La expulsión de Venezuela del Mercosur, con el voto a favor del gobierno del Frente Amplio, señala el ocaso definitivo del Mercosur “progre” de la última década, en el cual gran parte de la izquierda (principalmente del FA) creyó ver la posibilidad de la integración latinoamericana dentro de los marcos capitalistas. Por otro lado, deja de manifiesto el grado de adaptación del gobierno de Vazquez a la política de los gobiernos derechistas de la región. Las condiciones que le exigen a Venezuela para formar parte del bloque son las exigencias del gran capital; la expulsión es un espaldarazo a la oposición de derecha y al revocatorio.
La decisión de Maduro de no acatar esta resolución, junto el llamado directo al Frente Amplio para apoyar la permanencia de su país en el Mercosur, refuerza las contradicciones al interior de la coalición de gobierno. Los sectores que se encuentran ideológica y políticamente mas ligados al proceso bolivariano (PCU, MPP, PVP) se han manifestado en contra de la decisión del ejecutivo y ,desde la orgánica del FA, presionan sobre Vázquez y la cancillería.
De momento, estos choques solo han demostrado que la política exterior del FA no la dirige ni el Congreso ni el Plenario de la coalición. Las bases y los sectores más vinculados a los sindicatos y gremios cada vez tienen menos incidencia en la política del Ejecutivo. Esto vale, por extensión, para la burocracia sindical oficialista. La separación entre el Poder Ejecutivo y las bases tiende a profundizarse en un cuadro de menor margen para las concesiones y de mayor presión del gran capital para digitar la política del gobierno. Esta separación creciente entre el gobierno por un lado,y las bases y la militancia por el otro, es la expresión de la integración de la cúpula del FA al Estado y su completo pasaje al rol de administradores de los negocios del capital.
En este escenario, el Congreso del FA pasó sin pena ni gloria: la reforma constitucional, que viene siendo colocada hace años como una de las principales iniciativas de las bases y los sectores de “izquierda” volvió a ser postergada sin demasiadas esperanzas de prosperar. La única resolución política seria del Congreso fue enterrar esta ilusión reformista, culminando la década progresista con la constitución de 1967.
La perdida de mayorías parlamentarias plantea un escenario de mayor derechización y separación de las bases: amplia el peso político de la oposición como bisagra para la política de ajuste del gobierno y plantea la posibilidad del cogobierno; al mismo tiempo que obliga al oficialismo a repensar la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. En este sentido, la preocupación principal de la dirección del Frente Amplio es la rendición de cuentas del 2017, que lleva implícita la potencialidad de un nuevo conflicto entorno al presupuesto de la educación (y la salud), que todas las fuerzas deberán afrontar sobre la base de la experiencia del 2015.
Los límites de la salida aperturista
La gira de Vázquez, en la que viene reuniéndose con empresarios brasileros y europeos, tiene como objetivo colocar a nuestro país como una plataforma de valorización para el capital en crisis, para lo cual expuso las ventajas impositivas, políticas y jurídicas para la explotación de los recursos y los trabajadores uruguayos. El gobierno busca una inversión en infraestructura (de acuerdo a las exigencias del gran capital como UPM), a través de un plan de obras para el período 2015-2020, del cual un tercio se ejecutará a través de contratos de participación pública privada.
Pero la política aperturista y liberalizadora encuentra sus límites en la propia bancarrota capitalista y sus emergentes políticos. La desintegración de la Unión Europea (Brexit, Italia) se suma al impacto de la crisis en China, que desde el 2014 se transformó en el principal socio comercial de Uruguay.
La victoria de Trump cierra el camino a un TLC con Estados Unidos: se propone revisar los tratados comerciales y sustituirlos por acuerdos bilaterales, firmando el acta de defunción del TPP (Asociación Transpacífica a la que apuntaba el gobierno del FA a través del TLC con Chile). El aumento de las tasas de interés, otra medida anunciada por Trump, revertirá definitivamente el flujo de capitales hacia América Latina y profundizará el problema de la deuda.
Por otro lado, los gobiernos de Argentina y Brasil presionan para que el TLC con China se firme dentro del Mercosur, intentando cerrar la salida de un acuerdo bilateral que coloque a Uruguay como plataforma para las mercancías y capitales chinos en la región.
Crisis y oportunidades
La crisis mundial aparece como el (des)organizador de los procesos políticos a nivel internacional y nacional, estableciendo los límites a la política trazada por todos los gobiernos capitalistas de la región (tanto derechistas como “progres”) e incluso a la política de restauración capitalista de la burocracia cubana. En este escenario, la política trazada por el gobierno del FA entra en un impasse.
La derecha no tiene un proyecto alternativo al del Frente Amplio y es incapaz de desenvolver una salida, como lo vienen dejando de manifiesto, tempranamente, las experiencias de Macri y Temer. En Brasil, en siete meses de gobierno golpista los escándalos de corrupción se han llevado puesto siete ministros. La crisis económica y política no cesa: la poderosa Federación de San Pablo está pidiendo la cabeza del ministro de Economía, Meirelles, y hay un reguero de luchas de amplios sectores de clase obrera y del movimiento estudiantil. En estas circunstancias, el PT ha salido en auxilio de Temer estableciendo un acuerdo para presidir la cámara de Senadores, un cogobierno con los golpistas.
La bancarrota capitalista convierte a los intentos de salidas thatcherianas en recursos anacrónicos: carecen de los medios necesarios para imponer sus objetivos. El derrumbe de los gobiernos progresistas y nacionalistas es la expresión de la declinación capitalista, en el marco de una crisis de enormes magnitudes, que condiciona también las tentativas de recambio que encabeza la derecha. En América Latina no asistimos ni a una derechización de las masas ni a un repliegue de la lucha de clases: los regímenes derechistas exhiben una evidente precariedad y potencian un período de grandes convulsiones y choques sociales.
En nuestro país, los partidos de la derecha no han capitalizado la caída del FA en las encuestas. La emergencia de Novick (desmembrando a los partidos tradicionales) y la desintegración del Partido Colorado se suman a la incapacidad del Partido Nacional para desenvolver un programa de oposición al Frente Amplio, que ha venido adoptando la agenda derechista.
Frente al impasse del régimen político y el principio de crisis de los partidos del capital, la izquierda se encuentra ante el desafío de desenvolver una alternativa propia. La tendencia regional y mundial a la polarización política no debe ser utilizado como excusa para desenvolver un seguidismo al nacionalismo y el progresismo en decadencia. La tarea de la izquierda revolucionaria debe ser separar a los trabajadores y los explotados de la burguesía y sus partidos, para construír una alternativa política sobre la base de un programa de reivindicaciones transicionales y un plan de acción para conquistarlas, con el objetivo estratégico del gobierno de los trabajadores.
