El pasado jueves 6 el movimiento popular ganó las calles para repudiar el decreto de Vázquez que da vía libre a la policía para reprimir cualquier protesta que obstaculice la circulación, e incluso apelar al Ejército.
El decreto debutó con la represión al movimiento obrero, donde la policía detuvo a dos sindicalistas de transporte de carga que realizaban una asamblea en la ruta. Se trata de una nueva medida tendiente a la regimentación del Estado sobre las protestas populares.
Es una muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para imponer el ajuste fiscal, atacar al salario y defender los despidos y suspensiones. Al mismo tiempo, se trata de una concesión al capital extranjero con el objetivo de viabilizar las inversiones y la entrega nacional: es lo que exigen UPM y Montes del Plata contra los piquetes y los paros sindicales.
El Frente Amplio y los partidos de la oposición patronal comparten esta política. El gobierno impone esta orientación con la complicidad de las direcciones oficialistas del PIT-CNT, que no sólo no encabezan la lucha contra estas medidas represivas, sino que negocian con las patronales un protocolo que ampara la represión a las ocupaciones obreras.
Frente a esta complicidad y parálisis de las direcciones sindicales, la movilización –promovida por las corrientes combativas de Ades y la FEUU- defendió la perspectiva de defensa de las libertades democráticas y los métodos de lucha de la clase obrera para enfrentar el ajuste y los despidos. Desarrollemos un frente único de acción para derrotar el decreto y la política represiva del gobierno.
La situación reclama el desarrollo de una oposición socialista al gobierno. Ése es el camino.
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