El pasado diciembre de 2024, a semanas de que el gobierno de la coalición de derecha llegara a su fin, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) inauguró una agencia de investigación en la Jerusalén ocupada, en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Según los firmantes, este acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de empresas y emprendimientos vinculados a áreas muy rentables en el comercio internacional: big data, agrotecnología, biotecnología, etc.
Una agencia de investigación internacional juega un rol de ampliación de los vínculos entre capitalistas y de lobby comercial, por lo tanto, la oficina abierta en territorio ocupado no solamente convalida al régimen genocida, sino que busca por un lado lavar su imagen internacional y por otro, desarrollar las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con el mismo.
Al respecto, el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin e incluso el ministro de educación José Carlos Mahía justificaron el mantenimiento de este acuerdo con el Estado de Israel, en que “debemos separar” el desarrollo de la ciencia de los temas políticos, como si fuera posible financiar investigación y tecnologías al margen de los intereses vinculados a la carrera armamentística actual, a la industria del exterminio y desplazamiento masivo de poblaciones, a la destrucción absoluta de infraestructura y recursos, a la colonización y el genocidio en curso. La ciencia nunca es independiente de los intereses económicos y políticos, y eso lo saben bien los arriba mencionados. Plantear que primero es necesario evaluar las “ventajas” de este acuerdo para Uruguay y que podría ser “una gran oportunidad“ es de un cinismo vergonzante.
Esta definición político-institucional se enmarca en un proceso de larga data de colaboracionismo con el régimen sionista, incluyendo un TLC con Israel firmado en 2007, la visita del ex presidente Lacalle Pou en 2018 y del propio Orsi a Israel en 2023.
En este sentido, Uruguay reafirma su alineamiento internacional en torno a la OTAN y en particular a EE.UU., uno de los principales socios comerciales (junto con China y Europa) y su principal aliado militar.
Esta definición causó un amplio rechazo y tuvo una rápida respuesta a través de una campaña de firmas impulsada por “Campaña Espacios Libres de Apartheid” (con la adhesión de organizaciones de masas como el PIT-CNT, FEUU, FUCVAM, etc), repudiando esta definición y exigiendo que se revirtiera, en una declaración publicada el 2 de enero.
Recordemos que en el mismo mes de enero, Israel rompió de forma unilateral el “alto al fuego” que se había acordado con Hamas para Gaza, emprendiendo una nueva etapa en la limpieza étnica en suelo palestino, que se ha cobrado más de 50.000 muertos y 120.000 heridos desde noviembre de 2023 (solamente entre el 18 y el 24 de marzo, se registraron 730 muertos y 1600 heridos).
La política pro-sionista que ahora continúa el gobierno del FA, mantiene a Uruguay enfrentado a la posición internacional; la propia ONU votó múltiples resoluciones en contra de la ocupación de su territorio y del genocidio que sufre el pueblo palestino, entre ellas la de julio de 2024 donde la CIJ definió como ilegal el régimen de ocupación, ratificada en setiembre por la Asamblea General de la ONU (en ambas oportunidades Uruguay se abstuvo). En los casi dos años de la nueva fase de exterminio perpetrado en Gaza y Cisjordania, el gobierno de Uruguay no ha emitido una sola línea de condena al sionismo.
Un elemento de crisis
El 31 de marzo, se dió a conocer una nota donde el Secretariado Ejecutivo del FA rechazaba las acciones de Israel por “la catástrofe humanitaria consistente, característica de un genocidio” y sostenía que “nuestro país debe seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén” (https://www.frenteamplio.uy/declaracion-sobre-franja-de-gaza/)
La caracterización planteada por el Partido de los Trabajadores, planteaba que el gobierno del FA no iba modificar el alineamiento pro-Israel y llamábamos a la acción conjunta para revertirlo. Los hechos confirman que esta caracterización era correcta, mientras que la política de Orsi y su canciller Mario Lubetkin ha sido repudiada por diversos organismos.
Pocos días más tarde, el propio Lubetkin compareció ante el Parlamento para explicitar los lineamientos del nuevo gobierno en lo referente a política exterior (Montevideo Portal, 3/04). En ese marco, destacó la importancia de mantener un vínculo de cooperación “científica” al margen “del conflicto”, dado el desarrollo que posee Israel en las áreas definidas. Al tratarse de una agencia paraestatal que emprende sus acciones sobre la base de lineamientos que son responsabilidad del gobierno, la discusión respecto al “estatus diplomático” de esta oficina es irrelevante: es una representación del Estado uruguayo sobre suelo palestino, ocupado por el ejército sionista.
Como respuesta, hace una semana el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, votó por unanimidad la solicitud de cierre de la mencionada oficina, al tiempo que definió no participar de ningún proyecto que esté relacionado con esta “cooperación”, denunciando el carácter ideológico y político de esta apertura, la primera de su tipo a nivel internacional.
El PIT-CNT por su parte, respaldó la decisión de la UDELAR en un comunicado publicado el 10 de abril, en el que ratifica su condena “a todas las formas de genocidio” y llama al gobierno uruguayo a respetar las resoluciones de la ONU.
Es así como asistimos a un principio de crisis dentro del propio FA y con el gobierno, que alimenta otros puntos de enfrentamiento entre las promesas de campaña y una política marcada por el continuismo.
Sin embargo, la exigencia no va a fondo, los más de 50.000 muertos, el bloqueo a la ayuda humanitaria, la tortura y otras acciones, justidican de sobra exigir que Uruguay rompa relaciones con Israel, lo que implicaría un duro golpe a los intereses del agronegocio -en un contexto de crisis internacional, se reafirma la prioridad de mantener y ampliar los mercados existentes para la carne.
Por otro lado, la oposición de derecha hizo público su beneplácito ante el mantenimiento de la oficina en Jerusalén y desarrolló una intensa campaña contra la resolución de la UDELAR.
El lobby sionista intervino en esta polémica haciendo pública una declaración, firmada por cientos de académicos judíos y no judíos, donde califican las resoluciones antes mencionadas como expresiones de “antisemitismo”, fogoneando la persecución jurídica a quienes se declaren a favor de una Palestina “desde el río hasta el mar”, por ejemplo. Plantean que la vinculación de la ANII con Israel data del primer gobierno de Tabaré Vázquez (informan que el FONASA se basó en el modelo israelí) y mencionan innegables beneficios para Uruguay, pero no explicitan ninguno.
Asimismo, aunque parezca inverosímil, el Semanario Hebreo Jai sostiene que “el fondo de esa problemática es dar crédito a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia contra Israel” porque las pruebas en las que se basa, son aportadas por Hamas(!) y por tanto, no son verdaderas ni válidas. (https://www.semanariohebreojai.com/articulo/8540).
Esta posición negacionista y abiertamente falaz, es la que apoya con sus prácticas, el gobierno del FA.
Movilización nacional e internacional por los derechos del pueblo palestino
Existe un consenso en la clase trabajadora y la juventud respecto al rechazo a la ocupación sionista, prueba de esto son los innumerables comunicados públicos de organizaciones de masas, las movilizaciones y acciones que han tenido diferentes niveles de asistencia, así como la presencia permanente de la causa palestina en el espacio público.
En este escenario, es imprescindible que las organizaciones sociales, los sindicatos, gremios y partidos políticos expresen, organicen un movimiento que continúe y amplifique las reivindicaciones en torno a la defensa de la autodeterminación del pueblo palestino, contra la ocupación colonialista y el exterminio, en defensa de los más básicos derechos humanos y políticos, por tanto, la ruptura de relaciones del Estado uruguayo con el gobierno de Israel.
Asimismo, es necesario clarificar este y otros elementos de debate hacia los propios votantes del FA, que esperaban un “golpe de timón” en la política económica e internacional.
