Linchamiento en Casarino: síntomas del derrumbe

La golpiza a un rapiñero por parte de un numeroso grupo de vecinos que se viralizó rápidamente debido a la filmación del hecho a puesto el debate de la seguridad ciudadana nuevamente en el centro de las controversias. La diferencia con otras veces, es que el eje gira entre quienes condenan las acciones de la turba de indignados y quienes defienden el accionar, alegando que la situación se ha tornado insoportable.

Lo primero que hay que advertir es el enorme potencial manipulador que tiene este tema. Se esta buscando enredar a la sociedad en un punto de la agenda absolutamente secundario.

El telón de fondo de estos incidentes es el de una situación económica que se deteriora rápidamente. Donde ha aumentado el desempleo, la marginación, la inestabilidad laboral y el desplome del poder adquisitivo de las familias.

Es metodológicamente esencial encuadrar cualquier observación en este terreno: el linchamiento en Casarino desnuda una profunda degradación social.

La reacción colectiva para evitar o impedir un hecho negativo, como puede ser un hurto, una violación e incluso el acoso callejero contra una mujer debe ser siempre valorado como una acción progresiva. El ensañamiento y la agresión feroz contra un individuo, incluso luego de encontrarse esposado, transforma una acción de defensa y protección común en un pogrom* reaccionario.

Cuando los oficiosos voceros del oficialismo y oposición ensayan explicaciones, el factor común es el mismo “la ausencia del Estado”, unos para explicar que la solución reside allí: como el intendente canario (departamento donde se encuentra Casarino) Orsi, que llamó a “confiar en las instituciones” o desde la oposición derechista que, con cabildeos, termina avalando las acciones de linchaje, relativizando y llamándola “arresto ciudadano” productos (dicen) de la “mala seguridad que brinda Bonomi”.

Larrañaga habla de que la “impunidad genera estos hechos”, obviamente confunde adrede, inseguridad con impunidad. Esta ultima es el privilegio de quienes son protegidos por los poderes del Estado, como los militares acusados de delitos de lesa humanidad, beneficiados por leyes e interpretaciones que sólo se aplican para sus circunstancias. En el caso del ladronzuelo de un almacén nunca existe impunidad, siempre hay una condena y las condiciones en que las cumple (sea parcial o totalmente) son degradantes al extremo.

Según declaraciones de la pareja del rapiñero “hace dos años está trabajando lo más tranquilo” pero “sé que estaba consumiendo y fue por esto que lo hizo. Por la adicción”, explicó la mujer. Aquí hay un punto importante que golpea al conjunto de las administraciones frenteamplistas. No se trata de condenar tal o cual acción, sino de encontrar a los responsables de la situación, que, como todo, suele estar mas escondido. Por ejemplo, no está en las imágenes registradas por uno de los enardecidos vecinos que registra el momento en que le aplican el submarino en la cañada a este sujeto, o si se quiere, esta presente de modo indirecto, en el policía que entrega a su retenido “¡Dejámelo un poquito a mí, dejámelo un poquito a mí”, mientras lo lleva nuevamente al agua.” (El país) Pero, con presencia policial o no, el responsable final está fuera del escenario.

La única salida al derrumbe es la organización de los vecinos en asambleas populares, pero no para linchar rastrillos o consumidores de pasta base, sino para que no existan más, ni jóvenes condenados por la droga a robarle a un trabajador de su propio barrio, que afronta penurias económicas y materiales de toda clase.

En otras palabras, hay que operar un cambio político, ese cambio no es el de la derecha, que persigue sólo un robustecimiento aun mayor de los aparatos policiales y la injerencia creciente del ejército en las tareas de la “seguridad interna”.

Contra la barbarie y el retroceso civilizatorio, la salida es que se vayan los que mantienen este orden de cosas, sea con discurso progre o de mano dura.

Que la crisis se los lleve puesto.

(*) Linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes (casas, tiendas, centros religiosos, etc)