguesía la superación de las contradicciones depende de un ataque violento contra la clase obrera. Frente a esta perspectiva, el movimiento obrero debe ofrecer su propio programa y alternativa y estrategia política. A la lucha por las reivindicaciones inmediatas contra el ajuste y las privatizaciones, por el cese de los despidos, suspensiones y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; hay que sumar la batalla por un congreso programático del movimiento obrero para que los trabajadores del comercio, de la salud, municipales, metalúrgicos, de las construcción, del campo, desenvuelvan un plan alternativo al del gobierno y el capital financiero y encolumne a los explotados detrás de una salida de conjunto.
