La suspensión de la superfinal entre River y Boca es mucho más que un bochorno, o una “falla de seguridad”. Es otra muestra de la debacle de un régimen político y social. Los que gobiernan no pudieron encaminar un espectáculo que, incluso para sus propios intereses, debía servir para sacar del foco de la atención popular, al menos por unas horas, a los despidos, la carestía infernal, los sueldos que no alcanzan y las deudas que se apilan.
En los días previos, los diarios reseñaban la “fiesta de las marcas” a raíz de la superfinal. Los sponsors de la Commebol, como Coca Cola, Santander Río, DHL, Quilmes y otros, se servían del clásico para preparar sus campañas de verano. La cadena Fox, a su turno, se relamía con otro festín –el de los derechos de transmisión. La rivalidad futbolística, azuzada desde las usinas publicitarias del gran capital, prometía cosechar el mayor filón de negocios del año deportivo.
El episodio brutal que termina con la fiesta, en medio del ataque al micro de Boca y la posterior represión, concentra toda la descomposición del Estado actual y de quienes gobiernan. Por un lado, informaciones periodísticas indican a los agresores del micro como barrabravas de River. Más precisamente, integrantes del grupo que, un día antes, había sido apresado con “7 millones de pesos y 300 tickets” (de la superfinal) (Página 12, 25.11). Según la misma fuente, al jefe de la barra “no lo llevaron preso pero le sacaron los 7 millones la Policía, lo dejaron en libertad”. Naturalmente, los tickets que alimentan el negocio de la reventa de entradas –y que financia a las barras- no pueden provenir de otro lado que no sea el propio club. La reventa es una de las cajas que los dirigentes del fútbol ceden a las barras, a cambio de que presten sus servicios en la otra pasión de los directivos –la “política”, o sea, la política del régimen, la que sostiene los ajustes, los tarifazos, la agresión a los trabajadores. Cuando esa agresión debe cobrar la forma directamente física, los “barras” son una mano de obra siempre dispuesta, como lo demostró el crimen de Mariano Ferreyra.
Entre los dirigentes de River y Boca que desfilaban nerviosamente por los pasillos del Monumental en la tarde de ayer, revistan varios de los principales personeros del macrismo. Lo mismo vale para la burocracia sindical, la cual comparte sus preferencias futbolísticas –y sus matones-entre diferentes casacas. No sorprende, en ese cuadro, que un grupo de barras se encontrara tan cerca del estadio. En definitiva, estaban “en su casa”.
Del otro lado de la crisis, tenemos al brutal operativo represivo montando por la Policía de la Ciudad, con la ayuda de la infantería que depende de Patricia Bullrich. Después de haberle dado circulación libre a los barras, el contingente policial que custodiaba al micro se abrió paso con los métodos que las fuerzas represivas practican habitualmente con las manifestaciones populares –a gases y palos. El parte médico de los jugadores de Boca no sólo da cuenta de dos de ellos con heridas provocadas por la rotura de vidrios. Indica, también, descompensaciones de todo tipo causadas por los gases arrojados. Por una vez, la población pudo tomar conocimiento de las consecuencias de la acción represiva del Estado, la cual, cuando se trata de gases contra las protestas, hasta es considerada como una reprimenda “light” o persuasiva. En la palabra de Tévez y de otros, pudo saberse qué es lo que padecen miles de manifestantes en sus ojos, el aparato respiratorio o digestivo, cada vez que sufren el embate de la represión. Los jugadores de Boca quedaron inhabilitados para poder jugar, algo de lo que no cabe duda. Pero los daños que sufren los que participan de marchas populares se diluyen, silenciosamente, en las guardias de los hospitales públicos, cada vez que pasa una manifestación. Apenas unas horas antes del superclásico, la policía aplicaba los mismos métodos contra los trabajadores despedidos de la fábrica Siam y quienes acompañaban su lucha. Con la misma saña, dos militantes sociales eran asesinados en Buenos Aires y Córdoba.
Fox, o el espectáculo debe continuar
Con el escandaloso telón de fondo de dos jugadores atendidos por ulceraciones en la vista, todo indicaba, sin embargo, que avanzaban los aprestos para jugar el partido. Apenas habría una demora de dos horas. A pesar del desasosiego de los jugadores agredidos, se iba a imponer la voluntad de la Commebol, de Fox Sports y los restantes sponsors, que defendían la facturación de sus derechos de transmisión y publicidad. Las informaciones radiales daban cuenta de que todos los preparativos continuaban. La situación sólo pegó un viraje cuando algunos jugadores de Boca salieron del vestuario y tomaron contacto con los medios: “nos quieren obligar a salir a la cancha, nosotros no podemos jugar así”. Sólo en esas condiciones, se terminó anunciando la suspensión del partido. Adentro del estadio, el público no se distraía en minucias, y apuntaba al poder político: “MMLPQTP”. Como pudo apreciarse en la TV, la salida del estadio estuvo signada por más represión y prepotencia policial.
El Estado y la violencia
Los observadores periodisticos o políticos que presumen de críticos presentan a los hechos de este sábado como resultado de la “incapacidad del Estado para controlar a los violentos”. Pero no es así: lo que desnuda esta crisis es la violencia del propio Estado, como resultado de su descomposición interior, por un lado, y de los medios que ha acumulado para disciplinar y regimentar al conjunto de la vida social, del otro. Los “barras” del fútbol, al servicio de los dirigentes-punteros; los policías armados, exhibiendo una “muestra de autoridad” a días del G20; los empresarios y dirigentes apurando el juego a lo que dé, todos ellos son facciones de ese Estado.
Para que el fútbol sea la fiesta que todos reclamamos que sea, habrá que sacarse de encima al orden político y social que le ha entregado el deporte a las grandes corporaciones capitalistas, y ha colocado a los Macri y Patricia Bullrich como gendarmes de sus intereses. La incapacidad de garantizar un juego, en definitiva, es otra muestra de la incapacidad de gobernar.
