Subsidios para los capitalistas, salarios de hambre para los trabajadores
En el último mes ha quedado nuevamente de manifiesto que el gobierno responde con criterios muy diferentes a los reclamos capitalistas y a las reivindicaciones obreras. La presión de los denominados “autoconvocados” y de las gremiales rurales ha sido premiada con un aumento de los subsidios y una reducción impositiva para algunos sectores rurales, al tiempo que en los últimos días se concretó un aumento del precio del dólar (a través de una intervención del BCU que lapida sistematicamnete el dinero estatal).
Los capitalistas del campo cuentan con exoneraciones fiscales y transferencias estatales de todo tipo, a lo que hay que sumar el enorme negociado que el gobierno les garantiza a través de la aprobación de la Ley de Riego.
Mientras tanto, a los trabajadores se les aumenta el IRPF, las tarifas, el boleto y el precio de los alquileres, al mismo tempo que los impuestos al consumo de las familias obreras siguen siendo por lejos el principal ingreso del Estado. Las pautas salariales fijadas por el gobierno para la negociación colectiva de este año, vuelven a dividir los aumentos en tres grupos de acuerdo a la situación de las empresas (atando los salarios a las ganancias capitalistas), con cifras por debajo de la inflación que garantizan la pérdida de salario real; establecen cifras decrecientes y fijan un salario mínimo de $15.000 líquidos: una quinta parte del precio de la canasta familiar.
Por otro lado, frente a las cifras de desocupación más altas de la última década, el gobierno sigue facilitando los despidos y cierres de empresas, mientras impulsa una mayor precarización y flexibilización del empleo, a través de las tercerizaciones y del subsidio a empresas como Mc Donalds, a la cual le garantizan pagar hasta un 60% del salario de sus trabajadores.
La agenda del capital
Sin embargo, el gobierno está lejos de cumplir con las exigencias de la clase capitalista. Frente al manifiesto estancamiento económico, la caída de las exportaciones, el agotamiento del crédito barato, la clase capitalista exige la defensa de su ganancia a través de una avanzada contra las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. A esto responden las voces que claman por una reforma laboral y jubilatoria, que barra con las conquistas de los trabajadores y regimente a fondo sus métodos de lucha. A esto responde también la exigencia de una devaluación que licúe el salario real, así como el otro estandarte que unifica el frente capitalista: el achique del Estado y el recorte de los gastos sociales.
El reclamo de un presupuesto de “gasto cero”, esbozado tanto por los autoconvocados como por las gremiales rurales y las cámaras empresariales, vale para la educación y la salud del pueblo, pero no para el pago de la deuda y la profundización de los subsidios del Estado a las empresas capitalistas. El dinero que el gobierno niega a la educación y la salud del pueblo, lo utiliza para aumentar las ganancias de Mc Donalds colocando a los jóvenes uruguayos como mano de obra precarizada y paga por el Estado.
Unidos por el ajuste
Para imponer esta agenda de ataque al salario y de ajuste fiscal, los personeros del gobierno necesitan que cada uno cumpla su función y evitar desalineamientos en la Rendición de Cuentas y en los Consejos de Salario. A esto responde la creación de un equipo parlamentario para cerrar filas detras del proyecto de presupuesto nacional, el debate sobre la disciplina partidaria y las sanciones, así como la inusual reunión de Vazquez con la cúpula del PCU.
De momento, el gobierno pretende continuar utilizando al Frente Amplio como el canal para imponer el ataque a los gastos sociales y al salario de los trabajadores. En el marco de la ronda de Consejos de salarios más importante de la historia, y de la última Rendición de Cuentas, Vazquez y Astori necesitan garantizar la obsecuencia de sus agentes en el movimiento obrero; sin embargo, no tienen nada para ofrecerles como prenda de cambio. Esto explica que la burocracia sindical oficialista se desespere por aprobar al menos una de las leyes que vienen impulsando y que de momento han tenido poco eco en el gobierno: necesitan algo para mostrar.
A pesar de esto, nada indica que la falta de conseciones reales amenaza con quitarle a Vazquez y Astori el apoyo de los “disputistas” al ajuste en la Rendición de Cuentas y en los consejos de Salario: ya han demostrado su obsecuecia y su compromiso con el gobierno, que más allá de las críticas y los circos callejeros y parlamentarios, los han llevado a cerrar filas detrás de la agenda del capital financiero.
La agenda de los trabajadores
El paro del 22 de marzo fue una manifestación concreta de este proceso. Un mes después de la movilización de los “autoconvocados”, la clase obrera entró en escena atravesada por las contradicciones de esta etapa. En el paro se expresaron algunas de las reivinidicaciones de los trabajadores, bajo una orientación general de defensa del gobierno, elaborada y capitaneada por la burocracia sindical oficialista. El paro fue convocado bajo la caracterización general de que se efrentan dos proyectos políticos y sociales: por un lado el de la derecha, las clases dominantes y el imperialismo, protagonizando una “contraofensiva” desestabilizadora continental, y por el otro el proyecto del “bloque social y político de los cambios”, el eufemismo por excelencia para defender al gobierno y la alianza con sectores de la burguesía.
Se trata de la continuación de la orientación de las Jornadas Continentales, que pretende encubrir que en nuestro país es el propio Frente Amplio el que intenta imponer la agenda del gran capital, mientras a nivel regional se alinea con los Temer y los Macri. No se puede combatir la avanzada del capital y el imperialismo haciendo frente político con sus aliados y cómplices en la centro izquierda.
Frente a los Consejos de Salario y las pautas oficiales, la burocracia sindical plantea un salario mínimo de $16.500 nominales (¡sólo $1.500 nominales más que el gobierno!). Con esta reivindicación bloquean la posibilidad de unificar las luchas por aumento general de salarios, al mismo tiempo que preparan la subordinación a los lineamientos salariales del gobierno, de la misma forma que hicieron en el 2016.
Cualquier reagrupamiento clasista en el PIT-CNT, que se postule como alternativa a esta direcciones, debe partir de la lucha por la independencia política y de la ruptura con el gobierno, junto con la elaboración de un plan de acción para unificar las luchas contra las pautas del hambre y el desempleo, contra las tercerizaciones y el trabajo precario, por la anulación inmediata de la Ley de Riego, contra todas las reformas laborales y jubilatorias dictadas por el gran capital, por una reorganización económica para que la crisis la paguen los capitalistas. Un reagrupamiento de este tipo tiene la gran oportunidad de tener una expresión independiente y de lucha en el próximo 1° de Mayo.
