Hace unos días, se suscitó en el Barrio Marconi un levantamiento de los vecinos ante el asesinato a manos de la policía de un joven señalado por robo, delito que no se ha podido comprobar.
La política de implementar un Estado policial en los barrios populares se incrementó hace un par de meses cuando cientos de policías de disponibilidad total fueron puestos en los barrios de la periferia o los llamados “zonas rojas” (de peligrosidad). Las fuerzas encargadas de patrullar esas zonas, que se encuentran bajo el mando del Ministerio del Interior, han sido señaladas en numerosos casos de corrupción: “Pese al aumento salarial que ha tenido la policía, los 300 casos de corrupción detectados por año no descienden. El narcotráfico sigue calando en Uruguay y el Ministerio del Interior sabe que para eso los corruptos son una pieza clave” (El País 20/07/2014). La conclusión es simple: las fuerzas represivas están en descomposición, su “servicio a la comunidad” es simplemente un factor de riesgo en los barrios donde el narcotráfico dejó de ser un “service de dealers” para ser el sitio de asentamiento de los narcos.
La política de impunidad del FA
Desde el Pacto del Club Naval y hasta el día de hoy, en los casos de gatillo fácil, el gobierno y los jueces le han garantizado la impunidad a las fuerzas represivas. La Ley de Caducidad que ha dejado libre a los genocidas de la dictadura tiene una estrecha relación con la impunidad de hoy. El caso de Sergio Lemos en Santa Catalina, joven al que la policía lo confundió, le disparó y le plantó un arma; donde su asesino fue acusado de homicidio simple y los cómplices siguen en libertad. Rubén Martínez quien fue asesinado por la espalda en el barrio Peñarol, en Diciembre de 2015, sin haber cometido ningún delito, donde 3 policías fueron procesados y uno de ellos está prófugo –“antes de huir el agente permanecía en su cargo cumpliendo funciones, cuando, ya con el grueso de las pruebas recabadas era sabido que estaba involucrado de lleno en un crimen perpetrado contra un civil” (Brecha 22/03/2016)- quien ya señalado como el asesino estuvo 7 meses en la calle, sin prisión preventiva. La jueza aún no ha tomado ninguna resolución. Así podemos continuar enumerando varios casos más.
La política de impunidad ha estado históricamente ligada a los negocios del Estado. En 1984 cuando se firma el Pacto del Club Naval se garantizó una salida ordenada de la Dictadura Militar, evitando que se juzgue a los responsables del régimen y reconociendo la deuda externa. Hoy, son los negocios millonarios que mantiene el narcotráfico y que les permite blanquear sus capitales en el secreto bancario. El círculo es perfecto. La caja negra del Estado sigue intacta.
Marconi y la “depuración” de la policía
El narcotráfico no es enemigo del capital, por el contrario, le es funcional. La juventud se encuentra sumida en el siniestro negocio de la venta de drogas, ya sea haciendo el “delivery” o funcionando de “campanas” en las esquinas del barrio.
La causa reciente ha sido manoseada por los medios de comunicación y el propio Bonomi quien afirmó en una conferencia que el joven ya tenía antecedentes, en contradicción con lo que decían sus padres. No es extraño que Bonomi acomode la realidad a su conveniencia y que siga favoreciendo con sus declaraciones al aparato represivo. Un ejemplo claro es la conferencia que dio cuando culminó la represión en el CODICEN donde intentó configurar en los estudiantes un grupo de terroristas, describiendo el uso de “medias gruesas de lana y pañuelos de talibán que les tapaba la cara”.
Los testigos de la escena aseguran que ninguno de los jóvenes portaba un arma y que la policía se las plantó. La prueba de parafina (utilizada para encontrar pólvora en las manos de quien presuntamente haya disparado un arma) dio negativa, tanto para el joven asesinado como para el policía que sí disparó el arma, de acuerdo a su propia declaración. Vale aclarar que el joven asesinado, por su condición de muerto no podría nunca haberse limpiado la pólvora de las manos, lo contrario a lo que sí podría hacer un efectivo policial que conoce los métodos. Por ende, la pericia arroja un solo resultado relevante: El joven no disparó ningún arma.
Una vieja modalidad policial es que al incautar armas se quedan con “la yuta”: arma que se utiliza para plantar en el caso de ser necesario. Este término está ligado a los actos de corrupción, ya que muchos policías tienen además de su arma de reglamento un arma para “plantar”, es decir, ponerle a un delincuente si este no tenía y la policía disparó.
La seccional 17 del Barrio Marconi mantiene un altísimo nivel de corrupción. Hace algunos años atrás se intentó hacer pasar por suicidio el asesinato de Fernández, agente de esa seccional, a manos de sus propios compañeros de la fuerza policial ya que había denunciado a un grupo por negociar con los narcotraficantes de la zona.
Las manifestaciones del Ministerio del Interior de que se encuentran en un proceso de depuración de sus filas contra la corrupción es falso. El Comando de la Zona 3 (Marconi, Unidad Casavalle y Borro) fue allanada dos veces: en 2013 donde se detuvieron 6 policías de rango jerárquico y en 2016 donde se detuvieron a un subcomisario y un agente. “En el interior se halló armas irregulares escondidas en un armario. El allanamiento se hizo después que una pareja denunciara ante Asuntos Internos que ese subcomisario y el agente les exigieron dinero para no procesarlos por hurto. El 1° de Julio de 2013… detuvieron a un Comisario, dos Oficiales y 3 agentes por denuncias de coimas.” (El País- 12/02/2016).
La división de Jefatura de Montevideo por zonas es un proceso contradictorio. El Ministerio del Interior intentó presentarlo como una “descentralización”. Sin embargo, de haber ido a una depuración a fondo de las fuerzas policiales, no hubiesen quedado comisarios. Estas zonas están por encima de las comisarías, aunque de todas formas actúan de manera conjunta y quienes las integran son, en cierta medida, los mismos que querían depurar. En síntesis, se crearon dependencias que sostienen la impunidad, que a la vez encubre el narcotráfico y da vía libre al crimen organizado.
Los trabajadores como rehenes
Con la especulación inmobiliaria en los barrios céntricos de Montevideo, los trabajadores fueron expulsados a la periferia de la ciudad. Hoy, presos del narcotráfico y la corrupción policial.
Barrios como Casabó, Marconi, Cuarenta Semanas, albergan a cientos de trabajadores que deben lidiar cotidianamente con los riesgos a los que los expone el narcotráfico, la policía y además, batallar para cuidar a sus hijos de estas situaciones.
Desde el Partido de los Trabajadores exigimos la creación de puestos de trabajo con salarios igual a media canasta familiar para nuestros jóvenes. El desmantelamiento del aparato represivo desde los ministerios hasta las jefaturas, culpables de criminalizar la pobreza y del gatillo fácil. Control de las comisarías por parte de los vecinos.
Los jóvenes deben organizarse de manera independiente al gobierno y a los partidos patronales, que son los responsables de mantener la impunidad de ayer y de hoy. Deben ser la vanguardia que construya un gran partido obrero para librar a los trabajadores de la opresión y la inseguridad a la que los expone el sistema capitalista.
