En los últimos días se han publicado los datos del “monitor educativo” y de la encuesta institucional a docentes de todos los niveles de la ANEP. El panorama que se presenta es demoledor: la repetición no retrocedió, de hecho aumentó, y los docentes desaprueban los elementos fundantes de la “transformación educativa”. Sin embargo, la contundente comprobación del fracaso no es motivo de freno o tan siquiera de revisión, se seguirá adelante hacia el precipicio.
Recientemente se han presentado los lineamientos y programas para el 5° y 6° año de bachillerato a aplicar en 2025, continuando el derrotero de la transformación del 4°año, hoy 1°EMS (Educación Media Superior) y del EBI (Educación Media Básica), ahora llamado 7°, 8° y 9°. En el segundo año de aplicación de este plan, no se cuentan con balances o registros que evidencien algún tipo avance en los aprendizajes de los estudiantes de la educación pública, solo la promoción forzada para que los datos cierren.
Como parte del paripé electoral, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado prometió que si gana la elección, otorgará un “premio” de U$S 6.000, para los estudiantes más pobres que terminen el liceo, mitad en quinto y mitad en sexto, a partir de 2025 2° y 3° EMS. Esta medida, alcanzaría a unos 10.000 estudiantes resultando un costo de U$S 60 millones aproximadamente, cifra nada despreciable si se hubiera volcado a la Anep durante el gobierno actual para mejorar las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas y la sobrepoblación de los grupos (más de 35 estudiantes por clase), para material didáctico, equipos multidisciplinarios, u otras carencias producto del recorte presupuestal sin precedentes. Desde 2019 a la fecha, según el observatorio de Anep, se perdieron 564 grupos en secundaria, lo que significa al menos 18.000 horas de clase. A lo que se suman las 50.000 horas menos producto del recorte de las horas destinadas a la coordinación entre docentes.
Detrás de esta promesa electoral, se esconde además la noción de que los estudiantes no egresan de la educación media porque no quieren, por lo que necesitan “estímulos” para culminar su trayectoria. Los graves problemas que se expresan -entre otros aspectos-, en los egresos de la educación secundaria pública, se solucionarían con un incentivo individualizado al terminar el ciclo. De manera muy distorsionada, es una forma de reconocer el fracaso del recorte presupuestal denominado “transformación educativa” por el gobierno: a pesar de toda la flexibilización curricular y de evaluación, como la permisividad de inasistencias e ingreso a las aulas, los jóvenes no egresan.
El aumento de los egresos en 2020-2021, celebrado con bombos y platillos por el gobierno, -que terminó de pavimentar la carrera política de Robert Silva-, puede explicarse esencialmente por dos factores: por un lado la flexibilización del pasaje de grado y por otro, el ingreso de estudiantes adultos a finalizar sus estudios, durante la pandemia.
Como se ha señalado anteriormente, el ajuste presupuestal llamado “transformación curricular integral” no aborda los principales nodos en el egreso de secundaria: los estudiantes con extraedad y condicionamientos laborales, por el contrario, la actual administración se encargó de desmantelar la ya precaria enseñanza para adultos.
El pasaje de grado sin limitaciones generó un cuello de botella, con estudiantes que acceden a niveles superiores de la educación media, sin los conocimientos y herramientas necesarias. Para aprender se necesita tiempo, y el tiempo en el capitalismo, es dinero. Por tanto, al recortar el dinero destinado a los procesos académicos, se recorta el tiempo necesario para que estos se desarrollen, incurriendo en un incumplimiento del vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, intentando estandarizar (como si de una fábrica se tratase) los procesos necesarios para acceder a la acreditación con las llamadas “rúbricas”; lo opuesto al discurso público.
La flexibilidad en el pasaje de grado fue moderada, al tiempo que se redujeron las cohortes de adultos que volvieron a estudiar. Y con esto, se le pinchó el globo al gobierno.
Sin embargo, los aspectos medulares de la contrarreforma surgen de los organismos internacionales de créditos y los fundamentos “criollos” se encuentran en los acuerdos multipartidarios del 2010.
En este sentido, el ajuste presupuestal y la persecución a docentes y estudiantes para imponerlo, no es una “improvisación”.
Al contundente rechazo de las ATD liceales, se suman la encuesta institucional a los docentes, realizada por la ANEP (llamada Encuesta Anual de Procesos Educativos). Más de la mitad de los docentes encuestados (53%) sostiene que no se modificó el trabajo de aula, aunque sí la evaluación (menos exigente).
Sin embargo, la cifra que es aplastante es la siguiente: menos del 20% de los docentes de los liceos reconoce que la “transformación educativa” no influyó en la protección de las trayectorias de los estudiantes y el 60% de los directores plantea lo mismo. Asimismo, en cuanto a la convivencia dentro de los centros educativos, menos del 25% de los docentes piensan de forma favorable.
¿Qué hacer?
Los trabajadores docentes debemos tomar la iniciativa: como en los fenómenos huelguísticos de 2022, debemos rechazar esta reestructuración gerencial de la educación, reafirmando que debe ser suspendida inmediatamente. Este planteo sólo puede triunfar como fundamento de un plan de lucha, que debe ser discutido por gremios y sindicatos de la educación, acompañado de una gran campaña hacia la población trabajadora, a las familias y a los estudiantes sobre la necesidad de esta lucha y el triunfo de la misma para que las generaciones futuras se apropien de los conocimientos y saberes que les pertenecen y a los que tienen derecho.
Una vez más, sostenemos que no debe colocarse ninguna esperanza en un posible gobierno del Frente Amplio, que aprobó las bases políticas y pedagógicas de la actual reforma, expresada en los acuerdos multipartidarios de 2010 y en los compromisos con los organismos internacionales de crédito que tanto multicolores como progresistas sostienen.
El rechazo a la persecución política a los trabajadores de la educación, a la política educativa del gobierno, así como al ajuste que implica, debe ser el primer paso de un proceso de lucha que lo enfrente decididamente, empalmando estas reivindicaciones con un programa de aumento presupuestal inmediato, y el reclamo de autonomía y el cogobierno para la ANEP como condición sine qua non que garantice la concreción de este programa en beneficio de los involucrados, docentes y estudiantes.
