Ley de Riego y campaña para referéndum

El Partido de los Trabajadores declara su rechazo a la Ley de Riego aprobada en el Parlamento en octubre del 2017, que desconoce el masivo pronunciamiento popular en defensa del agua en el año 2004, y avanza en el marco legal para la privatización de este recurso vital para nuestro pueblo.

La nueva ley abre las puertas a la inversión privada extranjera de empresas “de otro giro” ajenas al sector agrícola, estableciendo la posibilidad de formar asociaciones agrarias con participación de privados para la acumulación del agua y el control de su distribución, habilitando a grupos capitalistas para la comercialización de dicho recurso. Al mismo tiempo, esta política de riego tendría consecuencias ambientales para la calidad del agua, que se ya se encuentra deteriorada en los principales ríos del país, como resultado de los escasos controles estatales sobre la contaminación de las empresas capitalistas. Denunciamos que esta ley tiene un carácter inconstitucional, ya que se contradice con el artículo 47 de la carta magna, modificado por la iniciativa popular a través del recurso a plebiscito, que recogió casi un 65% de adhesión en la población uruguaya.

El tono de la ley se la dio el propio Tabaré Aguerre, cuando la caracterizó como el equivalente a la Ley Forestal de la década de los noventa. Se trata de una continuidad en la política económica neocolonial y depredadora del medio ambiente, y responde a los mandatos del capital financiero: en su informe titulado “Notas de política Uruguay: desafíos y oportunidades 2015-2020”, el Banco Mundial señala la necesidad de “adaptar el marco jurídico a fin de mejorar las condiciones para la gestión de los planes de riego y crear condiciones para el desarrollo de una nueva generación de proyectos en Uruguay (…) planes de riego a gran escala con infraestructuras de abastecimiento de agua de gran envergadura de múltiples fines”

Destacamos que el proyecto fue aprobado no sólo con los votos del oficialismo, sino que contó con el apoyo de blancos, colorados e independientes, al igual que sucedió con la probación de la Ley de Participación Público Privada en el 2011. Son aliados en el camino de la privatización y la entrega de los recursos nacionales. Al interior del Frente Amplio, a pesar de las críticas para la tribuna, todos los sectores levantaron la mano para garantizar su aprobación. La “disciplina partidaria” y el recurso a la “defensa de la unidad”, se transforman en coartadas para justificar el apoyo a la orientación del gran capital y el ataque al pueblo trabajador.

El Partido de los Trabajadores resolvió su adhesión activa a la medida de recolección de firmas y referéndum impulsada desde FFOSE, colocando este tema en el centro de nuestra agenda política, considerando la importancia estratégica de esta batalla en defensa de los recursos naturales. Igual que en el 2004, el PIT-CNT y las organizaciones populares deben plegarse a esta campaña, con un plan de propaganda y movilizaciones para derrotar los intentos de privatizar el agua de nuestro pueblo.

Montevideo, 10/01/2018