En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. “Seguro que fue un sueño”, insistían los oficiales. “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales.
“Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez
En Colombia, en la última semana, el pueblo se levantó, no solo contra el gobierno (de Iván Duque) último avatar de una dinastía narco-criminal, sino contra todo un régimen político, cuya fachada “democrática” apenas oculta su raíz policial/militar, cómplice del accionar asesino de grupos paramilitares y apoyados por el capital financiero internacional y el FMI. El régimen, en las últimas décadas, ostenta el récord latinoamericano y mundial de asesinatos de dirigentes y activistas sindicales.
Según datos de 2013, desde 1984 han sido asesinados más de 2.800 sindicalistas, casi 100 sindicalistas por año, con un nivel de impunidad del 94,4%. También se registraron 3.400 amenazas de muerte, 1.292 desplazamientos, 529 detenciones, 192 agresiones a sindicatos, 208 hostigamientos, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de tortura y 163 secuestros de sindicalistas, según datos de la Confederación General del Trabajo (CGT). El 64% de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo se cometieron en Colombia. Entre enero de 1973 y diciembre de 2018 se registraron 14.992 violaciones a la vida, libertad e integridad física de sindicalistas, con 3.240 homicidios que tuvieron como víctimas a más de 480 sindicatos. En el año y medio que nos separa de esa estadística, las cosas solo empeoraron. Según una encuesta reciente, en 2020 hubo más de 250 crímenes cometidos por grupos paramilitares y bandas criminales, operando en connivencia con el Estado. Duque, además, reactivó la fumigación con glifosato de los cultivos de hoja de coca, interrumpida en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y luego de múltiples protestas de los campesinos. Duque insistió en la importancia de los militares en el control de las protestas populares, continuando con el “uribismo” -término que identifica al grupo vinculado al ex presidente Álvaro Uribe, jefe de la actual marioneta presidencial.
La semana pasada, las protestas contra el reaccionario proyecto de reforma tributaria del gobierno, que aumentaba brutalmente los impuestos pagados por los trabajadores, hasta ahora han dejado un saldo de 21 muertos y más de 800 heridos, además de al menos seis violaciones, según informes de la Defensoría Pública colombiana; muchos de los heridos fueron víctimas de armas de fuego. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acusó a las agencias de seguridad colombianas de “uso excesivo de la fuerza”, debido a lo ocurrido en Cali la noche del 3 de mayo, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acusó a grupos armados de “criminales” por la violencia en las protestas. Ante las protestas, el presidente Iván Duque solicitó al Congreso que retire del listado de votación el proyecto de reforma tributaria para que sea revisado y se convierta en “el resultado del consenso, para evitar la incertidumbre financiera”. “La reforma no es un capricho, es una necesidad”, sin embargo, insistió Duque.
¿Cómo se llegó a esto? A partir del 28 de abril, un gran paro nacional contra la reforma paralizó la capital colombiana y el resto del país. Se registraron más de 130 piquetes y movilizaciones en toda Colombia. En Bogotá, el tránsito se paralizó desde el inicio con piquetes en las entradas a la ciudad, garantizados por trabajadores, estudiantes y transportistas que adhirieron al paro. Los cortes se hicieron cruzando camiones, con piedras en los caminos y quema de gomas. La ciudad fue el epicentro de una gran movilización que reunió a las centrales sindicales del país, las confederaciones de jubilados, estudiantes públicos y privados, indígenas y campesinos. Hubo enfrentamientos con el escuadrón de la muerte Esmad, responsable de más de una decena de asesinatos el año pasado, tras la rebelión popular en la capital por el asesinato de un joven trabajador a manos de la policía local. Medellín cerró el metro. En Bucaramanga, Tunja, Cartagena y otras ciudades, hubo varias movilizaciones y un cacerolazo desde las 6 de la tarde.
Con la reforma tributaria, el gobierno intentaba enfrentar una situación de bancarrota fiscal. Colombia tuvo un déficit fiscal del 7,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo. Con esa reforma el gobierno pretendía recaudar 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 a costa de los bolsillos de los trabajadores y del pueblo; el 87% de los ingresos provendría de los salarios y sólo el 13% de las ganancias capitalistas, en un contexto donde la pobreza ya alcanza al 42,5% de la población. En 2019, había 17,4 millones de pobres; actualmente son 21 millones los pobres, en medio de un colapso sanitario provocado por el coronavirus. Los hospitales están al borde del colapso y los trabajadores de la salud están exhaustos. Colombia tiene más de 2,8 millones de contagiados y casi 74.000 muertos: es el cuarto país con más contagios y el quinto con más muertes en América Latina y el Caribe.
El proyecto de reforma establecía el aumento de impuestos a la renta y sobre productos básicos, con el fin de incrementar la recaudación tributaria y evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las evaluaciones de riesgo de los organismos internacionales, además de generar una renta básica y un fondo de preservación del medioambiente. El gobierno defendió la necesidad de recaudar el equivalente al 2% del PIB y “sostener los programas sociales implementados durante la pandemia Covid-19”. Sin mencionar que la histórica corrupción colombiana se tragaría las migajas destinadas a las “zanahorias” del proyecto (medio ambiente, “renta básica” – ayuda de emergencia), la mayor parte de la nueva recaudación estaría destinada a la retribución del gran capital financiero-usurero, especialmente a nivel internacional, lo cual fue confirmado, entre líneas, por informaciones de los grandes medios colombianos: “Economistas de distintas vertientes coinciden en que Colombia necesita una reforma tributaria que le permita recaudar más para mantener sus cuentas al día y también preservar la reputación de estabilidad ante los acreedores internacionales” (énfasis nuestro). Es decir, saquear al pueblo para pagar la deuda usuraria con bancos y fondos de inversión, sobre todo internacionales. El pueblo salió a la calle.
La huelga general del 28 y 29 de abril se extendió hacia el 30 de abril y el 1 de mayo. Se convirtió así en huelga general y una rebelión popular con movilizaciones, cacerolazos y luchas callejeras contra las fuerzas represivas. El alcance de las medidas de fuerza convocadas por la Comisión Nacional de Desempleo, que agrupa a las centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), provocó una primera reacción del presidente. El viernes 30, el gobierno anunció una modificación en el proyecto: las masas populares, ya lanzadas al combate, insistieron en el retiro total del proyecto. El 1 de mayo, la rebelión se extendió por todo el país y ganó un nuevo impulso. Además de las manifestaciones en la capital Bogotá, que fueron a la Plaza de Bolívar, cerca de la sede del Poder Ejecutivo y a la casa del presidente Duque, hubo grandes marchas en Barranquilla, Medellín, Cali y Neiva. Por la tarde, las organizaciones campesinas anunciaron su adhesión a la protesta.
Incluso la derecha pidió el retiro de la reforma, que solo hizo crecer la chispa de la rebelión popular. En los últimos días el gobierno y los medios de comunicación habían intentado desactivar la movilización diciendo que no tenía en cuenta las necesidades de lucha contra el Covid-19. Los docentes participantes respondieron que el combate y la presencia era lo que se necesitaba para reducir las infecciones y ese era uno de los objetivos del paro educativo nacional. Finalmente, el domingo 2 de mayo, el gobierno se vio obligado a retirar por completo el proyecto de reforma. Incluso cuando Duque anunció la suspensión del proyecto, el clamor popular se mantuvo, con la consigna “la huelga sigue”, en referencia al nombre del movimiento que encabezó las protestas: Huelga Nacional. Duque es una prueba de hierro de las grandes empresas y su ahora exministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció bajo la presión de las manifestaciones, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas. Ambos encarnan el “modelo económico” al que atacan las protestas, porque convierte al país en uno de los más desiguales de América Latina y el mundo. El movimiento popular sostiene que la economía colombiana está “arraigada en el clientelismo político” que ha eximido de impuestos a los grandes oligopolios agrícolas y mineros, entre otros sectores.
Pero la reforma fiscal fue sólo la chispa. La rabia de los manifestantes se manifiesta, centralmente, contra las “fuerzas de seguridad” de un régimen de características policiales establecido desde hace más de medio siglo, que bajo el pretexto de combatir a la guerrilla (hoy casi totalmente integrada al régimen político: Juan Manuel Santos, Timochenko, líder de las FARC, firmó un acuerdo de paz en 2016, mediado por el gobierno cubano) lo utilizó para expropiar y desplazar a millones de campesinos, dejándolos en la miseria y favoreciendo la concentración latifundista. En septiembre de 2020, anticipándose a la indignación actual, y también durante las protestas, el asesinato de 13 personas en medio de una represión policial en Bogotá provocó un debate sobre la necesidad de una “reforma policial”, incluido el desmantelamiento de un escuadrón encargado de reprimir manifestaciones. Las policías colombianas forman parte del Ministerio de Defensa y están estructuradas – en su formación y objetivos – para el contexto del conflicto armado contra un enemigo concreto: las “fuerzas marxistas”.
La rebelión popular fue respondida con la militarización de las calles. Los senadores del partido gobernante (el “Centro Democrático”) propusieron que se estableciera un estado de conmoción interna, un estado de sitio. El opositor “Frente Progresista” no movilizó fuerzas el día 28 y solo rompió su silencio para repudiar el “saqueo” durante las movilizaciones. El reemplazo de Carrasquilla busca generar un “consenso en torno a la reforma tributaria” con los sectores de centro y derecha y conformar un “consejo consultivo”. A pesar de la retirada de la reforma y la dimisión del ministro, la huelga sigue transformándose en una huelga política bajo el lema “Fuera Duque”. En un comunicado conjunto, las centrales sindicales pidieron la desmilitarización de las ciudades, la vacunación masiva y el fin de la presencialidad escolar. El movimiento indígena Minga, junto con otras organizaciones sociales, pasó a defender la “renuncia del presidente Duque”. Las caravanas de camiones cortaron el acceso y las movilizaciones a plazas y parques, buscando el apoyo de la población. La respuesta a la represión en Cali fueron cientos de miles en las calles, la ciudad fue nombrada “capital nacional de la Resistencia”.
En Popayán, capital del Cauca (departamento con mayor número de campesinos desplazados y violencia paramilitar), los manifestantes prendieron fuego a establecimientos policiales. Esmad entró en la Universidad Industrial de Santander, reprimiendo a los estudiantes. Hace dos semanas, Duque había creado una justicia militar “con independencia financiera, administrativa y operativa” que no estaría bajo el mando del Ministerio de Defensa militarizado. Sin embargo, la iniciativa fue mal recibida, porque los miembros de la policía seguirán siendo juzgados por militares, como sucede con el PM en Brasil, que tiene su propio foro judicial. Uribe reivindicó a través de su cuenta de Twitter el “derecho de los soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad”. La fuerza ejecutora de las masacres es el servicio de seguridad y espionaje – Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), cuya disolución es exigida por los manifestantes.
La movilización colombiana está solo comenzando. Hace tambalear un régimen clave para el mantenimiento del orden imperialista en América Latina, en el único país de América del Sur con costas en el Atlántico y el Pacífico, con cinco bases militares estadounidenses, y, también, en el Caribe. Puede comenzar una nueva etapa política en nuestro continente. La lucha contra el régimen más reaccionario de la región, el del genocida Bolsonaro, gana un aliado decisivo donde el capitán y su corte militar menos lo esperaban. ¡Organicemos manifestaciones contra la represión en todas las delegaciones diplomáticas colombianas! Todo el apoyo al pueblo colombiano en lucha, ¡ya!
Traducción: Ariel Barreiro
