De un tiempo a esta parte la pobreza más cruda está en la mira. Las personas que viven de la calle y en la calle han aumentado en número. En este invierno se estima que hay, al menos, 700 personas durmiendo en la intemperie. (El País, 15/6/18). Lo paradójico de la situación es que desde el 2005 con el ascenso del progresismo al gobierno son diversos los programas que atienden a estas poblaciones, sin embargo el problema de la pobreza no sólo no está siendo subsanado, sino que ha aumentado.
Las personas en situación de calle padecen de diversas falencias. Primero no poseen, lógicamente, techo propio; las enfermedades mentales y el consumo problemático de sustancias pululan en estas poblaciones, que viven al margen. El Estado no está dispuesto a gastar en rehabilitación e incorporación de estas personas en el mercado de trabajo. Los planes como el PASC (Programa de Atención a personas en Situación de Calle) del MIDES están abarrotados de personas, con cupos agotados. Los recursos de estos programas son escasos, lo que evidentemente lleva a que los refugios para hombres y mujeres y hogares 24 horas para mujeres con niños, niñas y adolescentes, sean en los hechos, “aguantaderos”.
Los trabajadores de este programa en particular, a su vez, estamos precarizados, tercerizados. Las Organizaciones de la Sociedad civil, que ejecutan dichos programas (que poseen vínculos políticos directos con las autoridades del ministerio) ganan licitaciones por poco tiempo, teniendo a sus trabajadores en una situación de vulnerabilidad similar a las de las personas que atiende el programa, sin derecho a antigüedad, expuestos al manejo de medicación, sin los conocimientos necesarios para esta tarea, poniendo en riesgo a la población atendida. Las cooperativas de trabajo que también ejecutan estos programas, terminan siendo focos de auto explotación y herramienta de precarización laboral encubierta bajo la carátula de cooperativa.
La Facultad de Arquitectura realizó un estudio en el 2014 donde se detectaron 339 viviendas sin habitar en el departamento de Montevideo. Desde el 2017 la IM intenta recuperarlas ya que son viviendas que poseen deuda con la Intendencia (El Observador, abril 2017). Sin embargo, los planes que han realizado con este fin no han solucionado los problemas de vivienda, el mercado inmobiliario sigue fijando precios impagables de alquiler, que hacen casi imposible alquilar a quienes vivimos de nuestro trabajo con sueldos de miseria. Tampoco ha puesto al servicio estas viviendas para quienes viven en la calle. El estado beneficia, así, la especulación del mercado inmobiliario y arroja al olvido a la población de calle. Lo cierto es que los cupos y el dinero destinado a estos programas sociales es cada vez menor. En el 2013 eran 1680 los cupos en refugios y hogares en todo el país; de estos, 220 eran contingencia, es decir que solo se abrían en invierno. Hoy hay 1660 cupos, y la población de calle aumenta. Si bien la diferencia puede ser baja, la situación aumenta en gravedad.
Los cupos en instituciones pertenecientes ASSE que trabajan el consumo problemático de sustancias son irrisorios. Es cada vez más difícil que una persona, hombre, mujer, adolescente o anciana usufructúe este derecho, ya que no dan los números. Pero más que números hay una situación clara: no es una prioridad de Estado defender la fuente de trabajo o la vivienda tanto de la población de calle como de los trabajadores. La política represiva hacia esta población es cada vez más frecuente, la mentada “ley de faltas” que permite actuar a la policía sacando las pertenencias y a la gente en situación de calle, para llevarla a un refugio, no funciona, la persona vuelve a esta situación.
El PASC es cada vez más una cárcel donde se mete la ‘basura de gente’ que el Estado no está dispuesto a atender. La situación ya es insostenible. Martínez escribe cartas al MIDES, el decano de facultad de Ciencias Sociales pidiendo auxilio ya que los “indigentes” no salen de su puerta. Se pasan la pelota. Ni unos ni otros van a sacar a las personas de la situación más que por horas, días o meses para llevarlas a refugios. Seguirán, en esencia, en la calle. La vida de estas personas se encuentra tan descompuesta como el sistema en el que viven, la crisis del capital arroja cada vez a más gente al margen; el Estado utiliza esto para justificar políticas represivas, a la vez que precariza trabajadores, matando dos pájaros de un tiro.
Debemos saber, que es el pago de la deuda externa (la cual representa más de la mitad del PIB) el que coarta todo tipo de política social que pretende mejorar estas situaciones. Mientras el Estado siga priorizando el pago de una deuda que jamás se terminará de pagar, la población de calle y la precarización laboral seguirá existiendo.
Los trabajadores de refugios junto a los usuarios debemos luchar para arrancarle al Estado una política de vivienda integral seria, donde las casas morosas no habitadas estén puestas al servicio de las personas que no tienen casa y quienes no podemos pagar alquiler. Debemos arrancarle al Estado también el derecho a ser trabajadores en plantilla del MIDES. Para trabajar con personas vulneradas, debemos primero tener trabajos estables con todos los derechos sociales correspondientes. El Estado debe garantizar programas de rehabilitación a las personas con consumo problemático de sustancias y atención en salud mental sin cupos ni restricción alguna.
¡Los trabajadores y usuarios debemos organizarnos!
