El ministro de Ganadería, Enzo Benech, utilizó la cadena nacional para explicar los diversos apoyos del gobierno a la burguesía agraria. Luego de las movilizaciones de los autoconvocados en Enero, Vázquez operó rápidamente con una batería de subsidios al gasoil, a la energía, refinanciación de créditos, creación de fideicomiso para la lechería, devolución del IVA, que implicaron una transferencia de millones de dólares para los grandes estancieros. Benech aprovechó el uso de la cadena para defender la Ley de Riego, que entrega el agua a los fondos financieros privatizando un recurso esencial para la vida y la producción. Finalmente, intentó ahuyentar el fantasma de la bancarrota “Estamos lejos de una crisis como la del 2002” afirmó; al tiempo que señaló la quiebra de más de 60 pequeños productores en los últimos cuatro meses.
Sin embargo, en su discurso no estuvo presente la situación de los peones de estancia, de los tambos, de los trabajadores precarizados del arroz, de las cosechas de cítricos, avicultura o secano, entre otros. Un informe reciente de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria indica que en los últimos tres años cerca de 15.000 personas han perdido su trabajo en el campo y la agroindustria, en un cuadro de enorme precariedad laboral y salarios de miseria -un peón de tambo percibe unos $15.500 líquidos. Frente al retiro de la ARU de los Consejos de Salarios, el gobierno acaba de decretar un ajuste salarial a la baja (por debajo de la inflación) para los trabajadores de la lechería y arroz (grupo 22).
De modo que la intervención del gobierno frente a la crisis agraria no hace más que reforzar las tendencias presentes: por un lado, el desplazamiento de pequeños productores y la concentración del capital (y la tierra) en menos manos; y por el otro, el empobrecimiento de una masa de trabajadores del campo (ocupados y desocupados).El resultado es conocido, se concentra el poder económico y se ajusta sobre los trabajadores.
El discurso de Benech fue un intento más del gobierno por cerrar la “grieta” abierta con la ARU y los autonconvocados que han pasado a la oposición política, en momentos que se inicia el año electoral. La gremiales acusaron al gobierno de “vender humo” (Observador, 17/12) y reclamaron: desregulación laboral, devaluación, ajuste fiscal y una política más represiva con los sindicatos prohibiendo las huelgas -con la aplicación de esencialidad, algo de uso habitual por parte de los gobiernos del FA. De fondo, sucede que los precios internacionales de la soja, la carne o la leche siguen en niveles por debajo a los de 2013-14, mientras el endeudamiento público y privado sigue creciendo (en el agro llega a casi el 80% del pbi sectorial). Por ello, el programa de la ARU y los autoconvocados apunta a abaratar el salario y el gasto social.
Al coro de la burguesía rural se sumó el capital financiero. El FMI en una reciente ‘misión’ apuntó contra los trabajadores y jubilados: “se necesita una reforma del sistema jubilatorio” (El País, 13/12) que eleve la edad de jubilación y medidas que recorten el gasto social en ese rubro. Todos los partidos del régimen incluyen la reforma jubilatoria en su programa. Pero no sólo esto: el FMI llama a hacer un ‘verdadero ajuste’ antes que explote la deuda, pues podría suceder que “a la bicicleta financiera se le suelte la cadena (pérdida del investment grade) si el “rojo” fiscal no baja y que la deuda pública entre en los próximos años en un sendero de insostenibilidad. Sin cadena ni frenos, y en una pendiente” (Busqueda, 20/12). La situación del agro debe comprenderse en este cuadro general, en un escenario donde el oficialismo tendrá que tirar de la cadena hasta que los eslabones no aguanten.
Frente a esta crisis en desarrollo que golpea especialmente a los explotados del campo y la ciudad, los trabajadores debemos concentrar nuestras energías en la construcción de una alternativa política independiente.
Nicolás Marrero
