Apenas 48 horas después de la votación de las venias en el Senado para ocupar los Directorios de los Entes Autónomos, Cabildo Abierto tuvo que pedirle la renuncia al vicepresidente de la Administración de Puertos (ANP), que ocupaba el cargo en su nombre. El semanario Búsqueda había destapado ruidosas publicaciones en Facebook del capitán de navío Gastón Bianchi, contra Luis Alberto Heber (ministro de Transporte y Obras Públicas, con el cual se relaciona la ANP), así como contra otros políticos de la coalición gobernante, y también contra las feministas -profiriendo ofensas en un lenguaje florido. Con una velocidad digna de la Blitzkrieg, Manini tuvo que desembarazarse del verborrágico capitán, alcanzando un nuevo récord en cuanto a la rapidez de las destituciones.
Anteriormente, el gobierno había pedido la renuncia al presidente de ANTEL, Guillermo Iglesias, cuando había sido nombrado apenas 15 días antes. En ese caso, la decisión de Lacalle Pou obedeció a que el Directorio de la telefónica estatal había presupuestado a 857 personas que en realidad ya eran funcionarios contratados -por lo que no se producía un ingreso de personal ni un incremento del gasto, sino un cambio del vínculo funcional con la empresa. La decisión de Lacalle operaba como una advertencia a todas las empresas públicas para que lleven adelante un proceso de achique de personal. Sin embargo, la decisión dejó al desnudo la improvisación en los nombramientos de jerarcas gubernamentales.
La destitución del presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, por la contratación de su esposa (luego dejada sin efecto) y sobre todo por sus declaraciones al semanario Búsqueda, que generaron fuerte impacto por su utilización del cargo para fines personales. Desde la Torre Ejecutiva señalaron que se le pedía la renuncia porque “Tanto las actuaciones como las declaraciones [de Loinaz] se alejan en contenido y en forma de lo que entiende el gobierno que debe ser el ejercicio de la función pública” (la diaria, 4/6). En este caso, el nombramiento había durado cerca de dos meses, casi una eternidad comparado con los récords anteriores.
En realidad, el caso más veloz fue la no-designación de un integrante de Cabildo Abierto como director regional en ASSE, ante sus publicaciones en las redes sociales cuestionando a varios directores de hospitales en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó una renuncia masiva de los mismos. En este caso, el médico Fernando Silva estaba previsto que fuera nombrado como director regional de la zona Oeste del país, pero el presidente de ASSE Leonardo Cipriani debió dejarlo de lado.
Los nombramientos de jerarcas han sido un dolor de cabeza para el gobierno, y han tensionado a la interna de la coalición. Un ejemplo ha sido el caso de Julio Luis Sanguinetti, hijo del dos veces ex presidente uruguayo -y actual secretario general del Partido Colorado. Sanguinetti fue nombrado finalmente en el Directorio de la UTE, evidentemente sin el beneplácito de Ernesto Talvi -que lo había vetado para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay. Julio Luis Sanguinetti es vinculado al caso “cangrejo rojo”, y se lo acusa de pedir una coima millonaria. El enfrentamiento entre el hijo de Sanguinetti y Talvi llegó a insultos (“petiso acomplejado”) y amenazas de tipo político e incluso de violencia física.
Lo notable es que las venias a estos personajes han sido aprobadas por unanimidad en el Senado. Es decir, contaron con el voto favorable de la “oposición” frenteamplista, que no ha tenido mejor idea que justificar esas venias con el argumento de que así se aseguraban… sus propios cargos en las empresas públicas. La repartija de cargos en los entes del Estado implicaba que todos votaran todas las designaciones por unanimidad, y el Frente Amplio lo hizo sin chistar. Esto generó una enorme indignación en las bases frenteamplistas, como ha quedado de relieve en las redes sociales. Sin embargo, no estamos ante un “error” coyuntural sino una tendencia a la “unidad nacional” y hasta a la “cogestión” con la derecha. Los partidos del Frente Amplio están totalmente integrados al Estado capitalista, como gestores al servicio de la banca y las multinacionales -así como de la vieja oligarquía terrateniente, que se benefició como nunca bajo gobiernos del FA. En este sentido, la pretensión de que ocupan esos cargos para “combatir” a la derecha o para controlar la gestión, no tiene el menor sustento. El propio Oscar Andrade y su colega Carolina Cosse han votado en silencio a favor del protagonista del “cangrejo rojo” y por los fascistoides de Cabildo Abierto, pactando con la derecha la designación de cargos, demostrando que su discurso opositor está destinado a entretener a la tribuna.
Más allá de anécdotas y detalles bochornosos, lo que deja en el tapete la cuestión de las venias y designaciones de jerarcas del Estado, es a un personal político -de derecha, centro o “izquierda”- que vive de hacer carrera política y de la repartija de cargos, de las tarjetas corporativas y los jugosos viáticos, y que está profundamente entrelazada con la clase capitalista. En este aspecto, la mano derecha y la izquierda se lavan mutuamente, avalándose mutuamente “progresistas” y derechistas.
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