Con el apretón de manos entre Raúl Castro, el presidente Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’ en La Habana, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc ingresó para muchos en una fase “irreversible”. Este optimismo está fundado en la gran cantidad de adhesiones cosechadas por los últimos acuerdos: el Vaticano, el Departamento de Estado, la Unión Europea, el castrismo, y el gobierno venezolano (que copatrocina los diálogos). Sólo el partido de Alvaro Uribe expresó su rechazo.
En el contexto de la última gira papal por Cuba y Estados Unidos, se acordó en La Habana la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz que contempla penas reducidas para los involucrados en el conflicto. El contenido del acuerdo, sin embargo, ha desatado una fuerte controversia pública entre ambas delegaciones. Hay muchos puntos de esta justicia transicional que no están claros, por ejemplo cómo se designarán los jueces y si dicho tribunal podrá juzgar a ex presidentes (Uribe). Muchos analistas discuten también la pertinencia de amnistías o reducción de penas para la guerrilla, omitiendo la impunidad de la burguesía y de los paramilitares y el ejército, o sea del aparato estatal, en el desplazamiento de millones de personas y en la expropiación de tierras campesinas y crímenes durante el conflicto.
Las Farc deben desarmarse dos meses después de sellado el acuerdo definitivo. La integración de la guerrilla al orden ‘democrático’ se ha transformado en un objetivo estratégico, como lo resume el punto 10 del reciente acuerdo: “La transformación de las Farc en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del gobierno en los términos que se acuerden” (El Tiempo, 26/9). En función de este objetivo, los acuerdos previos sobre participación política habían comprometido ya una serie de garantías y circunscripciones territoriales especiales con acceso a la Cámara de Representantes.
Conflicto en el “posconflicto”
Mientras con una mano Santos negocia el acuerdo, con la otra refuerza el aparato militar con apoyo de los Estados Unidos y la Otan. El objetivo son “las amenazas a la seguridad que pasarán a primer plano tras el desarme de las Farc, principalmente los guerrilleros que no se desmovilicen” (Clarín, 26/9). La experiencia de otros procesos de desmovilización demuestra que el desarme puede dilatarse por años, como en el caso de El Salvador. Al mismo tiempo, todavía no se han iniciado las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En cualquier caso, el aparato represivo del Plan Colombia permanecerá intacto y uno de sus máximos exponentes seguirá siendo el presidente de la República.
Motores
El avance del proceso de paz ha tenido por motores el alineamiento de una constelación de intereses agrarios, petroleros y mineros, que vislumbraron a partir del acuerdo un desarrollo de importantes negocios en el campo, de un lado, y la apertura cubana, del otro. El enviado estadounidense a las conversaciones de paz, Bernard Aronson, lo postula como un imán para las inversiones, y la directora del FMI, Christine Lagarde, como “las bases (…) para mejorar el clima de negocios” (La Nación, 4/10).
Pero dado que el ciclo de alza de los commodities ha finalizado, podríamos asistir a una ‘paz tardía’. El retroceso en sus filas combatientes empujó también a las Farc a sentarse a la mesa de negociaciones, pese a sufrir durante buena parte del proceso la continuidad de los bombardeos y emboscadas del ejército.
Asistimos al final de una lucha armada no revolucionaria, que reemplazó la acción histórica independiente del proletariado por el foquismo y adoptó (desde su programa agrario de 1964) una política de convocatoria a la burguesía nacional que actualmente se expresa en su reivindicación del chavismo. La revolución social exige una fuerza política pegada a la clase obrera y una delimitación implacable del nacionalismo burgués.