El último dato oficial del PIB mantiene al conjunto de la economía nacional en un escenario de estancamiento, con los principales sectores con al menos tres trimestres consecutivos de caída. Esto configura un cuadro de recesión, apenas disimulado por el “aporte” de las pasteras que inflan la cifra del PBI. Estamos frente al impacto de la crisis mundial sobre la economía nacional, que sacude todo el cuadro social y político construido durante la última década de gobierno frenteamplista.
El programa de los capitalistas
La crisis abre una deliberación en todas las clases sociales. La burguesía busca fortalecer sus posiciones para imponer su programa de salida. El mes pasado presentaron la formación de una Confederación empresarial con el objetivo de ser “un primer paso en la construcción de la unidad del empresariado uruguayo”. Se trata de un bloque patronal para acordar los términos del ajuste contra los trabajadores y presionar sobre el gobierno.
Desde la tribuna de ADM insistieron en su programa para la etapa actual: pérdida de salario real para los trabajadores, apertura comercial, devaluación para combatir el “atraso cambiario”, avance en la política de privatizaciones y achique del Estado. Se trata de un programa cuyo objetivo es profundizar la explotación de los trabajadores y la entrega nacional, en función de defender la ganancia capitalista.
El último discurso del presidente de la ARU (Reilly) plantea el programa político de la burguesía exportadora, que incluye el pedido de más subsidios y exoneraciones fiscales a los terratenientes, para enfrentar el enorme endeudamiento que alcanza un 80% de la producción bruta del sector, así como la virtual quiebra de la industria lechera. En esta oportunidad, desapareció el tono de conciliación y elogios que caracterizó los discursos del año pasado: la burguesía exige al gobierno que vaya a fondo en la defensa de la rentabilidad capitalista. Al mismo tiempo, Reilly exigió bajar el precio del combustible para el agro y eliminar el subsidio cruzado al fideicomiso del transporte urbano de pasajeros, que es una transferencia de la renta agraria hacia los negocios de Salgado (asesor de Vázquez).
A pesar de la concreción de un frente unitario para fortalecer su posición frente al gobierno y contra los trabajadores, la burguesía se encuentra atravesada por decenas de contradicciones. La caída de la renta agraria pone en cuestión la trasferencia de recursos del campo, para sostener los subsidios a la escuálida burguesía amiga del gobierno e incluso para el pago de la deuda pública.
Giro derechista
El gobierno de Vázquez avanza rápidamente en adoptar como propio el programa del gran capital. Con las pautas salariales, la vía libre para los despidos y suspensiones y el ajuste fiscal, establece el marco para que la crisis la paguen los trabajadores. La contracara del ajuste fiscal es el avance en la política privatizadora a través de la Participación Público Privada. Mediante este mecanismo (con el cual el gobierno deshuesó AFE) ahora pretende avanzar sobre la educación y la salud públicas: la construcción de instituciones educativas y la reforma del clínicas en PPP significan la apertura de negocios para los capitalistas en áreas estatales vitales para el pueblo trabajador.
Al mismo tiempo, se profundiza el realineamiento internacional con los gobiernos derechistas de la región. El gobierno de Vazquez se adapta rápidamente a la política internacional de Temer y Macri. El reconocimiento del gobierno golpista de Brasil y la reunión bilateral colocan al gobierno frenteamplista en el campo de la legitimación del golpe. Brasil es uno de los principales destinos de la burguesía exportadora de nuestro país: el apoyo a Temer es la defensa de estos negocios.
Esta política se complementa con el apoyo implícito a la expulsión de Venezuela del Mercosur y con la avanzada en los acuerdos comerciales por fuera del bloque. El gobierno firmará un tratado de libre comercio con Chile (aproximándose a la Alianza del Pacífico) y pretende hacer lo mismo con Gran Bretaña y China.
La virtual desintegración del Mercosur y el pasaje a acuerdos bilaterales, es el acta de defunción del proyecto de integración latinoamericana en términos capitalistas, en el cual toda la izquierda frenteamplista depositó grandes expectativas.
Los partidos patronales
Los partidos tradicionales de la burguesía presentan un cuadro de creciente desintegración e incapacidad política para colocarse como alternativa al Frente Amplio. El fortalecimiento de Novick da cuenta de esta situación, a través del desprendimiento de sectores de la derecha blanca y colorada, que se pasan a sus filas incluso con sus bancadas parlamentarias.
Es el síntoma de una tendencia a la desintegración del régimen político. Se trata de una etapa abierta con la crisis del 2002 y el ascenso del FA al gobierno nacional: el Partido Colorado, que gobernó el país durante mas de 150 años, se encuentra reducido a su mínima expresión y tiene una intención de voto muy inferior al 10%; los blancos no logran colocarse como alternativa de cara a las masas; Novick, por su parte, pretende levantar su coalición política contra la estructura tradicional de partidos.
El sistema de partidos de nuestro país, constituyó históricamente un factor fundamental de estabilidad del régimen de explotación. La colaboración del Frente Amplio fue indispensable para salvar este régimen en momentos claves de la historia nacional (como en la salida de la dictadura, para garantizar una transición pactada, y en el 2002, sosteniendo a Batlle hasta el final del mandato).
La pérdida de autoridad política y de capacidad de regimentación del FA sobre los trabajares y la juventud, junto al derrumbe y la desintegración de los partidos patronales tradicionales, son elementos centrales en la transición, que esbozan una tendencia a una crisis de dominación.
Mientras discuten la mejor forma de sacar al FA del gobierno en el 2019, la política actual de la derecha se orienta a garantizar a Vázquez la gobernabilidad para imponer el ajuste. El propio Novick colaboró con el FA en la aprobación del “Fondo Capital” para la Intendencia de Montevideo. La política de ajuste contra los trabajadores está sostenida por el conjunto de la clase capitalista y sus partidos, con la complicidad de la burocracia sindical. Por el momento, la burguesía mantiene su respaldo al gobierno del FA, se trata de respaldo condicionado a la capacidad del gobierno de Vázquez y Astori de llevar a fondo el programa del gran capital.
La clase obrera debe intervenir
La burguesía tiene su programa y sus partidos que lo aplican desde el Estado. Los trabajadores debemos discutir un programa de salida y de alternativa al ajuste, para que la crisis la paguen los capitalistas. Solo con un programa que parta de estos pilares se puede enfrentar a la derecha y al gobierno ajustador.
Todo el oficialismo, desde Mónica Xavier hasta la burocracia sindical, pretende utilizar el ascenso al gobierno de la derecha latinoamericana para chantajear a los trabajadores y bloquear la lucha contra el ajuste en todas sus dimensiones. La clase obrera no debe hacerse cargo de una fuerza política en descomposición (FA). La bancarrota económica expresa el derrumbe de las relaciones sociales capitalistas y prueba la inviabilidad del modelo económico del “progresismo”. Al mismo tiempo plantea la cuestión del poder. El PT coloca la necesidad de un Congreso del Movimiento Obrero para construir una salida política de los trabajadores.
Esta alternativa política debe tener su traducción en los sindicatos, luchando por expulsar a la burocracia sindical y estableciendo direcciones clasistas y responsables ante los trabajadores. Y en los centros de estudiantes, para hacer de la juventud un pilar de la lucha junto a la clase obrera.
La transición política es un proceso abierto: su resultado depende de la intervención de las fuerzas en pugna que se disputan la etapa. La clase obrera debe intervenir con independencia de las disputas capitalistas, sin depositar expectativas en los partidos patronales. Los trabajadores y la juventud se encuentran ante desafíos históricos.
