El cese de Irene Moreira -esposa del líder del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos- como ministra de Vivienda, marca un jalón en la descomposición de la coalición derechista que gobierna Uruguay.
La caída de Moreira obedece a la filtración, probablemente desde el propio Ministerio de Vivienda o aún desde la Presidencia, de varias adjudicaciones de viviendas a militantes de Cabildo Abierto, en forma directa y no por sorteo. El hecho denunciado ocurrió a mediados del año pasado, y estaba en conocimiento de los jerarcas del Ministerio pertenecientes a los partidos Nacional y Colorado. El hecho de que no saltara antes la denuncia, sino luego de sorteada una posible fractura de la coalición como consecuencia de tironeos y amenazas de CA en cuanto a un posible rechazo a la ley de reforma jubilatoria, da verosimilitud a la acusación de Manini en cuanto a que todo fue orquestado desde el propio gobierno.
Hace apenas un mes, la coalición reaccionaria estuvo al borde de la ruptura. El presidente Lacalle eligió evitarla y accedió a algunas condiciones de CA para votar la estafa jubilatoria. Manini Ríos había elegido también salvarla, cuando fue rebajando las exigencias para hacer viable que el presidente las aceptara. Cabildo Abierto podría haber optado por poner condiciones que fueran intolerables para Lacalle, y provocar la ruptura del pacto de gobierno en torno a un eje político diferente, que hubiera colocado al partido “cívico-militar” con una bandera más “popular”. Sin embargo, Manini quiso mostrar que estaba dispuesto a cumplir con el mandato del Fondo Monetario de imponer una reducción de las jubilaciones futuras (aumento de la edad de retiro, rebaja de la fórmula de cálculo). Pidió un desglose del artículo referido a las inversiones de las AFAP (administradoras previsionales privadas) en el exterior (hoy pueden hacerlas pero limitadas a títulos de deuda públicos que no se transen en los mercados secundarios), así como algún retoque en la fórmula de cálculo que igualmente significa una rebaja respecto al ya nefasto sistema actual. La votación en el parlamento con los votos de la coalición derechista (y el del propio Frente Amplio en una veintena de artículos) cerraba aparentemente la posibilidad de una crisis de la coalición.
Sin embargo, a pocos días de la votación de la ley antiobrera, se abrió un nuevo flanco de crisis con CA, con el pedido de renuncia y sustitución de Irene Moreira como ministra. Formalmente, Lacalle no planteaba la ruptura de la alianza, ya que le pedía a Manini que pusiera a otro representante de CA en el lugar que hasta ese momento ocupaba su esposa. Pero la renuncia implicaba aceptar que se había cometido una irregularidad al adjudicar en forma directa una vivienda (de hecho, ya se descubrieron al menos cinco casos), algo que dejaba completamente en orsai a Moreira y a Manini. El general rechazó el pedido de renuncia y planteó la posibilidad de ruptura de la coalición, pero ahora en torno a un eje completamente diferente. Cabildo Abierto planteó en su fundación que los restantes partidos “han sido permeables a la tentación burocrática y clientelista” y pretendio erigirse en un ejemplo de probidad en la administración pública. Una promesa que quedó por el piso apenas asumió la coalición derechista: CA lanzó una ofensiva para copar ministerios y organismos públicos con sus propios militantes -muchos de ellos militares retirados que ya cobraraban una cuantiosa jubilación y ahora adquirían un nuevo salario de privilegio. La digitación de las viviendas a sus correligionarios es apenas otra muestra clientelar más del partido pretendidamente “diferente”.
Todo indica que Lacalle Pou preparó esta ruptura, o al menos eso es lo que afirma el General Manini Ríos. Es altamente probable que el presidente ya tuviera en su poder la información sobre la asignación de viviendas sin sorteo en el momento en que estaba negociando con el líder de CA en torno a la reforma jubilatoria, como una carta en la manga para golpear a su socio en caso de que se negara a votar la ley. La pregunta es por qué se filtró la información luego de haber logrado la votación en el parlamento de la principal ley de este período, un hecho que fue saludado por el capital financiero internacional como un gran logro (lo que promovió la mejora de la calificación de los títulos de deuda uruguayos). La crisis de la coalición derechista no sólo plantea dificultades para lo que resta del mandato de Lacalle, sino sobre todo de cara al próximo proceso electoral. Lacalle tenía como capital político el haber logrado mantener la unidad de acción y de gobierno de una coalición de cinco partidos de derecha, algo que generaba grandes dudas anteriormente, y en este sentido una ruptura de la coalición (aunque la responsabilidad de dicha fractura recaiga en CA) plantea justamente dudas sobre la posibilidad de renovar esa capacidad de gobierno en el próximo período tras las elecciones de 2024. Hay que recordar que Lacalle triunfó en el balotaje apenas por un 1,5% y que el Partido Nacional tiene apenas un 30% del parlamento. Tras poco más de tres años de gobierno, el PN no ha perdido apoyo electoral según las encuestas, pero los partidos Colorado y Cabildo Abierto habrían caído a la mitad de su votación de 2019. Los colorados tienen una brutal crisis y carecen de un candidato capaz de remontar su derrumbe. Cabildo Abierto por el contrario tenía las candidaturas ya “resueltas”, y ahora recibe un mazazo que probablemente lo conduzca a un declive aún mayor.
En realidad, la coalición derechista ya estaba muy cuestionada en cuanto a su capacidad para pelear por un nuevo mandato. El malestar del electorado, provocado por la carestía de la vida, la creciente crisis económica, y la propia reforma jubilatoria, planteaba un escenario más favorable al Frente Amplio. Con o sin esta crisis con Manini, es poco probable que la derecha lograra volver a triunfar. Algunos politólogos manejan la posibilidad de que el Frente Amplio logre incluso mayorías parlamentarias propias, aunque esto es aún puramente especulativo. Por otra parte, la ruptura de la coalición se iba a producir en cualquier momento, dada la necesidad de los “socios” de marcar perfil de cara a las elecciones del próximo año. Hace poco, el diputado Lust afirmó -luego de romper con Cabildo- que el partido de Manini tenía previsto salir de la coalición a comienzos de 2024.
Una hipótesis es que Lacalle haya decidido liquidar a CA buscando que el PN capitalice su probable desintegración, de forma de reducir la dependencia en el futuro de una coalición tan diversa. La “alternancia” con el Frente Amplio no sería un problema para el FMI y el gran capital, que ya conocieron 15 años de gobiernos de centro-izquierda. En ese período no sólo se pagó puntualmente la deuda externa sino que se mantuvo el régimen estafador de las AFAP, se aumentó la concentración y extranjerización de la tierra, y se otorgaron beneficios fabulosos a las mutinacionales instaladas en zonas francas. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, los aporte patronales a la seguridad social bajaron del 12% al 7,5%, y en el gobierno de Pepe Mujica las AFAP fueron habilitadas a invertir en el exterior (en algunos títulos de deuda pública). El imperialismo no tiene temor a un nuevo gobierno del FA, que incluso podría estar aún más condicionado por la derecha en caso de no contar con mayoría parlamentaria. Los nuevos gobiernos “progresistas” de América Latina nacen aún más sometidos al imperialismo que en la supuesta ola izquierdista anterior. Un nuevo gobierno del FA se integraría a este “progresismo devaluado” que se expresa en los Boric, Petro y el nuevo gobierno lulista. Los jefes políticos frenteamplistas ya han anunciado que podrían “modificar” la ley jubilatoria, pero no derogarla.
La constitución uruguaya no permite la reelección de Lacalle, pero el actual presidente sí podría ser el candidato en una siguiente elección. Es posible que la fractura de la coalición y la liquidación de Cabildo Abierto sean una maniobra buscando fortalecer al PN y al propio Lacalle de cara al futuro, ante un probable escenario de triunfo frenteamplista. El presidente se colocaría así como líder indiscutido del PN y de la derecha, buscando preparar un próximo período derechista bajo su batuta.
En toda esta crisis, el Frente Amplio aseguró la contención del movimiento obrero. La aprobación de la estafa jubilatoria se produjo tras tres años de preparación. El FA votó los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que constituyeron la “comisión de expertos sobre la seguridad social”. Luego el FA, el PIT-CNT y a Organización de Jubilados ONAJPU, integraron esa comisión que elaboró un documento para la reforma. Aunque no votaron el documento final, no realizaron ninguna campaña contra la misma ni mucho menos convocaron a la movilización popular. Cuando la coalición derechista tuvo una crisis, votaron una prórroga junto a Cabildo Abierto para permitir que la negociación continuara y llegara a buen puerto. La burocracia sindical frenteamplista convocó a paros aislados y sin perspectivas, que no pretendían profundizar las tendencias a la crisis política ni producir una pueblada contra la reforma jubilatoria, sino apenas “cobrar el costo político” (electoral) al gobierno en 2024. Los líderes del Frente Amplio incluso manejaron la posibilidad de votar el artículo de la ley que habilita a las AFAP a realizar inversiones especulativas en las bolsas internacionales (compra de títulos y acciones). No sólo favorecen el mantenimiento de las AFAP sino que además quieren que tengan completa libertad para timbearse los ahorros de los trabajadores en la ruleta financiera. Hay que recordar que Mujica y Astori fueron los primeros en hablar del aumento de la edad de retiro, incluso antes de 2019 (ya en el programa de gobierno de 2014, el FA hablaba del “aumento paulatino de la edad jubilatoria”).
Ante la crisis en torno a Irene Moreira, los dirigentes del FA salieron a apoyar a Lacalle acusando de “golpista” la negativa de Manini a la renuncia de su ministra. Olvidan que uno de los fundadores del Frente Amplio, Enrique Erro, es recordado por negarse a renunciar en el gobierno blanco a comienzos de la década del ’60, por lo que fue destituido. Lacalle podía cesar a Moreira, no depende de su renuncia para proceder a cambiarla. La nueva tesis de los líderes del FA, haciendo el juego al gobierno, es que Lacalle concentra todo el poder y los ministros son apenas “secretarios” designados y removidos de acuerdo a los antojos del presidente. Refuerzan así el carácter bonapartista que ya tiene al menos en tendencia la constitución reaccionaria de 1967. Lacalle tuvo apenas el 29% de los votos, y su “presidencialismo” lo llevó tempranamente a una crisis con Ernesto Talvi y ahora con Cabildo Abierto. La realidad es que, rota la coalición, el gobierno derechista de la estafa jubilatoria se quedó sin respaldo parlamentario.
El partido de Manini Ríos, que emergió en apenas unos meses como un fenómeno electoral que llegó a alcanzar el 11% de los votos y las bancas parlamentarias, estaría agotándose vertiginosamente en apenas tres años. Muchos interpretaban que -por ser militar- Manini tenía un gran manejo de la estrategia, sin embargo, su actuación en el gobierno y en particular en torno a la cuestión jubilatoria muestra que más allá de alguna pose o perfilismo terminó siendo utilizado por los políticos tradicionales, para luego ser desechado. Después de todo, los Manini tienen una larga tradición de alianzas con los partidos tradicionales (y hasta con el Frente Amplio!), siempre al servicio de planteos reaccionarios y sometidos al imperialismo.
Cualquiera haya sido el calculo de Luis Lacalle Pou, en cuanto a las ventajas de provocar ahora la ruptura, su apuesta no tiene en cuenta el escenario catastrófico de la crisis mundial capitalista, que se expresa en procesos convulsivos como las pandemias, la guerra, las bancarrotas bancarias, el creciente dislocamiento de la economía mundial, y las perspectivas de mayor desempleo y miseria social. En este cuadro de declive del régimen capitalista y del propio imperialismo yanqui, los distintos Estados y regímenes políticos son sacudidos por crecientes crisis y por la agudización de la lucha de clases. Uruguay no es la excepción, pese a que los partidos del régimen -de derecha o de centroizquierda- se jacten de que aquí no hay “grieta” sino un consenso en cuanto a la continuidad de las grandes políticas económicas y la “seguridad jurídica” al gran capital y al imperialismo. La emergencia y el probable final de un partido como Cabildo Abierto en tan poco tiempo, es una expresión en última instancia de esta etapa de virajes políticos y de impaciencia popular. Los militantes obreros y juveniles de izquierda, que se niegan a simplemente transitar por una repetición incluso desmejorada del “progresismo”, deben debatir la construcción de una alternativa obrera y socialista en torno a un programa de lucha por un gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.
