Regimentación
Las declaraciones de Andrade de que “se está abriendo una grieta entre el Poder Ejecutivo y una parte de la base social del campo popular”, da cuenta de la conciencia en el oficialismo de que la política anti popular del gobierno está conduciendo a una ruptura de las masas con el Frente Amplio, en un cuadro regional pautado por el derrumbe de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas. Frente a esta constatación, la política del oficialismo apunta al blindaje del gobierno, a través de la tentativa de bloquear las tendencias a la independencia política y proceder a un fortalecimiento de la regimentación de la burocracia sindical y del Estado sobre las luchas populares.
En esta orientación se inscribe la nueva preocupación de la dirección de la central por hacer eje en el movimiento contra la opresión de género. Es el correlato de la definición del Frente Amplio de intervenir en este terreno. Da cuenta de la importancia que ha adquirido este movimiento y de su alcance de masas. Si bien la burocracia sindical intenta utilizar el paro del 8 de marzo para intentar encuadrar este espacio que escapa a la regimentación sindical y estatal, el paro es, sobre todo, un triunfo de la movilización y organización de las mujeres, que ha logrado colocar esta lucha en la agenda del movimiento obrero.
Por otro lado, debido a la pérdida de las mayorías parlamentarias, fortalecer al gobierno para aplicar el ajuste fiscal implica la subordinación de la “izquierda” del FA (con su bancada) al ajuste que exige el capital, guardando para otro momento los debates sobre la modificación de la política impositiva, tal como hicieron el año pasado.
Un protocolo al servicio del capital
Una pieza clave de este intento de fortalecer la regimentación de los trabajadores es el acuerdo alcanzado entre los presidentes de las cámaras patronales y Fernando Pereira (en nombre de la dirección del PIT-CNT). El “protocolo” consensuado limita el derecho de los trabajadores a ocupar sus lugares de trabajo en el marco de un conflicto, estableciendo la obligatoria instalación de mesas de negociación y diálogo previas a la adopción de esta medida.
SI bien Pereira selló este acuerdo en el exterior, el resto de las corrientes frenteamplistas que dirigen la central no se delimitaron públicamente de esta orientación, con lo cual son parte de este pacto, ya sea de forma directa o por omisión. Es la definición de toda una política de la dirección oficialista del PIT CNT frete a la crisis.
El protocolo constituye un ataque directo al derecho de huelga y a los métodos de lucha de la clase obrera y pretende desarmar a los trabajadores frente a las consecuencias de la crisis. Este acuerdo se produce en medio de los despidos en Fanapel y la suspensión de 250 trabajadores en el Molino de Dolores, que se suman (junto a Fripur, Ecolat, Cherry, etc) a la larga lista de cierres de fábricas de los últimos años. Al mismo tiempo, se produce mientras los trabajadores de Tiempost y de Polo ocupan sus lugares de trabajo.
Por un lado, el protocolo busca defender el derecho de los patrones a despedir, suspender y cerrar las fábricas, garantizando la represión estatal cuando falle la contención por parte de la burocracia sindical. La Cámara de Industrias, por su parte, coloca sus reparos a suscribir el acuerdo, manifestando su voluntad de concretar la directa prohibición de las ocupaciones.
Por otro lado, el objetivo de las patronales y el gobierno es controlar las luchas obreras para avanzar en el ajuste y la entrega nacional. No es casual que se llegue a este acuerdo en medio de la gira en busca de inversiones: a cambio del arribo de los capitales extranjeros a nuestro país, el gobierno les garantiza la paz social y un ataque en regla a las conquistas sociales y sindicales de los trabajadores. Para concretar la instalación de su nueva planta, UPM le exige al gobierno la prohibición de medidas sindicales.
El Frente Amplio le lleva la delantera a las patronales en el ataque al derecho de huelga: Mujica aprobó un decreto que prohíbe la ocupación de instituciones públicas, que ha sido utilizado por los dos últimos gobiernos para desalojar a los trabajadores en lucha. Esta medida ha sido acompañada del sucesivo recurso a la declaración de esencialidad para quebrar los conflictos en el ámbito público. La utilización de la esencialidad contra los trabajadores de Inumet, se realiza antes de que se haya concretado la medida, en una clara defensa estatal de las empresas aeronáuticas, que ven comprometidos sus negocios por la suspensión de los vuelos a raíz del conflicto.
Solo la acción directa de los trabajadores puede derrotar el ajuste y los despidos. Frente al derecho de propiedad, que defienden las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, levantamos la defensa del derecho al trabajo para todos: ocupación y control obrero de las empresas que cierran, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas entre los trabajadores sin afectar el salario. Debemos derrotar el protocolo regimentador.
Nuevas direcciones
Pereira, que se reunió con los directivos de UPM para mostrar su buena voluntad, pretende colocar a la central obrera como un engranaje en la avanzada del capital contra los trabajadores. Al igual que Castillo desde el Ministerio de Trabajo, parten la defensa de la propiedad privada. Mientras negocian con las patronales, no han convocado ninguna movilización contra los despidos y los cierres de fábricas. La subordinación política de estas direcciones al gobierno y al capital lleva a los trabajadores por el camino del ajuste, los despidos y la caída del salario real.
Las luchas de los trabajadores pondrán en cuestión la viabilidad de este pacto. Necesitamos nuevas direcciones para los sindicatos y para la central, basadas en la democracia obrera y que defiendan los intereses de los trabajadores, con independencia política del gobierno y de todos los partidos del capital. En esta perspectiva vamos a las elecciones sindicales de abril-mayo en AEBU, ADES y ADEOM, impulsando listas clasistas para recuperar y fortalecer los sindicatos como herramientas de lucha contra el ajuste de los patrones y el gobierno.
Independencia política
En contraposición a la política de cerrar “la grieta” entre el Ejecutivo y los sectores populares, que busca blindar al gobierno para imponer la política del capital, el PT defiende la estrategia de la organización política independiente de los trabajadores. Se trata de transformar la grieta en una ruptura política consciente con los partidos del capital, que tome forma en un partido obrero, con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
A cien años de la Revolución Rusa, planteamos la vigencia de la lucha contra la colaboración de clases y por un gobierno de trabajadores que defienda los intereses populares.
