Lo que está ocurriendo en el país trasandino es más que un derrumbe de un gobierno, cuyo nivel de popularidad está por el suelo. Es una crisis del régimen político todo.
Quien lo describió más elocuentemente es el ex presidente Ricardo Lagos, quien señaló que Chile enfrenta “la peor crisis de su historia”, con excepción de la que culminó con la caída de Salvador Allende y el golpe de 1973. “La ciudadanía no confía ni en las instituciones ni en los actores políticos (…) Estamos todos cuestionados, cualesquiera sean nuestras posiciones y cargos”, remarcó el ex jefe de Estado. Y agregó: “La crisis ahora es institucional…. Y esto tiene que ver con la reacción de la ciudadanía ante la institución presidencial, ante el Parlamento, ante los jueces (…) Y no hablemos de los partidos políticos”.
Agotamiento
Este agotamiento viene jalonado por señales poderosas. Chile ya vivió con el gobierno de Sebastián Piñera la experiencia de la derecha en el poder, que terminó desmoronada. El regreso de la Concertación (coalición del Partido Socialista y la Democracia Cristiana), que condujo en las últimas dos décadas los destinos del país, con excepción del breve interregno derechista, está muy lejos de haber cosechado el entusiasmo popular.
No hay que olvidar que la presidenta Michelle Bachellet volvió a la Casa de la Moneda con el 60% de abstención.El concertacionismo ha gobernado el país sobre la base de las instituciones creadas bajo la dictadura de Pinochet, y se ha empeñado en defender los avances del gran capital contra el movimiento obrero.
La Concertación ha tratado de contrarrestar esta declinación integrando al PC al gobierno, en un intento por revivir una nueva Unidad Popular (el nombre de la coalición que gobernó con Allende). Pero este recurso no ha evitado que el deterioro persistiera, lo cual se constata en la existencia de un creciente descontento popular y el desarrollo de respuestas de lucha.
Esto se potencia bajo el impacto de la bancarrota capitalista. El precio del cobre, fuente de divisas y de ingresos fiscales, se ha reducido en un 30 por ciento en los últimos dos años, luego de haber retrocedido en años anteriores.
Rebelión
Las tentativas de hacer recaer la crisis sobre los hombros de la clase obrera está provocando una creciente rebelión. Los mineros de distintos yacimientos salieron recientemente a la huelga por su convenio y por los cierres o suspensiones de tareas.
Los estatales acaban de hacer un parazo por reclamos salariales, que tuvo un 90 por ciento de acatamiento. Esto se combina con la movilización de un millón de manifestantes en la calle contra la jubilación privada en agosto pasado.
Está convocada una nueva protesta para el 16 de octubre próximo y se ha anunciado un paro nacional para comienzos de noviembre (ver nota en la web). Mientras tanto, sigue latente y sin resolución el reclamo de los estudiantes a favor de la gratuidad de la educación.
La coalición gobernante ha tratado de surfear esta crisis con un plan de reformas (laboral, jubilatoria, educativa y hasta institucional) que apunta a hacer cambios menores con la finalidad de rescatar las bases sociales y las instituciones puestas en pie bajo la dictadura.
Este operativo, sin embargo, hace agua por todos lados. Las rebeliones educativa y jubilatoria atacan dos de los pilares fundamentales de la herencia pinochetista y, como tal, plantean un nuevo escenario.
Lo mismo puede decirse de la denodada lucha de los trabajadores por la recomposición de los salarios y contra la flexibilidad laboral, en lo que se prefigura como un nuevo despertar del movimiento obrero.
Las movilizaciones se abren camino al desafiar el chaleco de fuerza de la burocracia sindical oficialista y, de un modo general, el dique de contención establecido por el PC.
Disgregación política
Este panorama es lo que ha llevado a Lagos a afirmar en forma lacónica: ”No sé si el país aguanta un año y medio con esta crisis”. Uno de los principales socios de la Concertación, la Democracia Cristiana, no descarta presentarse por separado en las próximas elecciones, lo que es una señal inconfundible de las poderosas tendencias a la disgregación del frente popular, esto en medio de una creciente dislocación del Estado y de la economía.
A la colaboración de clases en retroceso, es necesario oponerle un planteo obrero y socialista. En lugar de que la crisis la paguen los trabajadores, que lo hagan los capitalistas: nacionalización de la banca, las corporaciones mineras y recursos estratégicos, control y nacionalización del comercio exterior, estatización de las AFP para aplicarlas a un aumento a los jubilados y colocar sus recursos al servicio de un plan de industrialización; consagrar un salario equivalente a la canasta familiar y la escala móvil de salarios y horas de trabajo; supresión de los aranceles educativos; educación y universidad gratuitas a cargo del Estado. Por un gobierno de trabajadores.
Planteo político
Entendemos que la izquierda chilena debería arribar a un acuerdo en torno a una reivindicación política independiente del Estado y sus partidos en esta crisis. El gobierno ha implementado una reforma cosmética del sistema electoral “binominal” proveniente de la dictadura -que flexibiliza algunos de sus mecanismos más proscriptivos y posibilita una mayor representación política- y que comenzará a ponerse en práctica a partir de 2017.
Se pretende oxigenar al régimen político en crisis mientras siguen en pie sus fundamentos sociales actuales, en que se apoyan el saqueo y la confiscación de los explotados. En oposición a ello, proponemos abrir un debate en torno al planteo de una Asamblea Constituyente libre y soberana, dirigida a poner fin a la herencia pinochetista en todos los planos y discutir una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.
La izquierda y las tendencias combativas del movimiento obrero necesitan ponerse a la cabeza de esta batalla, que apunte a transformar a la clase obrera en alternativa de poder.
Economista, docente en las carreras de Historia y Sociología de la Universidad de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero (Argentina).
