La explosión de furia de Donald Trump en una entrevista televisiva constituyó un hecho político de gran impacto. “Cuando la presentadora Kristen Welker lo presionó, el presidente no presentó ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones sobre el 6 de enero y las elecciones que, según él, fueron ‘fraudulentas’” (Washington Post). “Trump pareció agitarse cuando Welker le preguntó sobre el fondo de 1.800 millones de dólares que había propuesto para indemnizar a personas que afirmaban haber sido víctimas de procesamientos politizados”. El Departamento de Justicia se comprometió ante el Congreso a dejar sin efecto el fondo, pero el presidente insiste en indemnizar a los procesados por la intentona golpista del 6 de enero de 2021 (que ya fueron indultados por Trump). “Si por mí fuera, les pagaría lo que se merecen” -dijo- “Si se lo aprueban, genial. Si no, me decepcionaría”.

El recurso a denunciar un fraude es el mecanismo para impulsar precisamente una maniobra en el proceso electoral o para justificar un golpe de Estado, como ya sucedió hace cinco años. Trump denunció en la entrevista que las recientes elecciones primarias de California estuvieron “amañadas”, sin brindar ninguna prueba ante el cuestionamiento de la entrevistadora y pretendiendo que la demora en el recuento demostraba su afirmación. “Lo único que tengo que hacer es mirar”, dijo. La normativa electoral en California permite el voto por correo, y se admiten sobres con listas que lleguen hasta una semana después de las elecciones y en tanto hayan sido enviados hasta el mismo día de la votación. La demora es por lo tanto inevitable, y el golpismo trumpista difunde que se trampea el resultado en base a que muchas veces el ganador en base a los votos presenciales luego pasa a segundo lugar cuando se totalizan los votos por correo. En California esto sucede porque el voto por correspondencia ronda el 50%, y tendencialmente son más los Demócratas los que utilizan este mecanismo. En algunas elecciones, por ejemplo, en algunos distritos de Texas, se produjo el fenómeno opuesto (el voto por correo favoreció a los Republicanos). La votación por correspondencia creció a partir de la pandemia de Covid 19; en esa oportunidad los Demócratas llamaron a votar por correo en tanto el trumpismo impulsó el voto presencial. Desde entonces, se invirtió el sesgo del votante por correo, que antes era fundamentalmente de edad avanzada, o del área rural, o formaba parte del ejército (y se inclinaba mayoritariamente por el Partido Republicano).

La imposibilidad de justificar el supuesto “fraude” en California, provocó la ira de Trump al ser cuestionado por la periodista al punto de abandonar la entrevista en medio de insultos contra la prensa y contra ella en particular, una práctica usual del matón de la Casa Blanca, especialmente contra periodistas mujeres.

No es que Trump esté loco o que se crea sus propias mentiras: es que busca imponer él mismo un fraude, y se desespera ante las dificultades que enfrenta para lograrlo. El modelo del presidente yanqui podría ser un Putin, con sus elecciones amañadas -ya que no puede ser un Xi Jinping, que directamente las evita.

El trumpismo viene impulsando diversos mecanismos fraudulentos de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo. Una maniobra consiste en la modificación de los distritos electorales, para así modificar las mayorías en cada uno de ellos. De esta manera, se divide las zonas donde es mayoritario el electorado demócrata, para artificialmente forzar una mayoría republicana en más distritos y obtener más representantes y senadores. Por ejemplo, en Alabama los Republicanos eliminaron uno de los dos distritos que existían con mayoría negra (generalmente más inclinada a votar a los Demócratas), para ganar cargos en el Congreso. Esto había sido apelado ante los tribunales por ciudadanos negros, lo que fue respaldado por los jueces. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema dominada por el trumpismo -con votación de 6 a 3- falló a favor de los Republicanos permitiendo la modificación de los distritos (The Guardian, 2/6). Otro fallo anterior de la Corte Suprema respecto al Estado de Luisiana deja sin efecto la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, “la última disposición importante de la ley de derechos civiles de 1965 que prohíbe la discriminación racial en el voto” (The Guardian, 29/4). El fallo “autoriza a los legisladores a elaborar planes de redistribución de distritos que debilitan la influencia de los votantes negros y de otras minorías. Algunos estados incluso podrían apresurarse a rediseñar los distritos antes de las elecciones de mitad de mandato de este año”. Preguntado “sobre si los estados deberían rediseñar sus distritos electorales en respuesta al fallo judicial, Donald Trump dijo: ‘Yo lo haría’.” (ídem).

Se ha desatado una guerra en torno a la modificación de los distritos electorales entre ambos partidos. Por ejemplo, en Texas los Republicanos potencialmente ganarían 4 representantes, pero serían contrarrestados por otros 4 que ganarían los Demócratas en California. Estas maniobras son descriptas por la prensa como “los políticos eligen a sus votantes, en lugar de ser los votantes los que eligen a los políticos”.

Otras maniobras están intentando ser aprobadas en el Congreso, en lo que se conoce como SAVE Act (“Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses”). Se trata de un proyecto para imponer condiciones restrictivas en las elecciones, de manera que sean favorecidos los Republicanos. El proyecto incluye restricciones al voto por correspondencia, pero también medidas como “demostrar la ciudadanía” al momento de votar (con pasaporte, certificado de nacimiento u otros documentos que acrediten la ciudadanía). Este último punto forma parte de otro mito trumpista: que los que deciden la elección son personas que mienten sobre su ciudadanía, o incluso que votan los indocumentados (algo fácticamente imposible). Las estadísticas oficiales marcan que los casos conocidos de voto sin contar con la ciudadanía se cuentan con los dedos de la mano, y no tienen ninguna incidencia. Trump ha emitido varias órdenes ejecutivas (decretazos) respecto a estos temas, pero carecen de efecto legal – la Constitución establece que son los Estados los que organizan las elecciones según su legislación. De aprobarse la SAVE Act, millones de estadounidenses que no tienen pasaporte o certificado de nacimiento actualizado serían eliminados de los padrones e impedidos de votar, especialmente las mujeres casadas que cambiaron de apellido, los jóvenes y las personas de más bajos ingresos. Naturalmente, ese es el efecto buscado por el proyecto, que ya fue aprobado varias veces en la Cámara de Representantes, pero tiene más dificultades de ser aprobado en el Senado -no sólo es rechazado por los senadores de la oposición, sino también por algunos Republicanos. El trumpismo ha impulsado leyes en algunos Estados (ejemplo: Florida) aplicando algunas de estas medidas.

Trump está interviniendo en los procesos electorales de América Latina para imponer a gobiernos de extrema derecha o incluso abiertamente fascistas -como los que intenta establecer ahora en Perú y Colombia, y próximamente en Brasil. El impulso a los fraudes electorales o los golpes no puede extrañar cuando es el propio Trump el que ya protagonizó una intentona de ese tipo hace cinco años, y prepara nuevas maniobras para concretar un fraude o desconocer las elecciones -si el fraude no logra imponerse. La depuración de los mandos militares es también una política golpista. Hay que recordar que los mandos militares fueron decisivos para impedir que avanzara la intentona del 6 de enero.

El abucheo a Trump en las finales de la NBA en Nueva York, el pasado lunes 8, es un reflejo del enorme repudio que crece en la población estadounidense, y que plantea la perspectiva de una monumental derrota en noviembre. El candidato a dictador de la Casa Blanca no tiene ninguna intención de aceptar la derrota, y prepara una monumental estafa. Las movilizaciones de masas contra la represión del ICE (policía migratoria) y contra el gobierno -como las manifestaciones “No Kings” realizadas en más de 3.000 ciudades y pueblos- marcan la perspectiva de una gran confrontación de las masas con el gobierno trumpista.