Ya no es una novedad, el manto de obscuridad que recae sobre el trasfondo de algunas políticas de Estado que desarrolla el gobierno actual, que es sistemáticamente disimulado por la construcción de un discurso o relato oficial que se va modificando o variando conforme al propio desenlace de los acontecimientos. Así, Jahid Diyab quién según Mujica arribó a nuestro país como una persona libre, producto de un acuerdo que el gobierno suscribió ‘por motivos de humanidad’ con Estados Unidos, rápidamente se convirtió en una especie de terrorista prófugo, monitoreado por aparatos de inteligencia de diversos países latinoamericanos, detenido y deportado por Venezuela, cuya recepción por parte de Uruguay pasó a ser el precio que el gobierno tuvo que pagar por un acuerdo comercial con Estados Unidos para la venta de Naranjas. De este modo, vemos como muta el discurso oficial ocultando los verdaderos motivos que hay detrás de este tema. Si nos alejamos de la simple apariencia, y analizamos de conjunto la situación en torno a los refugiados de Guantánamo, podemos encontrar la esencia del asunto.
La llegada y la salida del país de Jahid ‘casualmente’ ha resucitado rápidamente y sin ninguna prueba fehaciente una campaña sobre supuestas células terroristas de ISI en la región. Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de Argentina Eugenio Burzaco sobre el pasaje por Uruguay de argentinos vinculados al Estado Islámico no son fortuitas. Se suman a las declaraciones del Departamento de Estado y de sectores Republicanos que cuestionaron la legalidad uruguaya para la vigilancia de los ex presos de Guantánamo y de presuntas actividades terroristas que se podrían generar en el país. Rápidamente el Ministerio del Interior remitió un nuevo protocolo al Parlamento denominado Ley de Alertas Terroristas, poniéndose a tono con las exigencias de Estados Unidos. En Argentina esta ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Cristina Kirchner fue muy cuestionada por tratarse de una ley de suspensión de las libertades democráticas, que daba rienda suelta al espionaje, incluso a organizaciones sociales y políticas.
La presencia del refugiado Sirio le vino como anillo al dedo a los interesados en que Uruguay ‘aggiornara’ su legislación policial.
El velo recae sobre muchos temas, (económicos, políticos, sociales) pues es un recurso fundamental del Estado capitalista que defiende intereses de clase. El secretismo en torno a los archivos de la dictadura, la obstrucción de las investigaciones, la negativa a la difusión del reciente archivo de espionaje militar en democracia de Castiglione, esconde claros objetivos detrás; la defensa de la impunidad. Pero también se manifiesta en otros aspectos, como en los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, el famoso TISA, entre otros, cuyo objetivo es también salvaguardar intereses ajenos al de los trabajadores.
El secretismo en el manejo de la información pública por parte del Estado, es en última instancia la condición para mantener las apariencias, es decir el engaño. Será tarea de los trabajadores derribar todos los velos y hacer públicos los verdaderos intereses que hay detrás de los diversos acuerdos comerciales, diplomáticos y políticos.
Publicado en Semanario Voces.
