El Estado subsidia el negociado capitalista

Por un programa obrero para la vivienda

El actual gobierno derechista prometió resolver la crisis habitacional, generando nuevas viviendas y avanzando en la solución de los “asentamientos irregulares”, que surgen por la carestía enorme de los alquileres en la ciudad, lo que expulsa a cada vez más trabajadores a la periferia y a zonas sin los más básicos servicios.

En el reparto de carteras, al inicio del actual gobierno, Cabildo Abierto se quedó con el Ministerio de Vivienda y prometió 50.000 viviendas. A la mitad del mandato ya asumieron públicamente que no iban a alcanzar esa cifra y que en realidad se encontraban por debajo del 30% de las prometidas, esperando llegar a 15.000 al final del período. Quienes si pudieron acceder a una vivienda fueron personas cercanas a Cabildo Abierto y a la propia Ministra del MVOT, a quienes se los benefició con entrega de viviendas directamente, manteniendo el clientelismo y la corrupción.

El acceso a la vivienda para un gran número de trabajadores es sumamente dificultoso. No existe ningún plan real que facilite el acceso. Se mantiene desde los gobiernos del Frente Amplio, aquel plan de Vivienda Social, con enormes exoneraciones y prebendas para las empresas constructoras, que nunca o casi nunca llegan a manos de los trabajadores. Un estudio publicado hace unos meses indicaba que el 87% de las viviendas en este plan terminaban en manos de especuladores inmobiliarios que luego las alquilaban o las volvían a vender ya con otro precio.

En definitiva, quienes se han beneficiado con esta política han sido los empresarios y especuladores. Y también los bancos, fundamentalmente los privados. Es que estas viviendas que se consiguen a través de la ANV no obtienen el préstamo directo de esta, ni tampoco del BHU, sino que se deriva a cualquiera de los Bancos con créditos inmobiliarios, lo que termina implicando un nuevo beneficio para estos.

Por otro lado, el promedio de los alquileres se encuentra en el entorno de los $20.000, ubicándose por encima del salario y la jubilación mínima. Medio millón de trabajadores cobra el salario mínimo. Si consideramos que la población activa del Uruguay son 1,7 millones, estamos hablando de casi la tercera parte de la población activa. Según informe del MIDES en 2022 casi el 20% de los hogares pagan más de un 30% de su salario en vivienda.

Esta situación continúa empujando a los trabajadores al hacinamiento, a la precariedad absoluta, a los asentamientos y a la ocupación de tierras. Ocupación de tierras, que genera el riesgo de ser expulsados y perder todo lo construido.

Sin embargo, podemos ver decenas de edificios en construcción todos los años. Miles de viviendas desocupadas, la mayoría en venta o alquiler en manos de especuladores, otras tantas abandonadas.

Esto parecería indicar, que el problema no es solamente la cantidad de viviendas. Sino en manos de quienes están y que uso o fin tienen. Mientras se mantienen las condiciones de beneficio para la inversión y la especulación, los precios de las viviendas y el acceso son cada vez más prohibitivos para un gran sector de trabajadores.

Un plan de viviendas controlado por los trabajadores, expropiación de toda vivienda que no esté ocupada, impuestos progresivos al capital (en especial a las grandes constructoras), control de alquileres mientras tanto.

Reorganización de la economía bajo un nuevo régimen social, gobierno obrero. En estas elecciones, es parte de nuestro programa.