En los últimos días, Jenifer Cherro se vio envuelta en un nuevo escándalo, adjudicándose un cargo de inspección que luego fue revocado por CODICEN. Si bien es un hecho repudiable que viola la normativa vigente sobre el acceso a cargos para los trabajadores, es harina del mismo costal. Cherro representó para secundaria el brazo armado del parlamento más reaccionario contra los y las trabajadoras de la educación.
Recordamos dos procesos paradigmáticos que muestran su accionar antiobrero y persecutorio. El primero en 2021, cuando docentes de San José fueron perseguidos y sumariados por ejercer la libertad de expresión: el sumario giró en torno a una investigación que se inició cuando los compañeros se tomarón fotos, en el marco de una campaña sindical, con carteles contra la reforma denominada “Vivir sin miedo”, impulsada por el fallecido Jorge Larrañaga: un coctel represivo que buscaba galvanizar a las fuerzas políciales pemitiendole detener personas en la vía pública sin mayores reparos y habilitar los allanamientos nocturnos, un anhelo reaccionario del que echan mano recurrentemente los arribistas políticos. La punta de lanza de esta ofensiva fue que los compañeros violaban la “laicidad”.
Simultáneamente, fue notificado Marcel Slamovitz de un sumario iniciado por ejercer la actividad sindical. Este brutal ataque fue orquestado desde el propio gobierno y el parlamento, encarnado en la figura del diputado por el partido colorado Felipe Schipani. Las denuncias derivaron en un proceso excesivamente largo y mediatizado.
La persecución era claramente un ataque a la organización ya que se cuestionaban las horas de licencia para poder ejercer la actividad sindical, mientras se implementa una contra-reforma educativa ampliamente resistida por los docentes.
La categoría de contra-reforma tiene que ver con que profundiza la inestabilidad laboral, la sobrecarga de tareas, la precarización de los contratos laborales y la universalización de privatización de servicios básicos. Por otro lado, en el ámbito pedagógico, la eliminación de contenidos y la flexibilización curricular, la eliminación de la repetición, entre otros, son elementos que evidencian un retroceso educativo para la población trabajadora que asiste a la educación pública, siguiendo un proceso mercantilizador. Los nuevos perfiles docentes, como las asignaturas-taller que están estrictamente relacionadas con los “proyectos de centro” y le ponen un corsé a la libertad de cátedra de los trabajadores. Datos no menores de esta anti-reforma.
El segundo proceso fue la persecución sobre los gremios estudiantiles, ejemplarizado por lo sucedido con el Centro de estudiantes del IAVA quienes fueron desalojados de su salón gremial, con la excusa de la construcción de una rampa de accesibilidad que nunca se construyo y que no era técnicamente viable en ese lugar. La negativa del director de desalojarlos determinó su separación del cargo por 150 días, pese a que jurídica había determinado 10, por “insubordinación” apoyar a sus estudiantes fue la motivación de la inédita sanción aplicada. Conjuntamente con esto, se reducen los grupos del liceo IAVA a la mitad, quitando todos los cuartos años y nombrando a dos inspectoras como interventoras. Al día de hoy, siguen siendo citados a declarar a jurídica los docentes del núcleo sindical por denuncias falsas fabricadas por las interventoras en cuestión.
Estos hechos de gran notoriedad no fueron los únicos. Se desconoció por completo la autoridad pedagógica de las ATD, se desactivo toda participación docente del proceso de elección de horas, se desalojó cada ocupación y no se escuchó a los reclamos docentes en torno a mejoras de condiciones laborales. No se realizaron más obras ni se construyeron más centros educativos, se recortaron horas y se aplicó a rajatabla una reforma totalmente anti educativa.
Pero el accionar de Cherro no es un hecho aislado, personal, sino la expresión más visible de una política que responde a los intereses del capital y a los lineamientos de los organismos internacionales de crédito, y que van a contrapelo de lo reclaman los docentes, trabajadores de la educación, estudiantes y familias. Para imponer estas reformas, era necesario quebrar la lucha de los trabajadores organizados.
1 de marzo
El nombramiento de reconocidos dirigentes sindicales al frente de la ANEP por parte del gobierno entrante es visto como un importante cambio en la situación ya que hay compromisos de poner límite a la política de persecución y sanción. Sin embargo, la repudiada reforma seguirá su curso y el reclamo histórico de 6% del pbi para educación + 1% para investigación está pendiente, en medio de los anuncios del futuro ministro de economía de desindexación salarial y reforma tributaria.
La única garantía para lograr estas reivindicaciones y dar un golpe de timón en los rumbos de la educación es la lucha independiente de los trabajadores organizados para conquistar el presupuesto requerido y su distribución, los lineamientos pedagógicos, y por supuesto autonomía y el cogobierno genuinos.
