En los últimos meses, la titulación docente, la violencia en los entornos educativos y las condiciones presupuestales han acaparado la agenda educativa, generando distintas respuestas a lo largo y ancho del país.

Las autoridades, por su parte, convocan a participar en el debate, mientras las decisiones sustantivas continúan siendo abordadas “desde arriba”, de forma inconsulta e impuesta. Los gremios estudiantiles y los trabajadores de la educación han planteado una oposición a esta política, con grados y metodologías diversas.

Mientras tanto, en todo el país se desarrolla el 4º Congreso Nacional de Educación, cuyo carácter no es vinculante. Para esto, el gobierno del FA convocó a las Fuerzas Armadas, empresarios, sindicatos, docentes, estudiantes, familias y comunidades a “construir futuro y un Uruguay con más igualdad de oportunidades”, sostenía Mahía en abril de este año.

El propio Congreso ha sido presentado como un espacio para debatir en torno a cuatro grandes ejes: la educación como derecho, la participación, las trayectorias educativas y los desafíos de la virtualidad y la inteligencia artificial. Su carácter no vinculante es clave para comprender la escasa adhesión en los trabajadores y estudiantes: lo que allí se discuta puede o no ser adoptado por el gobierno, tal como pasó con los anteriores, en especial el primero “Congreso Julio Castro”.

En paralelo a las asambleas territoriales poco concurridas, la circulación de documentos y la gira mediática de las autoridades de la educación, el desmantelamiento de la educación pública continúa.A nivel presupuestal y de política educativa, el gobierno continúa respondiendo a los requerimientos de los organismos internacionales y del gran capital.

Una muestra de esta metodología ha sido la iniciativa en torno al Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de Educación Media, aprobado por el CODICEN de la ANEP mediante la Resolución N.º 3009/025. El mecanismo de titulación contempla una vía para docentes que tengan al menos ocho años de ejercicio, un puntaje de inspección o dirección no inferior a 71 puntos y una formación vinculada al área disciplinar equivalente, como mínimo, a la mitad de la carrera correspondiente.

La ANEP presentó la medida como una política de profesionalización y señala que procura responder a la situación de miles de docentes que trabajan en Educación Media sin haber obtenido su titulación y que tampoco tendrían posibilidad de efectivizar según los cambios introducidos por la LUC (a la cual, el FA no ha hecho esfuerzos por derogar).

Esta resolución fue duramente enfrentada especialmente, por los gremios estudiantiles de los centros de formación docente, que llevaron adelante ocupaciones a lo largo y ancho del país, así como de los sindicatos docentes.

Los límites de la colaboración de clases frente a los problemas estructurales

En este contexto y frente a ocupaciones y medidas gremiales, el CFE había dispuesto el pasaje a la virtualidad de cursos. Luego de la intervención de los sindicatos nucleados en la CSEU y la posibilidad de que se concretara un paro de 24 y en contra de la esencialidad encubierta, se convocó a una negociación tripartita en DINATRA, la ANEP resolvió pausar esa aplicación y convocar a un equipo de discusión de los aspectos de la norma que fueron denunciados.

Con limitaciones, este proceso ha demostrado que es posible generar condiciones a través de la lucha independiente, para la revisión (aunque parcial) de medidas del gobierno.

Sin embrago, el gobierno insistirá en su aplicación, por lo que es fundamental continuar reivindicando la suspensión de la “titulación exprés” para docentes que no han cursado la carrera, garantizando a los docentes que ejercen bajo distintas formas, las posibilidades reales para cursar la formación específica y obtener la titulación y las herramientas necesarias para el mejor ejercicio.

Asimismo, los conflictos que aparecen como problemas aislados forman parte de una discusión general sobre quién decide la política educativa, con qué participación y bajo qué condiciones.

El problema presupuestal no desaparece, se agudiza

La política educativa, directamente relacionada con el problema presupuestal, expresa las prioridades de los gobiernos respecto a la educación. El año pasado, la propia ANEP había solicitado para el quinquenio un incremento que llevase el presupuesto educativo al equivalente al 4 % del PIB, junto con expansión del tiempo educativo, alimentación en Educación Media, becas, obras y fortalecimiento de la formación docente. Sin embargo, el presupuesto aprobado para abordar las necesidades de infraestructura, salarios, equipos multidisciplinarios, materiales didácticos, etc, ronda el 11% de esa solicitud.

En este cuadro debe abordarse el problema de la titulación docente, el cual requiere soluciones estructurales, que el sistema educativo en el marco del Estado capitalista, no puede brindar. Sin embargo, de forma transitoria, debe introducirse en el debate el problema de las condiciones materiales del ejercicio de la tarea docente, la cantidad de horas de trabajo semanales y las posibilidades reales de profesionalización.

En este sentido, un sistema que necesita docentes titulados también necesita que esos docentes puedan estudiar. De inmediato, hace falta tiempo para formarse, salarios que eviten el multiempleo, estabilidad laboral y en la carrera profesional y funcional, horas de coordinación pagas, materiales adecuados para el desempeño de la tarea.

La realidad de las instituciones educativas y los problemas que atraviesan, tales como la violencia social y estatal que impacta en ellas, la falta de recursos presupuestales, las carencias de equipos socioeducativos, por mencionar algunas, discurren día a día.

Es necesario que los trabajadores extraigan las conclusiones de estas experiencias y del rol de la burocracia sindical, que prioriza procesos de “diálogo” a la lucha contra los ataques del gobierno. Buscan generar las condiciones para una política de colaboración de clases, que no es otra cosa que un cepo para la movilización independiente de los trabajadores y estudiantes.

Urge un plan de lucha que centralice las acciones en una plataforma que priorice las condiciones de estudio y trabajo, en el desmantelamiento total de la TCI y la normativa que la sostiene, en el aumento de la represión estatal en los entornos liceales y en el fracaso de la aplicación de los protocolos de accionar vigentes.