Decreto contra los piquetes: La cara represiva del ajuste

Vázquez acaba de aprobar un decreto que faculta al Ministerio del Interior a liberar “calles, caminos y carreteras” cortadas por manifestaciones de manera directa y sin orden judicial. Este decreto constituye un grave ataque al derecho a la protesta social y la lucha popular. El objetivo es dar vía libre a la policía para reprimir de forma inmediata, informando a la Justicia sobre el hecho consumado. Se trata de una nueva medida tendiente a la regimentación del Estado sobre las protestas populares.

La referencia regional de este decreto es el “Protocolo” anti piquetes aprobado por Macri en el 2015. Su antecedente nacional más directo es un decreto de 1999 durante la presidencia de Sanguinetti. El decreto del Poder Ejecutivo se inscribe en un proceso de fortalecimiento y aumento de potestades de los aparatos de represión, vigilancia y persecusión del Estado, que ha sido transversal a los tres gobiernos del Frente Amplio.

El gobierno se prepara para una escalada represiva contra el pueblo organizado, a través de la regimentación estatal de las luchas y del marco legal para la represión policial directa. El decreto de Mujica que prohibe ocupar edificios públicos, la esencialidad contra los docentes y trabajadores municipales, y la represión brutal de la Republicana en el CODICEN contra estudiantes, padres y docentes son algunos antecedentes en esta dirección.

Este decreto muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para imponer el ajuste fiscal, atacar al salario y defender los despidos y suspensiones. Al mismo tiempo, se trata de una concesión al capital extranjero con el objetivo de viabilizar las inversiones y la entrega nacional: es lo que exigen UPM y Montes del Plata contra los piquetes y los paros sindicales.

El gobierno impone esta orientación con la complicidad de las direcciones oficialistas del PIT-CNT, que no sólo no encabezan la lucha contra estas medidas represivas, sino que negocian con las patronales un protocolo que ampara la represión a las ocupaciones obreras.

Este decreto constituye un grave cercenamiento a las libertades y a los métodos de lucha populares. Los trabajadores y la juventud debemos enfrentar este ataque estatal y defender el derecho a la protesta y a la lucha del pueblo organizado.