Al servicio de UPM y los capitalistas
El Poder Ejecutivo promulgó el pasado 24 de abril el decreto 115/018 que reglamenta la ley de Recursos Hidrobiológicos del 2013, y atenta contra “la más amplia autonomía” de la investigación científica y la docencia, consagrada en la Ley Orgánica de la Universidad de la República.
El decreto establece las condiciones para la realización de todas las actividades vinculadas a la pesca, incluyendo los detalles de los permisos y las competencias de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) organismo dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Reglamenta, entre las distintas actividades y formas de pesca, aquellas “con fines de investigación, científicos y docentes”. Establece que deberán ser autorizadas tanto la pesca e investigación como la propia divulgación de los resultados obtenidos, que quedarán bajo control de la DINARA una vez realizada la investigación. Además, la DINARA exige que los solicitantes elaboren un proyecto de trabajo en el que deben incluir los antecedentes técnicos (currículum vitae) de las personas que participan del proyecto, como si tuviese la potestad de juzgar académicamente a los investigadores universitarios.
Respuesta
La expansión pública de este infame decreto se dio tras el reclamo de 15 investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias de la UdelaR que presentaron un recurso revocatorio ante el Poder Ejecutivo, a los que se sumaron los estudiantes que votaron su apoyo días después. La inmediata denuncia de violación de la autonomía universitaria y el indefendible decreto del gobierno presiona al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, a que considere la modificación.
No es casual, de ninguna manera, la aprobación del decreto en estos momentos y con el mencionado contenido. Se ubica temporalmente luego de la aprobación de la penosa “Ley de Riego”, que ha desatado una enorme campaña impulsada por FFOSE y apoyada por el PIT-CNT y la FEUU, contra la privatización del agua. La relación es total, ya que un aspecto importante en las denuncias contra la referida ley es su carácter potencialmente contaminante. Las empresas, determinadas por su fin de lucro, no consideran las consecuencias ambientales, sino que están amparadas por la ley burguesa para liquidar la ley natural. Lo mismo ocurre con UPM2: la segunda planta, la zanahoria que persigue el gobierno en este tercer período, sería la mayor inversión extranjera en la historia y a diferencia de la primera planta (ubicada sobre el río Uruguay), se ubicará sobre el río Negro, de caudal ampliamente menor. Los niveles de contaminación de UPM1 superan los mínimos establecidos en el río Uruguay, ¿qué nos dice que una planta muchísimo mayor no superará los límites de un río –ya contaminado- con un caudal menor? A la entrega de nuestros recursos el gobierno la complementa con la mordaza a la investigación y divulgación independiente, que pueda advertir al conjunto de la sociedad los crímenes ambientales que el capital comete.
Al servicio de esto se encuentra este decreto, del cual podemos encontrar antecedentes similares de violación a la autonomía universitaria en la época de la dictadura.
Defendamos nuestros recursos naturales y el trabajo científico y autónomo de nuestra Universidad de la República, ¡abajo el decreto mordaza del gobierno!
