Llamamiento a trabajadoras y trabajadores de la educación

Las reformas de la seguridad social, la flexibilización laboral y de la educación son un mandato de los organismos internacionales que todos los gobiernos desde la década de los ‘90 en adelante han intentado cumplir. Este gobierno, no es la excepción.

El actual gobierno viene aplicando una política de ataque a la clase obrera en toda la regla. Los ajustes y la pérdida salarial sistemática profundizaron la carestía y empeoraron las condiciones de vida de los explotados. Como complemento indispensable para imponer las medidas impuestas por los organismos financieros internacionales, aumentaron las medidas represivas y de persecución contra las organizaciones populares y sindicales que pudieran oponer resistencia, como es el caso de la educación.

Con la complicidad del resto del régimen político, el gobierno logró aprobar la LUC, nuestra “Ley Bases”, con casi 500 artículos sobre diversos temas, desde seguridad, educación, combustibles, economía o chorizos. Una batería de medidas de tratamiento urgente que modificaron de un solo golpe las reglas de juego con cambios al código penal, al gobierno de la educación, a potestades del poder ejecutivo, flexibilización las condiciones laborales de los trabajadores y concesiones a las patronales, entre otras resoluciones, todas de carácter antiobrero. La obtención de un 48,67% de votos en referéndum contra 135 artículos de esta mega ley estuvieron muy cerca de lograr su impugnación parcial, cuestionando a los partidos de oposición a la coalición de gobierno que la respaldaron en el parlamento.

Hoy, nuevamente enfrentamos a todos los partidos del régimen con la obtención de las firmas necesarias para llevar a plebiscito la Reforma de las jubilaciones impulsada por este gobierno. Reforma que significa una pérdida de derechos para los trabajadores por generaciones con el aumento de la edad para acceder a la jubilación, sumado al mantenimiento y extensión del ahorro privado obligatorio en manos del sistema financiero, ahorros sometidos a los vaivenes del mercado inversor. Los grandes partidos con chances de llegar al gobierno coinciden en defender esta reforma y el triunfo del plebiscito dependerá de la movilización y organización que pueda lograrse sorteando los compromisos de la burocracia sindical con esta política fondomonetarista de ajuste contra los trabajadores. Este referéndum es un parteaguas entre estar con los derechos de los explotados o colocarse del lado de los intereses del sistema financiero y el capital.

La educación pública como campo de batalla

La educación pública ha sido y es un campo donde se expresan con mayor intensidad la oposición a las políticas de mercantilización, recorte y pauperización de la fuerza de trabajo tanto docente como de la formación de nuevas generaciones de trabajadores.

Los sindicatos docentes y los gremios estudiantiles se han opuesto sistemáticamente a las reformas y planes que los organismos internacionales de crédito impulsan no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Desde la huelga de maestros del 89 en el gobierno de Julio M Sanguinetti, pasando por la lucha contra la Reforma Rama del 96 bajo el gobierno de Luis Lacalle (padre) y de todos y cada uno de los proyectos posteriores como Profime-Promejora y la llamada “Transformación educativa” actual impuesta al margen de los abrumadores pronunciamientos de rechazo tanto académicos como sindicales.

En este sentido, también el gobierno del FA llevó adelante una política represiva hacia docentes, estudiantes y familias, que tuvieron su máxima expresión en las represiones del 2012 en las afueras del antiguo local liceo nº 70 y en 2015 con la declaración de esencialidad a los docentes, y la represión en el CODICEN. Recordemos las palabras del entonces presidente Tabaré Vázquez para justificar el nombramiento a María Julia Muñoz: por su capacidad y experiencia para lidiar con sindicatos “difíciles” o las palabras del ex presidente José Mujica cuando era presidente, quien dijo que había que “hacer mierda a los sindicatos de la educación”.

Por tanto, estas condiciones de trabajo y estudio son el resultado de un deterioro presupuestal de décadas, que incluyen los gobiernos del FA, que en 15 años nunca otorgó los montos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema educativo público, ni a autonomía y cogobierno, reclamos históricos del movimiento obrero.

El representante del gobierno de Lacalle Pou al frente del CODICEN, Robert Silva encabezó en este último período, una persecución y represión antisindical de gran magnitud contra los docentes con espionaje, sumarios, sanciones arbitrarias o desproporcinadas como en el caso de los 8 compañeros de San José o del director del Liceo IAVA, solo por mencionar los casos que más trascendieron.

Estas medidas, han tenido como objetivo doblegar a los trabajadores de la educación y a los estudiantes, que han resistido el desmantelamiento de la educación pública, a través de la pauperización académica, el recorte presupuestal (en particular en puestos de trabajo e infraestructura) y de las más básicas libertades, como la de cátedra -se han censurado conceptos, como el de “terrorismo de Estado.”- El conjunto de esta polìtica educativa es una verdadera contrarreforma educativa emprendida por los personeros del capital y rechazada por los trabajadores una y otra vez.
Las huelgas de 2013 y 2015 fueron una respuesta contundente de los trabajadores de la educación que marcaron un hecho histórico: después de décadas, la lucha se expresó en ocupaciones, movilizaciones masivas y asambleas multitudinarias que enfrentaron la destrucción de la educación pública y derrotaron el decreto de esencialidad

También la lucha del 2022 que incluyó la huelga en la educación universitaria y media en Montevideo zonas del área metropolitana; así como la enorme lucha de los gremios estudiantiles de secundaria y formación docente con paros, marchas y ocupaciones, a lo largo y ancho del país, especialmente en ciudades del interior de país que cobraron protagonismo.

El fenomenal despliegue de lucha de las últimas décadas ha tenido que enfrentar también el bloqueo y aislamiento que impone la burocracia sindical y su estrategia de convertir al movimiento obrero en furgón de cola del “progresismo”, que no es más que una alternativa gradualizada del capital. No representa ningún progreso para los intereses de la clase obrera, muy por el contrario, condiciona los reclamos y necesidades de los trabajadores al lucro exitoso del capital. Imposible resolver esta contradicción, el lucro se obtiene con mayor explotación. No hay forma de satisfacer los más mínimos reclamos sin afectar los intereses del capital.

Contruyamos una alternativa política

Ni el FA ni la coalición de derecha representan una verdadera alternativa política para quienes han recorrido una vasta experiencia política que develó las verdaderas características de estas dos variantes del capital.
Llamamos a los docentes y demás trabajadores de la educación, llamamos también a los estudiantes a construir una alternativa política que coloque los intereses de la clase obrera en un programa de lucha consecuente y sin condiciones.

La campaña electoral debe servir como eje de discusión y reagrupamiento de un polo político que coloque públicamente la realidad particular que atraviesa el sistema educativo y sus trabajadores como así también las reivindicaciones pendientes y un camino para conquistarlas, que no es otro que la lucha frontal contra las políticas fondomonetaristas y sus gobiernos.

Salario líquido igual a media canasta por 20 horas al inicio de la carrera.
Jubilaciones del 100% del salario. Inclusión de todas las partidas salariales de los convenios a las aportaciones para un cálculo justo.
Presupuestación y efectividad de los trabajadores, fin de las tercerizaciones y privatización en curso. Concurso cada dos años.
Presupuesto acorde a las necesidades para ANEP y UDELAR (6+1% inmediatamente).
Creación de las instituciones estatales que aborden las situaciones de violencia y crisis social, en coordinación con los equipos multidisciplinarios institucionales.
Suspensión de la aplicación de la contrarreforma antieducativa.
Cese de la persecución antisindical y política, cierre de los sumarios en curso.
Autonomía y cogobierno para la ANEP.