La campaña reaccionaria impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga, “Vivir sin miedo”, llegó y superó con amplitud su objetivo de 270.000 firmas para convocar un plebiscito. Las principales medidas que incluye la propuesta tienen que ver con la creación de una Guardia Nacional –con el Ejército- que colabore con el Ministerio del Interior en la represión interna (“combate al delito”); la legalización de los allanamientos nocturnos con orden judicial; y el cumplimiento completo de las penas por delitos graves y la prisión perpetua en delitos gravísimos. Un cóctel represivo en su conjunto que se desprende de las constantes campañas de los noticieros y que busca capitalizar cierto descontento social con la inseguridad, pero que tiene esencialmente un objetivo estratégico superior.
El agravamiento de la crisis capitalista a nivel mundial, con su expresión nacional y sus perspectivas, tiene como una de sus expresiones el acrecentamiento represivo para enfrentar las inevitables luchas que desatan los trabajadores, las mujeres y la juventud contra los ataques recibidos por el capital. Esta tendencia hacia la militarización y una mayor represión se corrobora en el ascenso de Bolsonaro a la presidencia de Brasil o en la orientación que le ha dado Macri a Argentina.
La centro-izquierda pavimenta el camino
En este panorama Uruguay no es un caso aislado; desde hace ya muchos años se viene plasmando esta orientación con el fortalecimiento de los aparatos policiales e incluso su propia militarización: la Guardia Republicana creada por la Ley de Presupuesto de 2011 es una fuerza policial con una mayor preparación técnica y con un entrenamiento cuasi militar; el Grupo de Respuesta Táctica (GRT) se formó por decreto a fines de 2013 y se trata de un destacamento con mayor formación teórica y práctica preparado para acciones concretas. Un ejemplo es el brutal desalojo del CODICEN en 2015, ocupado por estudiantes secundarios apoyados por decenas de organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas que concluyó con la persecución y procesamiento de 12 militantes; otro ejemplo es el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), un desprendimiento del GRT que se dedica exclusivamente a patrullar y reprimir en las “zonas rojas” de Montevideo y la zona metropolitana. Los barrios periféricos sitiados y las decenas de casos de “gatillo fácil” no son casuales.
Esta decidida política por parte del gobierno se complementa naturalmente con el protocolo anti-piquetes decretado en marzo de 2017, una medida al servicio de UPM y el FMI; con los innumerables decretos de esencialidad contra los trabajadores en huelga y recientemente con la aprobación del control militar en los márgenes de las fronteras nacionales. A su vez, todo este programa represivo se sostiene sobre el ajuste presupuestal sobre la educación, la salud y la vivienda, por ejemplo. El incremento presupuestal sobre los ministerios de Interior y Defensa se dio en cada una de las leyes aprobadas al menos desde la asunción del segundo gobierno de Vázquez. Dentro del presupuesto destinado a los ministerios públicos, el 47% del total está destinado a los dos ministerios de la represión.
Es interesante ver el proceso, en términos generales, que atravesó Brasil con sus distintos gobiernos hasta llegar al espécimen Bolsonaro. Fundamentalmente porque el incremento represivo que se dio durante el gobierno de Temer, apoyado por el parlamento, estuvo precedido por un importante trabajo de militarización y represión, sobre todo en las favelas cariocas, nombrado Unidades de Policías Pacificadoras (UPP). La contracara del mundial de fútbol de 2014 y los juegos olímpicos de 2016 fue la implementación de un Estado de excepción en las zonas “vulnerables” de Río de Janeiro. Ya con Temer, a inicios de 2018 se extendió la militarización al conjunto de la ciudad, que tuvo entre enero y octubre de este año 1.308 asesinatos por parte de las fuerzas militares, un 43% más que en todo el 2017 (Infobae, 15/11/2018).
El progresismo es actor principal en la preparación y declaración de la guerra contra la clase obrera. Permanezca o no en el elenco principal, la película reclama un tono derechista.
Enfrentar el crimen organizado es enfrentar al capital.
El conjunto del régimen político discute demagógicamente la cuestión de la seguridad pública. Esencialmente por que el acercamiento a un abordaje serio del problema implica atacar beneficios de los bancos y capitalistas, así como a la estructura represiva interna del Estado. La vida de los narcos que dominan los barrios de Montevideo está coordinada a la perfección con la actividad policial, liberando zonas e incluso siendo parte del negocio. Por otro lado, el secreto bancario y la privacidad de los libros contables de las empresas ofician de cortina ante el lavado de dinero, “legalizando” el crimen organizado. Un combate consecuente contra “Vivir sin miedo” y también contra la inseguridad que sufren los trabajadores implica romper definitivamente el apoyo al Frente Amplio y los partidos derechistas y adoptar un programa obrero y socialista que ataque el sostenimiento material de los narcos y llame a organizar a los trabajadores para hacerse cargo del curso de la sociedad.
Enfrentemos la represión policial y la tentativa de militarización con la organización de los trabajadores y la juventud en los barrios; por la apertura inmediata de los libros contables de las empresas y fin del secreto bancario; basta de trabajo precario, prohibición de los despidos y reparto de las horas de trabajo entre trabajadores y desocupados; salario igual a la canasta familiar. Por un gobierno de los trabajadores
Mariano Fernández
