Por un inmediato paro general y un plan de lucha
El gobierno declaró que ha culminado la elaboración de un proyecto de ley de reforma jubilatoria, y que comenzará a negociarlo en el marco de la coalición de derecha que lo sostiene, para luego enviarlo al parlamento.
Sin dudas el proyecto lo tienen hace mucho tiempo, y han elegido relanzar esta reforma reaccionaria en este momento, luego de encauzar la votación de la rendición de cuentas presupuestal, y luego de cerrar convenios colectivos con los trabajadores estatales.
El gobierno estuvo deshojando la margarita sobre enviar o no este proyecto. La vacilación respondía a evitar “pagar el costo político” (electoral) en caso de que la reforma sea votada únicamente por la derecha (sin el apoyo del Frente Amplio), lo cual revela que el proyecto es un mazazo a la clase obrera toda -incluidos por supuesto los trabajadores que votaron a Lacalle- y que pone en jaque a la continuidad de esta coalición. Un gran obstáculo para el gobierno es lograr llevar la reforma también a la Caja Militar, a la cual el Estado transfiere más de 400 millones de dólares anualmente (para asistir a un régimen de privilegio para la alta oficialidad). Manini Ríos (y Cabildo Abierto) expresa los intereses corporativos de esa casta militar, por lo que es difícil acordar con ellos esa reforma. A la vez, atacar aún más las ya magras jubilaciones y derechos de los trabajadores que aportan al Banco de Previsión Social (BPS), sin tocar a la Caja Militar, aparece como un flanco muy evidente para la reforma derechista.
La participación del Frente Amplio (incluso si en última instancia no llega a votar totalmente la ley) es fundamental para el gobierno, pero no únicamente por el riesgo de perder votos en 2024, sino ante todo para asegurar la contención del movimiento obrero. Las reformas jubilatorias del FMI han provocado en todo el mundo procesos huelguísticos e incluso levantamientos populares, que no fueron impulsados por las burocracias de los sindicatos ni por las dirigencias centroizquierdistas o de la izquierda democratizante, sino que han estallado a pesar de esas direcciones y las han superado. Lacalle Pou busca generar un cuadro favorable a esta negociación, con la colaboración del FA y al menos la pasividad de las direcciones sindicales.
Los Convenios colectivos
En estos días, los sindicatos estatales están firmando -o en algunos casos próximos a firmar- convenios colectivos a tres años con el gobierno. Esto ha sido posible porque el gobierno ha debido echar lastre respecto a la política salarial que se había fijado (y que incluso fue votada en la ley de Presupuesto y en la última Rendición de Cuentas). El alza de los precios -que se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania- ya había echado por tierra las metas inflacionarias y en parte la política salarial fijada con anterioridad. Lacalle debió anunciar ya en abril que en julio se produciría un ajuste del 2% en los salarios estatales, ante el alza de los precios. La meta de un 5,8% para todo el año ya fue superada en el primer semestre (el IPC llegó al 6,04%). El alza de los precios a nivel internacional ya permite prever un segundo semestre aún peor. Basta señalar que la inflación en Estados Unidos alcanzó el 9,1% (la más alta en cuatro décadas), contra un promedio de los últimos años en torno al 2%.
Por más que las cúpulas sindicales intentan atribuirse algún mérito en el cambio de la política oficial, la realidad es que prácticamente no hubo movilización por el salario, descontando algún paro aislado y alguna marcha puntual. Las direcciones sindicales de los trabajadores estatales se negaron a impulsar un plan de lucha para arrancar un aumento salarial en momentos en que se disparaba la inflación más alta de los últimos tiempos.
Los convenios colectivos firmados o pre-acordados no establecen siquiera salvaguardas frente al proceso inflacionario: establecen ajustes anuales por IPC con algún punto de recuperación (que en general no alcanzan a recuperar lo perdido desde el 2020), pero no incluyen cláusulas “gatillos” que se disparen ante una aceleración de la inflación. De esta forma, los dirigentes sindicales están dispuestos a atar por tres años el salario de los trabajadores, frente a una política económica que inevitablemente ha fracasado y seguirá fracasando frente a la arremetida de los precios contra el salario real.
Paz social para las reformas
No cabe dudas que el gobierno ha virado respecto al tema salarial para anticiparse a un proceso de lucha salarial, y también para comprar “paz social” de cara a imponer la reforma jubilatoria en un cuadro de desmovilización del movimiento obrero.
De esta forma, Lacalle intenta contener las tendencias disgregadoras que impone la crisis capitalista. Hay que mirar apenas el panorama mundial, signado por la caída de gobiernos como el del británico Boris Johnson o el italiano Mario Dragui, las rebeliones en Ecuador y Sri Lanka, los procesos huelguísticos en Europa o los propios Estados Unidos, para apreciar el impacto de la crisis y la guerra sobre los Estados, los gobiernos y los partidos. Ya el viejo “modelo chileno” que agitaban los derechistas uruguayos como fuente de inspiración se ha visto sacudido por una movilización de masas sin precedentes y que ha provocado el derrumbe de los partidos que gobernaron en los últimos treinta años en el país trasandino. Los gobiernos en este cuadro internacional son completamente precarios y carecen de la solidez y los recursos para llevar adelante un ataque en regla al movimiento obrero, ataque que de todas formas están obligados a intentar.
Frente a las tendencias a la disolución de la coalición gubernamental a medida que se acerca el período electoral, y a la creciente irritación de los explotados que ya reflejan las encuestas, los dirigentes del Frente Amplio y la cúpula del PIT-CNT actúan como un bálsamo y un tranquilizante, no descartando la negociación con el gobierno de la reforma jubilatoria.
Preparan una derrotar
Basta mencionar las posiciones que ha levantado José Mujica ya a fines del año pasado: “Si tengo 65 años, difícilmente puedo trabajar en un edificio en la construcción. Ahora si tengo 65 años, ¿no podré dar clases?” (El Observador), y luego agregó: “por qué no transforma el BPS en una AFAP”. En realidad, el BPS ha sido vaciado en beneficio de las AFAP, pero además al rebajar los aportes patronales (lo que hizo el FA en 2008 al reducirlo del 12% al 7,5%) lo están llevando a algo similar a una AFAP (donde sólo se contabiliza el aporte personal del trabajador). Las exoneraciones de aportes patronales (que llegan al 26% de lo que deberían aportar) son otra tendencia en esa conversión del BPS. Más recientemente, Mujica profundizó sobre el aumento de la edad de retiro: “Una persona capaz que trabaja hasta los 70 o 75 años y no tiene problema te diría que, en algunos casos, es hasta mejor que trabaje. Por otro, están los medios horarios. Creo que hay muchísima cosa que se puede flexibilizar, pero también hay trabajos en los que vos con 60 o 65 años andás arriba de un andamio y es jodido” (El Observador). Está claro a qué se refieren los dirigentes frenteamplistas cuando dicen “no aumentar la edad de retiro al barrer”. Van a una negociación y retoques de la reforma con la misma política que llevaron adelante con la LUC.
Mujica declaró a El Observador que la reforma jubilatoria “es un asunto del que se debe hacer cargo todo el sistema político sin importar los costos”: “Creo que en el Uruguay nos queremos hacer los bobos todos: la derecha, la izquierda, el centro, todos. Creemos que el problema de la seguridad social lo vamos a arreglar si estiramos un añito más y no nos damos cuenta que tenemos, por un lado, un cambio en el campo de trabajo y, por otro, un bruto cambio de seguir creciendo en la demografía”. La posición de los principales líderes del FA va en el mismo sentido, justifican la reforma del FMI evitando referirse a las causas reales del vaciamiento del BPS y del déficit fiscal: la rebaja y exoneración de aportes patronales, el desvío de aportes obreros a las AFAP, los subsidios al gran capital, el pago de la deuda externa, la rebaja de todos los impuestos al capital. Esta política la han llevado adelante los gobiernos de derecha y de “centro-izquierda”, en forma consistente, y es lo que los banqueros elogian como “seguridad jurídica” del país.
Por un congreso de trabajadores
El Congreso del PIT-CNT votó por unanimidad enfrentar la reforma jubilatoria, y aprobó también en forma unánime un programa muy elemental (eliminar las AFAP, no aumentar la edad de retiro, no rebajar la tasa de reemplazo, aumentar los aportes del capital), sin embargo, sus dirigentes están subordinados a la política del FA que apuesta a contener la lucha popular en función de “regresar en 2024”.
Es necesario impulsar a fondo la organización desde los barrios obreros y populares, desde los sindicatos de base y las agrupaciones sindicales, para llevar adelante una campaña y un plan de lucha consecuente contra la reforma del FMI.
El envío del proyecto de ley al parlamento equivale a una declaración de guerra contra el movimiento obrero, que debe ser respondido con un inmediato paro nacional activo. Impulsemos un congreso de trabajadores para aprobar un plan de lucha contra la reforma, la carestía y por todas las reivindicaciones populares.
