Los docentes de Ades Montevideo y la Intergremial Universitaria han dado un enorme paso en su lucha contra la política educativa del gobierno de Lacalle Pou y su principal personero en la enseñanza, Robert Silva (ex candidato a vicepresidente por el Partido Colorado).
La receta que se intenta imponer, no es otra que la impulsada por el FMI y la OCDE, por lo menos desde los ’90 en adelante y que cuenta con el apoyo de todo el espectro político de los partidos del régimen -recordemos que el FA decretó la esencialidad en la educación y mandó a reprimir con la policía en la ocupación del Codicen en 2015-.Tiene como ejes la precarización laboral, la pauperización de los contenidos a enseñar, la privatización de amplios sectores de la administración pública, el recorte presupuestal (en torno al 15% en los últimos dos años).
Al calor de la crisis mundial y de un gobierno mandatado a disminuir a su mínima expresión el gasto público, se ha acelerado la “transformación curricular” en un ritmo vertiginoso: en la semana pasada se publicó el borrador de malla curricular, a partir del que se confirman nuestros pronósticos: hay pérdida de puestos de trabajo y la imposición de la enseñanza “por competencias”, “tramos y ciclos”, eliminando la repetición entre grados. Es decir, el desmantelamiento del Ciclo Básico en secundaria y escuelas técnicas.
A lo largo del año, se ha generado un conflicto de gran importancia, a partir de las resoluciones de las asambleas, la educación pública ha vivido intensas jornadas de lucha a lo largo de este año, con un destacado papel del movimiento estudiantil, que viene ocupando liceos e institutos de formación docente desde el mes de agosto, a lo que se suma la ocupación de facultades en el mes de setiembre.
Por su parte, los docentes han venido resolviendo paros, movilizaciones y ocupaciones de lugares de trabajo.
Con la consigna de la lucha por la huelga general, hemos intervenido en este proceso, colocando la necesidad de coordinar acciones que unifiquen una plataforma reivindicativa.
Por un lado, se han emprendido acciones como la asamblea conjunta del 24 de setiembre, que, a pesar de haber sido boicoteada por la burocracia sindical, resolvió trasladar una declaración que está siendo adoptada por gremios y sindicatos.
El rechazo a la reforma anti-educativa -una verdadera reestructura que busca eliminar puestos de trabajo y abaratar los costos de la enseñanza pública estatal- ha ido creciendo paulatinamente, adoptando en Ades Montevideo la formulación de la consigna: por la suspensión de la reforma en curso y la apertura de los ámbitos de negociación, por aumento presupuestal y contra la persecución antisindical y antigremial.
Bajo estas premisas, se votó una huelga con ocupaciones de liceos, instancias de propaganda y movilización hacia el parlamento, intentando la coordinación con el resto de los gremios y sindicatos de la educación.
Así, se abre una nueva etapa en el conflicto, acelerado por los anuncios de las autoridades de la educación (el Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública), así como por la negativa a asignar los rubros para salario docente y de funcionarios, que contemple el aumento de la matrícula estudiantil, para investigación a nivel de la Universidad de la República (donde se declararon en conflicto hace más de dos meses). En ambos casos, el gobierno de niega a negociar en torno a los reclamos de trabajadores y estudiantes, por el contrario, ha intensificado la escalada de persecución y hostigamiento a los estudiantes (a quiénes se pretende sancionar por luchar ocupando sus centros de estudio) y a los trabajadores (con sumarios, sanciones por adoptar medidas de paro, acoso laboral).
Por su parte, la Intergremial de la Universidad de la República, que se había declarado en conflicto el 23 de julio pasado por la disminución del presupuesto en la Rendición de Cuentas, votó la huelga de todos sus servicios (educación, extensión e investigación).
El golpe a la Universidad viene luego de su enorme participación en las medidas y combate a la pandemia, donde sus órganos de investigación tuvieron un rol protagónico. Sin embargo, y en conocimiento de la enorme importancia desarrollada a nivel de investigación llevado a cabo por la Universidad en todos los ámbitos de producción de conocimiento, el gobierno ha decidido disminuir su presupuesto, acotando así la participación social en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Así como también la reducción de becas universitarias y el desarrollo que venía llevándose a cabo en el interior del país, donde las sedes de la Udelar permitían el acceso a la educación académica sin necesidad de trasladarse a la zona metropolitana.
A su vez, los magros recursos otorgados por el gobierno a la Universidad, se negó el fondo de inequidades salariales y se mantuvieron suspendidas las negociaciones colectivas hasta que estuviese cerrada la Rendición de Cuentas a nivel parlamentario.
Con todo esto, se pone en riesgo la relación cuantitativa estudiantes-docentes, con lo que se renueva la premisa que la universidad pública es para todos, no para algunos.
En este marco, se han dado más de 10 ocupaciones de facultades y actividades públicas que permitieron el acercamiento con organizaciones sociales y la sociedad en general en defensa de la educación pública.
Estas resoluciones han triunfado a pesar de las maniobras de la burocracia sindical para poner paños fríos, minimizando el impacto que la reforma impondría respecto a la pérdida de puestos de trabajo.
Todo este contexto fue precedido de la lucha de los centros de formación docente, como el IPA, Magisterio y los centros del interior, donde los estudiantes fueron los protagonistas de la lucha contra la reforma de Robert Silva y por mayor presupuesto. Esto plantea una nueva etapa ante la emergencia de un movimiento estudiantil masivo, dejando atrás definitivamente el reflujo de estudiantes, y en gran medida levantando el ánimo de los docentes en la lucha por la educación pública.
En este contexto, es central la masificación de la medida, así como la transformación de la misma en una huelga general en la educación, estructurada en función de una plataforma que contemple lo sustancial de los reclamos: suspensión de la reforma en curso y aumento del presupuesto destinado a la educación pública.
