En un principio, los gremios del liceo N° 28 y de Magisterio colocaron pancartas contra la reforma constitucional que impulsa la campaña “Vivir sin miedo”. La reacción del Partido Nacional (PN) fue denunciar que violaba la laicidad por “tratarse de un asunto político partidario” y tildarla de antidemocrática al ubicarse en la fachada de la institución “sin representar el pensamiento de todos” (a pesar de que la pancarta llevaba la firma de los centros de estudiantes). Luego de presentar la queja en el CODICEN y ser avalada, el CES y el CFE (consejos encargados de la Enseñanza Secundaria y de Formación en Educación) hicieron los mandados intimando a los estudiantes a retirar las pancartas.
¿Quién vulnera los derechos?
La laicidad siempre tuvo distintas interpretaciones según los intereses de clase y la perspectiva de transformación social que uno defienda. Bastaría con dejar en claro la posibilidad y la necesidad de toda organización popular a posicionarse y expresarse libremente sobre un plebiscito que escapa a lo meramente “político partidario” o traer a la memoria a una gran defensora de la laicidad como Reina Reyes para bloquear sus argumentos.
Sin embargo, la denuncia por parte del PN y el accionar cómplice de las autoridades del CODICEN busca atacar la libertad de expresión del movimiento estudiantil organizado. Más allá de la disputa sobre la concepción de laicidad, se trata de un ataque sistemático sobre las libertades democráticas que hemos conquistado obreros y estudiantes mediante la lucha. El ámbito educativo ha sido uno de los principales blancos de la oposición y el gobierno en su ataque sobre el derecho a la huelga y la protesta, alcanzando los niveles de la represión policial.
Vale aclarar que el CODICEN está compuesto por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, previa venia del Senado y dos miembros electos por el cuerpo docente del ente (según la Ley de Educación 2008), siendo Wilson Netto, el actual Director del Consejo, quien firmó el desalojo y habilitó a la represión a los estudiantes y quienes fueron a apoyarlos, cuando ocupaban el CODICEN en el 2015 por reclamos presupuestarios.
No podemos tener expectativa en que el marco de la legalidad burguesa proteja la protesta social, por el contrario la prohibición de ocupaciones de entes públicos, el decreto anti-piquetes, la reciente ley antiterrorista y el contrato ROU-UPM demuestran un avance regimentador y represivo. Debemos defender el derecho conquistado a la protesta, sin ningún tipo de condicionamientos por parte del Estado.
El tiro por la culata
Decenas de liceos, facultades e institutos terciarios a nivel nacional respondieron en conjunto levantando pancartas con la misma consigna en sus lugares de estudio frente a esta política autoritaria, en defensa de las libertades democráticas. El liceo 10 llevó la lucha a otro nivel ocupando el centro para hacer cambiar la postura de las autoridades y reclamando por grandes carencias edilicias y un equipo multidisciplinario. Tras este conjunto de expresiones, el CODICEN ha tenido que aflojar el brazo. Se pronunció el pasado viernes 21 finalmente considerando las recientes manifestaciones estudiantiles como “promotoras de la ciudadanía” y ajenas a lo político partidario. Sin embargo, el comunicado deja como conclusión final que debe dirimirse dentro del ámbito educativo el “cumplimiento de las reglamentaciones referidas a los sitios donde comunicar las distintas posturas los diversos actores de la comunidad educativa”, lo que pretende poner a consideración en un futuro las formas de manifestación estudiantil, algo que debe ser rechazado desde el movimiento popular.
La respuesta del movimiento estudiantil llevó al diputado nacionalista Pablo Abdala a demandar al CODICEN frente al Poder Judicial para que se cumpla efectivamente el retiro y prohibición de las pancartas. Ámbito que no se ha pronunciado a la fecha.
La necesidad de acallar al movimiento estudiantil es mutua. El PN continúa defendiendo mediante posturas represivas una reforma ya reaccionaria que profundiza el modelo y las lógicas de la política represiva actual del gobierno del Frente Amplio. Por otro lado, el CODICEN es quien vehiculiza las políticas educativas gubernamentales a través de todos los consejos desconcentrados (CEIP, CES, CETP y CFE) con planes de estudios abocados cada vez más al mercado, sumado a la falta de presupuesto y viabilizando el ataque a la organización y la lucha gremial.
Este enfrentamiento reflota la necesidad de autonomía y cogobierno en toda la educación pública para romper con la subordinación directa al poder político de turno. La lucha en defensa de las libertades democráticas debe ser llevada a fondo. Para eso es imprescindible organizarnos de forma independiente de todos los partidos que gobiernan y han gobernado nuestro país, reforzando las instituciones represivas contra el pueblo y en detrimento de la educación pública.
Hay que combatir el autoritarismo y la censura del oficialismo y la derecha tradicional en los centros de estudios y en las calles. Vamos por una movilización nacional estudiantil en defensa de los derechos democráticos conquistados y contra la propuesta de reforma reaccionaria de “Vivir sin miedo”.
