La situación endémica de cada comienzo de cursos, con clases superpobladas, falta de docentes y de personal, infraestructura destruida, falta de recursos y caos administrativo, es la consecuencia de una política sistemática de destrucción de la educación púbica, impulsada desde los organismos de crédito internacional y practicada obsecuentemente por los gobiernos de turno.
El proceso de mercantilización de la educación es un camino no lineal hacia la privatización lisa y llana y adopta múltiples formas y niveles. La más visible o explícita corresponde a la política de subsidios y exoneraciones tributarias de las que se beneficia, desde hace muchísimos años, la educación privada en su conjunto.
El Estado financia con recursos públicos toda suerte de programas con fachada asistencialista, del tipo Jubilar o atención a primera infancia, a través de organizaciones sociales (Ong’s) o convenios con asociaciones patronales para la formación de mano de obra. Se fomenta la contratación precaria y el voluntariado, pero sin perder las ganancias que les provee su actividad.
Por otro lado, la tercerización de las tareas relacionadas con la propia educación pública supone el traslado de gran parte de las tareas del sistema educativo hacia la órbita privada y significan, por sobre todo, desregulación laboral, precarización y rebaja salarial.
Asimismo, la aplicación de la ley de PPP (Participación Púbico-Privada) para financiar las obras de infraestructura constituye un paso sustancial en el desvío del dinero público al gran capital.
Mientras tanto, el sistema educativo se desmorona y hace agua por todos lados, parche sobre parche, al punto de ir creando las condiciones para justificar “naturalmente” el cambio de modelo. Esto es presentado como la única salida al grado de deterioro y descomposición alcanzado, del que se culpa a los docentes por la resistencia a estas políticas liquidacionistas, travestidas de ‘renovadoras’ y acordes ‘a los nuevos tiempos’.
El estado de cosas actual es producto de una política deliberada de ahogo presupuestal, de desmantelamiento y de retroceso cultural generalizado, consecuente con la descomposición del sistema capitalista y su voracidad depredadora. Están llevando a la educación pública a un punto crítico que habilite dar un paso más profundo, hasta ahora considerado absurdo e inaplicable en nuestro país, como es el váucher educativo, mediante el cual se procesa una nueva transferencia de fondos de lo público a lo privado.
¿Quién se puede extrañar mañana si frente a situaciones de desborde como las actuales, con superpoblación y estudiantes sin lugar en el sistema educativo público, las autoridades proponen trasladar grupos o estudiantes a centros educativos privados ya instalados y con toda la infraestructura funcionando, mediante el pago de un canon o similar para solucionar rápidamente y con un costo manejable los cuellos de botella que aparecen? Hoy se sugiere a docentes y padres que salgan en busca de casas o locales para alquilar de forma ‘provisoria’ para satisfacer las necesidades más acuciantes de espacios dignos. No hay rubro para construcciones pero sí para alquileres.
¿Qué padres se opondrían a la posibilidad de enviar a su hijo a un centro educativo en buenas condiciones, aunque signifique una renuncia a los principios de defensa de la educación pública tal y como la conocemos? Será promocionado como ‘una solución viable y racional’ frente a la alternativa de creación de centros nuevos desde cero, por las inversiones y el tiempo que demandan.
En este contexto, las luchas de docentes, estudiantes y padres por modificar las condiciones de trabajo y de estudio, la exigencia de más cargos, más grupos, más salones y construcción de nuevos centros, no es una lucha menor ni caprichosa. Por el contrario, a pesar de la fragmentación y focalización de sus manifestaciones, centro a centro, y del carácter circunstancial y momentáneo de los resultados favorables obtenidos, su importancia radica en que evidencia y coloca en primer plano los problemas de fondo de la educación pública, a saber: un insuficiente presupuesto sistemáticamente desviado a satisfacer el lucro privado y el saqueo de las riquezas producidas por los trabajadores.
No se trata de enfrentar a los docentes y su lucha con los padres y estudiantes y sus necesidades, tampoco de enfrentar a los trabajadores de la educación pública con los de la privada, sino de abordar estos problemas de conjunto y la salida que solo pueden abrir los trabajadores organizados para detener la embestida privatizadora.
Para parar la privatización en todas sus formas, hay que parar la reforma, hay que parar el deterioro de la educación pública, hay que parar.
Excelente análisis. En la ocupación del liceo 74 de Lezica se demostró la política de ahogo presupuestal aplicada por el gobierno. Ni un candado para el portón de entrada se dignaron a darle al liceo.