UPM, la salvación que lleva a una nueva bancarrota

Nota publicada en Semanario Voces 16 de febrero 2017

El gobierno ha venido presentando la inversión de UPM de 5 mil millones de dólares en una nueva pastera (la tercera) cómo una salida para enfrentar la recesión y la crisis que ya golpea nuestro continente. La contrapartida de la empresa finlandesa implicaría una inversión en infraestructura de 1000 millones de dólares que el Estado debería garantizar. Para tener una referencia, es casi nueve veces lo que la Universidad de la República solicita para las obras del Hospital de Clínicas. Toda esta inversión pública para garantizar en definitiva una mayor ganancia para este gigante internacional de la celulosa. Ojo, no sería está la excepción, una nota reciente de Brecha deja de manifiesto en un caso puntual esta política generalizada del gobierno en lo referente a la inversión estatal, pues el gobierno de Maldonado destinó todos los recursos para obras de infraestructuras del 2016 en la mejora de los caminos que llevan a Bodega Garzón uno de los emprendimientos de Alejandro Bulgheroni (empresario argentino, amigo del gobierno que hoy acompaña a Vázquez en su gira para buscar inversores.) Otro tanto sucedió con Alberto Fernández el dueño de Fripur (amigo del gobierno y del presidente Mujica) quién tenía numerosas deudas con el BROU y el Estado que nunca fueron reclamadas, a pesar de que eran conocidos sus negocios en energía eólica con la propia UTE.
En el caso de UPM, lo que no dicen las autoridades, es que además traería aparejada la privatización de AFE, y la entrega de las rutas y caminos nacionales a empresas privadas mediante las PPP. La orientación social y política de conjunto que desarrolla el gobierno es la entrega de los recursos nacionales. La realidad de nuestra economía primarizada es que continúa orientada a las necesidades de los grandes capitales y a una división social del trabajo internacional que nos condena al atraso, al saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las multinacionales. El dato más revelador del carácter colonial del régimen político actual es la apertura a los pulpos de la celulosa, mientras cierra la industria papelera Fanapel, se despide a 300 trabajadores, y las importaciones de esos rubros se ubican el octavo lugar del ranking de productos que se compran del exterior. Los bombos y redoblantes que rodean los anuncios de esta inversión, no son por las fuentes de trabajo creadas (en lo que se presenta como la teoría del derrame) que son transitorias en la primera etapa, y no muy significativas luego de la construcción de la planta, sino que la festividad es porque dicha inversión mejora los indicadores económicos que le permiten al Estado continuar obteniendo créditos, es decir, no es más que un mecanismo para seguir endeudándose. El ‘populismo bancario’ que ha caracterizado a nuestro gobierno los últimos 13 años, se ha desarrollado a partir de un esquema de crédito barato y de subsidios a las empresas tanto nacionales como multinacionales, ya sea a través de exoneraciones fiscales, provisión de energía a bajo costo, u desembolsando dinero directamente. Este es el esquema que se pretende mantener, y por el cual el gobierno descargó el año pasado una primera dosis de ajuste, sobre el gasto social (vivienda, salud, educación) y salarios, acompañados de fuertes tarifazos. En definitiva, el Estado en todo este período ha sido el garante de la ganancia privada de los grandes capitales, y es está orientación la que ahora nos enfrenta a una bancarrota nacional que pretende ser descargada sobre los trabajadores. El acuerdo entre el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira y las cámaras patronales que reglamentaría las ocupaciones, buscando transformar un método de lucha histórico de los trabajadores en un procedimiento administrativo normativizado, busca evitar que los trabajadores tomen la producción en sus manos. Medida que se presenta cada vez más asiduamente frente a los cierres de fábricas o despidos; caso Fripur, Fanapel, Molino Dolores.
La respuesta de los trabajadores frente a esta situación se vuelve clave, es preciso enfrentar y derrotar las privatizaciones progresistas, defender los recursos estatales para la educación y la salud pública, mediante el no pago de la deuda externa y el fin a los subsidios a empresas, prohibir los despidos y envíos al seguro de paro mediante la ocupación y la puesta bajo control de los trabajadores de las fábricas que reduzcan personal o cierren. Planificación y reorganización de la producción sobre nuevas bases sociales, orientada a la satisfacción de las necesidades sociales y no al lucro capitalista.