El 12 de septiembre, fue aprobado en diputados el proyecto de ley que establece que “serán circunstancias agravantes, muy especiales -de homicidio (con pena mínima de 15 años de penitenciaría) el que “como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad”, y también el que haya sido cometido “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”, tipificándose este delito como “femicidio” (La Diaria). Se modifica así los artículos 311 y 312 del código penal.
La ley ya vigente, fue impulsada a principios del corriente año, y en términos prácticos, actúa sobre el hecho consumado, el último eslabón de una larga cadena de formas de violentar a una mujer. En etapas anteriores al femicidio se da la violencia física, sexual, económica y psicológica sobre las mujeres. Sin embargo, el Estado decide omitir -para la prevención de la violencia padecida por las mujeres ¡en vida!- presupuesto en la rendición de cuentas. La precarización laboral es un dato corriente en la vida laboral de las trabajadoras. Por otra parte el desempleo en cifras del INE en julio de este año es de 7,6% a nivel general, siendo de 8,9% en las trabajadoras. Ni la violencia laboral, ni la padecida en vida de las mujeres, es una prioridad para el gobierno. Un claro ejemplo de esta omisión son los créditos adeudados a las 120 ex trabajadoras de las Spezia, y las más de 800 de Fripur. Ni los Esperanza de la Spezia, ni los Fernández de FRIPUR han pago las deudas millonarias con el Estado. Sin embargo hoy las trabajadoras de la Spezia se encuentran custodiando los bienes de la fábrica sin agua, por deberle al ente público.
América Latina
Cabe mencionar que la gran mayoría de los países en nuestro continente, en mayor o menor nivel, han tomado ya esta determinación legal, tipificando el femicidio. Es interesante ver que según datos del 2016 las tasas más altas de femicidios estaban en El Salvador y Argentina, entre otros (BBC Mundo 11/2016). Respecto a El Salvador, la tipificación data desde el 2010 con una ley especial, y con una pena de entre 20 a 35 años (feminicidio simple) y de 30 a 50 años (feminicidio agravado). Mientras que en Argentina dicha tipificación rige desde el 2012 modificado el código penal, agravando el homicidio en caso donde haya “violencia de género”, la pena es de reclusión perpetua (El Observador 12/2015). Años después de tipificar el feminicidio en estos dos países, tienen el índice más alto de feminicidios en la región. Es evidente entonces que actuar sobre el acto consumado no ha modificado en nada la situación de violencia de una inmensa cantidad de mujeres en nuestro continente. Más bien, son exigencias legales de tratados internacionales, que se rigen por los intereses de los grandes intereses capitales a nivel internacional, y son totalmente ajenos al movimiento de mujeres y sus intereses.
La tipificación del feminicidio está lejos de cualquier interés real y exigido en cada una de las marchas por #NiUnaMenos realizadas a lo largo y ancho de la región. Más bien lo que el conjunto del movimiento de mujeres exige es prevenir, que lejos está de las cuantiosas penas, luego de que una mujer ya fue víctima del feminicidio.
Encuentro de mujeres y plan de lucha
Se impone para el conjunto del movimiento de mujeres en nuestro país, poner sobre la mesa y a debate un plan de lucha. Donde se coloque una fuerte denuncia al Estado como responsable principal del conjunto de la violencia a la que estamos sometidas las mujeres. Debemos dar una batalla de forma organizada y unificada por un gran Encuentro de Mujeres en Uruguay donde resolvamos un programa y los métodos de lucha para el conjunto del movimiento, defendiendo nuestros propios intereses, con independencia política con respecto al Estado y sus partidos. Para organizarnos contra el trabajo precario, defender los puestos de trabajo, colocarnos contra los cierres de fábricas, para que no haya más mujeres presas por abortar fuera de los requisitos de la ley, es decir, por aborto legal. Y dar una gran disputa contra los intereses clericales, los cuales cobran más fuerza en este momento.
¡Por un presupuesto que realmente permita la atención integral a las mujeres víctimas de violencia Domestica, en todo el territorio nacional!
¡Por más casas refugios!
¡Para que el Estado indemnice a las familias de las mujeres víctimas de violencia doméstica!
¡Por licencia laboral para las mujeres víctimas de violencia!
