Un pronunciamiento político
El paro de 24 hrs del 14 de julio paralizó al país, contando con el acatamiento de alrededor de un millón de personas.
La masividad del paro es la expresión de un profundo descontento con la política económica del gobierno, y debe ser leído como un pronunciamiento de los trabajadores contra el ajuste. Se trata del segundo paro de 24 hrs desde la asunción del gobierno de Vazquez y del segundo paro general en veinte días.
El paro no es un rayo en cielo sereno. Tiene lugar en un contexto de vertiginosa caída de la aprobación popular al gobierno y de un aumento de la conflictividad sindical. El paro del 29 de junio tuvo un carácter masivo, colocando en la calle alrededor de 10.000 trabajadores que se movilizaron a las puertas del MEF. Son las primeras respuestas populares al ajuste contra el salario, el trabajo y el gasto social.
Esta nueva situación pone fin a la etapa de relativo reflujo abierta luego de la huelga en la educación del año pasado, en el marco de la cual la burocracia sindical le garantizó al gobierno la paz social necesaria para la aprobación de pautas miserables en los consejos de salario y la votación de la rendición de cuentas, así como la imposición de los tarifazos y el aumento del boleto.
El regreso a escena de la clase obrera ha quebrado el plan inicial del gobierno de aprobar la rendición de cuentas en un plazo histórico de sesenta días, con el objetivo de evitar sometarla a la respuesta popular. Ahora la bancada frenteamplista titubea a esperas del mandato de Vazquez, quien ya adelantó que deberán “cumplir los acuerdos”.
Una política de contención
El paro se desarrolló a pesar de la dirección oficialista del PIT-CNT, que pasó casi dos meses intentando negociar con el gobierno para levantarlo. Pero la medida tuvo que ser concretada como resultado de la intransigencia del gobierno, que se ha negado sistemáticamente a modificar las pautas salariales y se mantiene firme en los recortes presupuestales. Finalmente convocó un paro sin movilización, vaciando la jornada de todo carácter combativo. Sin embargo se desarrollaron varias movilizaciones en ciudades del interior del país.
La convocatoria al paro desató un debate al interior del gobierno, en el marco del cual Lorier expuso la preocupación del PCU por la separación entre el gobierno y los trabajadores, citando como ejemplo el deterioro del gobierno de Dilma Rousseff. Esta preocupación es compartida con Abdala, miembro del mismo partido, que aconsejaba al gobierno cambiar de rumbo para evitar perder las elecciones del 2019.
La preocupación de la dirección oficialista del PIT-CNT y del PCU no son las reivindicaciones de los trabajadores, sino el salvataje del gobierno al que están profundamente soldados. El problema fundamental en discusión es la forma de enfrentar la creciente tendencia de los trabajadores y la juventud a la lucha y la ruptura con el FA. En última instancia se trata de la manera y los términos para imponer el ajuste sobre el pueblo y de salvar el régimen actual. En esta perspectiva se inscribe la renuncia de Andrade a su banca en el parlamento y su retorno a la dirección del SUNCA.
Estos sectores se aferran a la continuidad de un régimen de colaboración de clases como el que se desarrolló en la última década. Pero el gobierno se aleja cada vez más de la colaboración de clases, volando los puentes con el movimiento obrero y popular en función de cumplir con el programa que le exige el capital financiero. Esta orientación estrecha cada vez más el margen de maniobra para la contención sindical.
Las direcciones oficialistas no cuestionan de fondo el ajuste y se colocan como el ala izquierda del régimen político de los ajustadores. Para derrotar el ajuste, los trabajadores necesitan nuevas direcciones para los sindicatos.
La lucha por las reivindicaciones obreras
La burocracia sindical califica de “mesuradas” y “realistas” sus reivindicaciones, por entender que se adecuan al contexto económico desfavorable. Pereyra, miembro del Secretariado Ejecutivo, señaló que no se proponen ganar salario en esta ronda, sino simplemente “empatar”. En esta concepción, los trabajadores no pueden pretender importantes conquistas en los tiempos de crisis. Las conquistas para los trabajadores son para cuando les va bien a los capitalistas.
Pero a los capitalistas les fue bien durante una década, al final de la cual el 40% de los trabajadores gana menos de $22.000 y unos 120.000 jubilados ganan $8.700, mientras la canasta familiar ronda los $65.000. Ha sido la acción consciente de estas direcciones sindicales las que han permitido al gobierno aplastar durante una década el crecimiento salarial (por debajo del crecimiento del PBI) y privar a la clase obrera de conquistas reales y duraderas.
Por el ajuste del gobierno y las patronales, con el concurso de la burocracia sindical, los trabajadores son colocados a la defensiva. Las reivindicaciones obreras son cada vez más incompatibles con la política del gobierno al servicio del capital financiero.
Los trabajadores deben tomar la ofensiva: está planteada una lucha de conjunto del movimiento obrero por aumento general de salario, que lleve el mínimo nacional al menos a $32.000 (el equivalente a alrededor de media canasta familiar); por la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas, contra la flexibilización laboral; por la eliminación de los impuestos al salario y al consumo de las familias trabajadoras; por aumento del presupuesto para educación, salud, vivienda e infraestrucutra en base al no pago de la deuda externa e impuestos progresivos al gran capital.
