El gobierno anuncia sus “Fuerzas Conjuntas”

El gobierno acaba de anunciar el despliegue de militares en los barrios Cerro y Marconi. La medida comenzará a aplicarse en breve, luego de la firma de un convenio con el ministerio de Defensa, en el cual hasta doce vehículos militares donados por los Estados Unidos patrullaran las calles con personal del ejército “bajo mando policial”.

Estas “Fuerzas Conjuntas” del Frente Amplio son la consumación de un proceso largamente preparado.

Hace unos meses Yamandú Orsi definió a Nayib Bukele, el derechista mandatario de El Salvador como un “ejemplo a analizar”. Poco después afirmó que “el 50% de los votantes del FA simpatizaba con Bukele”. El del centroamericano es un gobierno represivo proto-fascista, de ejecuciones sumarias, caracterizado por un sistema penitenciario brutal. No se trata simplemente de un “populista de derecha” exitoso contra la delincuencia, porque, como se sabe, llegó al poder previo acuerdo con las pandillas y el crimen organizado, para imponer un régimen autoritario mientras ataca las libertades democráticas más elementales. Nada de esto cohibió al presidente de su evaluación elogiosa, lo que ahora se confirma como una forma de preparar a la opinión pública para este giro represivo.

Existen otros antecedentes de esta línea de rehabilitación de las Fuerzas Armadas: la visita de Orsi al presidente de la Suprema Corte de Justicia con carácter reservada para “consultar” cómo podía “proceder” para que informes médicos de los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena fueran “considerados” por la Justicia, en lo que constituyó una clara presión del poder ejecutivo sobre el judicial.

Otro caso en la misma línea es el convenio entre el INISA y el Ministerio de Defensa para “capacitar” jóvenes infractores, una idea retomada del difunto José Mújica, quien había planteado una suerte de servicio militar para jóvenes con “problemas de consumo de drogas”.

Los vehículos blindados que se desplegaran en Montevideo son los mismos que se utilizan en las “misiones de paz” de la ONU donde Uruguay desempeña un papel central desde siempre. Esas misiones han sido el campo de entrenamiento para aplicar a nivel nacional la represión contra población propia.

Como ocurrió con el ataque a los derechos de protesta y de huelga, con el decreto anti piquetes de Tabaré Vásquez y la prohibición de ocupar edificios públicos impulsado por Mujica, luego consolidados con la LUC de Lacalle Pou, esta medida abre paso a la política de “mano dura” y la participación del ejército en la represión interna, y prepara la futura utilización del ejército por la derecha, ante un fracaso de Orsi.

La centroizquierda pavimenta el camino a los Bolsonaro, Kats, Milei, Noboa y De La Espriella.

Esta medida no va a resolver ningún problema vinculado a la inseguridad ciudadana, ni eliminará el flagelo del narcotráfico ni las lacras asociadas a él, por tanto debe ser rechazada y combatida.

Fuera el ejercito de los barrios.