La ley jubilatoria del gobierno derechista se fundamentó en el llamado “deficit” del sistema previsional. Sin embargo, no hay tal “déficit” sino un sistemático vaciamiento.
Basta recorrer qué ha pasado con el financiamiento del BPS. La Constitución establece que la seguridad social se financiará en base a “Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley” y “La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”. Los sucesivos gobiernos fueron trampeando el texto constitucional, reduciendo cada vez más los aportes patronales, aumentando el aporte obrero y también el financiamiento público (a través de impuestos sobre toda la población).
Antes de 1996, el aporte patronal era del 14% de los salarios y el aporte obrero un 13%, en total sumaban un 27% de la masa salarial (aunque obviamente existía una gran evasión a través del pago en negro de los salarios). La reforma de 1996 llevó el aporte patronal al 12% y el aporte personal del trabajador al 15%, manteniendo la suma de 27% sobre el salario pero aumentando la carga sobre los obreros, pero además se crearon las AFAP, por lo que el aporte personal era distribuido la mitad para el BPS y la otra mitad para la AFAP (aunque no todos los trabajadores estaban obligados a adherir a una AFAP); en resumen, tendencialmente el BPS pasaría a percibir un 19,5% (12 + 7,5) en lugar de un 27%, y con eso debía servir no solo las jubilaciones sino además todos los otros derechos laborales establecidos (seguro de desempleo, de enfermedad, etc.). La reforma tributaria de Vázquez-Astori (2008) redujo el aporte patronal al 7,5% y mantuvo el aporte personal del obrero en 15%; ahora el BPS recibiría un 15% (7,5 + 7,5) y el resto debería financiarse con impuestos (sobre todo el IVA, un impuesto al consumo que cae sobre toda la población y especialmente sobre los trabajadores). La clase obrera pasaba a sostener cada vez más al sistema previsional.
Pero la cosa no termina allí… a esto hay que sumar todas las exoneraciones de tributos y aportes patronales que se fueron estableciendo, algunas con rango constitucional (como las iglesias, la educación privada), y otras a través de distintas leyes de “Promoción de inversiones”, zonas francas, etc.; estas exoneraciones totalizan un 26% de los aportes patronales. En otras palabras, en vez de un 7,5% las patronales pagan un 5,6% (siendo sobre todo grandes empresas las que son exoneradas). De esta forma, el BPS recibe ahora un 13,1% (5,6 + 7,5). Como la mayor parte de los egresos no bajó rápidamente con las reformas, pero sí los ingresos, hemos pasado en relativamente pocos años de ingresos basados en los aportes que eran del 27% de la masa salarial a un 13,1% de la misma, lo cual explica en gran medida el enorme agujero generado por los diversos gobiernos tanto de derecha como de centroizquierda (Frente Amplio). Con esto se realizó una transferencia de los bolsillos de los trabajadores a las empresas, que ahora pagan menos y la diferencia la pagan los trabajadores y capas medias a través del IVA. Y también lo pagan con pérdida de derechos, porque cada reforma jubilatoria fue introduciendo una rebaja en la fórmula de cálculo de la jubilación inicial, lo cual bajaba el monto de las pasividades para así “liberar” el presupuesto público cada vez más al pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas. A vía de ejemplo, se habla mucho de lo que se transfiere desde el Estado al BPS, que sería unos 700 millones de dólares, pero no se menciona que lo que no se cobra a las empresas por distintos tributos y aportes patronales supera los 4.500 millones de dólares (más de 6 veces el famoso “déficit” del BPS). Queda claro a quiénes han favorecido las sucesivas reformas de la seguridad social y tributarias, y a quiénes ha perjudicado (ni siquiera hemos mencionado los sucesivos “impuestos a los sueldos” e “impuesto a la renta de las personas físicas”, otro nombre elegante para el impuesto al salario).
La reforma de 1996 que estableció las AFAP en realidad ya fracasó por una razón muy evidente: la única aseguradora que paga la renta previsional a quienes se jubilan por el sistema privado es… el Banco de Seguros del Estado. Las AFAP no pagan jubilaciones, cuando la persona se jubila le transfieren la plata al B.S.E. para que este pague. Pero el Banco de Seguros no tiene el monopolio legal, lo que sucede es que las aseguradoras privadas no intervienen en este negocio porque no da ganancias. El Banco de Seguros no se ha retirado… porque es obligado por los distintos gobiernos de turno a seguir con ese negocio perdidoso porque de lo contrario se caería todo el sistema. Para ir achicando las pérdidas del BSE, el Banco Central ha ido toqueteando dos factores fundamentales para rebajar las jubilaciones del sistema AFAP: la tasa de interés y las tablas de mortalidad. Rebajando esas tasas y aumentando la expectativa de vida (muy por encima de los 100 años, incluso) han ido abaratando las rentas previsionales del sistema privado… y eso aún no ha sido suficiente para que las aseguradoras privadas intervengan. Cada rebaja de tasa de interés (que es un decretazo del BCU, no una ley) provoca una caída de las futuras jubilaciones de los que están atrapados en las AFAP.
Todos hemos escuchado que Uruguay es reconocido por la “seguridad jurídica”, aquí no se cambian las reglas de juego, todo es previsible y seguro… para los banqueros y el capital financiero. Para los trabajadores no hay reglas claras ni seguridad jurídica: se los afecta todo el tiempo. Un ejemplo es la rebaja de las tasas de interés del BCU que mencionamos, pero aún más claro es la cuestión de la edad jubilatoria. El presidente de la República dijo en la campaña electoral de 2019 que no se le iban a cambiar las reglas de juego a los que ya estaban trabajando, pero esa “seguridad jurídica” fue rápidamente abandonada cuando llegó al gobierno. El aumento de 60 a 65 años de edad para poder jubilarse provocará una mayor explotación de los obreros, que no sólo deberán trabajar más años sino aportar más años (al BPS y la AFAP) a cambio de un peor cálculo jubilatorio… y al final recibir una jubilación menor por cinco años menos.
La permanencia de los trabajadores veteranos por cinco años más en sus puestos de trabajo implica agravar la cuestión del desempleo sobre todo para las nuevas generaciones. El desempleo juvenil es de los más altos, y las consecuencias de esta reforma regresiva lo van a agravar. También si un trabajador pierde el empleo después de los 50 años va a tener una situación muy complicada para obtener un nuevo trabajo, cuando le faltará mucho tiempo para llegar a la causal jubilatoria.
Las AFAP son una estafa al pueblo trabajador: por cada 100 pesos que se retiene a un trabajador, la AFAP se queda con más de 20 (comisiones y seguros), el resto va a un fondo que se invierte y por el cual no hay garantía alguna de que se valorice. De hecho, en los últimos tiempos ha sido más frecuente que las inversiones den pérdida que ganancia. La AFAP nunca pierde, porque cobra la comisión con independencia de si esa inversión es exitosa o ruinosa. Por otra parte, la AFAP se desentiende del tema y se lo pasa al BSE cuando hay que empezar a pagar al trabajador, y es precisamente en ese momento que se empieza a perder plata. Por ello las AFAP tiene suculentas ganancias todo los años. Y los bancos (propietarios de las AFAP) también tienen cada año enormes ganancias, una parte de ellas proviene del ahorro forzoso de los trabajadores. La nueva reforma jubilatoria aprobada en 2023 obliga a todos los trabajadores a aportar a una AFAP.
El hecho de que miles de trabajadores que hoy no aportaban (por estar en otras cajas jubilatorias) deberán empezar a pagar a una AFAP, implicará según algunos cálculos que el Estado deberá abonar 5.000 millones de dólares por esa baja de la recaudación.
El plebiscito del pueblo, impulsado por las organizaciones de los trabajadores y los estudiantes, y por sectores de izquierda, plantea tres grandes ejes: restablecer la edad de retiro a los 60 años, aumentar la jubilación mínima al nivel del salario mínimo nacional (implica un aumento de $ 4.000 de inmediato para cientos de miles de jubilados), y la eliminación de las AFAP, es decir, de la estafa jubilatoria.
Es necesario constituir comisiones por el plebiscito del pueblo en cada barrio y en cada localidad del país, para impulsar el voto por la papeleta blanca de la reforma constitucional en defensa de la seguridad social.
