Inflación y ajuste
Mientras los precios de la canasta familiar aumentan de forma constante, las pautas para los consejos de Salario, fijadas por el Poder Ejecutivo, garantizan el estancamiento o la disminución del salario real.
La depreciación acelerada del peso frente al dólar empuja constantemente a la baja del salario obrero. La política del gobierno es incapaz de contener esta devaluación, que alcanzó un 35% en un año, a pesar de que en el intento se ha despilfarrado el 52% de las reservas del BCU en el mercado cambiario (4000 millones de dólares). La burguesía exportadora presiona por una devaluación a fondo, que permita aumentar su “competitividad” y que sería una trituradora del salario real.
El aumento acelerado de la inflación profundiza el carácter confiscatorio de las pautas salariales del FA. En el año móvil la inflación alcanza el 10,60% (hacía 12 años que no llegaba a los dos dígitos). Según cifras del INE, el salario real cerró el año pasado con un aumento de 0,39% acumulado. Es la primera vez en una década que el salario real crece por debajo de un 3%. En la mayoría de los casos, el aumento de los precios y los tarifazos ya se comieron los miserables aumentos de salario.
A pesar de esto, en el discurso del 1º de marzo y en la reunión con la dirección del PIT-CNT, el gobierno anunció que no modificará las pautas salariales. Es que la disminución del salario real, es uno de los pilares del “rumbo” del gobierno, que consiste en descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y abrir un nuevo ciclo de endeudamiento externo.
Patrones, gobierno y burocracia
Las patronales y el gobierno utilizan los despidos y suspensiones como un arma contra los reclamos salariales; en otras palabras, se valen de los desocupados para chantajear a los obreros que conservan su trabajo.
En los consejos de salario del año pasado, en 9 casos el gobierno votó con los empresarios y en otros dos se saldó con un decreto del Poder Ejecutivo. En ninguna de estas instancias el gobierno votó con los trabajadores. Mientras las patronales exigen la eliminación de los consejos de salario, el gobierno tiende a eliminarlos de hecho: transformando a los trabajadores en el convidado de piedra de una instancia donde el Estado y los patrones fijan el salario.
Frente a este cuadro, la dirección oficialista de los sindicatos no ha hecho uso de la “cláusula gatillo” que habilita a la convocatoria de los Consejos de Rama cuando la inflación llegue a los dos dígitos.
Por el contrario, impulsa la convocatoria de actos en la puerta de los supermercados. De esta manera hace eje en los precios de los productos que fijan las grandes superficies y en el remarcado de los mismos, y no en el de la desindexación salarial y la pérdida de salario real que sufren los trabajadores, como resultado de la política económica del gobierno. Con esta medida distraccionista intentan esquivar el problema de los tarifazos, el aumento del precio del boleto y la lucha por un aumento sustancial de salario.
Con esta orientación, las direcciones oficialistas de los sindicatos se transforman en cómplices de la política de ajuste e inflación que el gobierno y las patronales despliegan contra los trabajadores.
Programa
Detrás de la devaluación del peso, de la inflación y de los tarifazos, se esconde una relación social de explotación, que el capital quiere profundizar en su propio beneficio. El gran objetivo del ajuste en marcha es reducir el precio que los capitalistas pagan por la fuerza de trabajo, forzando a que los trabajadores la vendan por debajo de su verdadero valor (que como mínimo debe ser la canasta familiar).
En contraposición a la orientación de las direcciones sindicales oficialistas, se trata de organizar la lucha a fondo por un aumento general de salarios. Debemos conquistar un salario mínimo de al menos $32.000, con ajustes mensuales que acompañen la inflación. Asimismo, los sindicatos deben calcular el costo de vida de los trabajadores, estableciendo el valor real de la canasta familiar, para alcanzar esta cifra.
Para combatir la inflación, planteamos como medidas inmediatas, la apertura de los libros de los pulpos agropecuarios, industriales e hipermercados; impuestos progresivos a toda la cadena de producción agrícola y ganadera, y el ajuste automático de los salarios con respecto a la inflación.
