Un poco de historia… Las sucesivas estafas a los derechos jubilatorios

Ha culminado el “diálogo social”, y los resultados acordados por el PIT-CNT y ONAJPU -con el gobierno, las cámaras empresariales y los partidos políticos (Frente Amplio y Cabildo Abierto)- no son otra cosa que la consolidación de todas la reformas neoliberales realizadas hasta ahora en la seguridad social.

Desde la dictadura hasta ahora…

En 1979 la dictadura militar emitió el “Acto Institucional N.º 9”, primera gran reforma derechista que unificó todas las “cajas” jubilatorias (Civil, Escolar, Industria y Comercio) en un único régimen (en la Dirección General de la Seguridad Social, antecesora del BPS), y recortó derechos. El Acto 9 estableció la edad de retiro en 60 para hombres y 55 para mujeres, y exigió al menos 30 años de trabajo para generar causal jubilatoria (antes algunas cajas tenían regímenes más favorables). Se eliminaron causales por maternidad o despido que permitían jubilación antes de la edad fijada. Las tasas de reemplazo (se usa para calcular la jubilación como un porcentaje del sueldo básico jubilatorio, calculado en el promedio actualizado de los últimos tres años de actividad) se redujeron también. Quedaron en 60% para 30 años de actividad, hasta 70% con 40 años de servicio, para los hombres. Las mujeres entre 65% y 70%, con un cálculo apenas más favorable. La dictadura militar fijó la aportación de las empresas privadas en 14% (el Estado en general aportaba más).

En 1996 se produjo la gran reforma “neoliberal” impulsada por blancos y colorados (gobierno Sanguinetti, Rodolfo Saldain presidía el BPS). La ley 16.713 generó el régimen mixto (público y privado), dando origen a las AFAP en la cual una gran parte de los trabajadores estaban forzados a “ahorrar” y pagar cuantiosas comisiones. En el caso de la jubilación estatal por BPS, el sueldo básico jubilatorio pasó del promedio de los últimos tres años al de los últimos 10 o “los mejores 20 años” de aportación, lo que resultaba en un básico más bajo. Se aumentó la edad de retiro de la mujer a 60 años. Se pasaron a exigir 35 años de trabajo registrado para poder jubilarse. La tasa de reemplazo para 60 de edad y 35 de servicio bajó de 65% a 45%. El resultado era una reducción considerable de la jubilación, que se suponía tendría “otra jubilación” de valor similar por la AFAP, cosa que nunca sucedió. La inmensa mayoría de las personas jubiladas por AFAP cobran menos de 11.000 pesos. El aporte patronal bajó al 12,5% para las empresas privadas. Es decir, se rebajaba el aporte de los capitalistas gracias a la rebaja de las jubilaciones del trabajador.

En 2008, el Frente Amplio flexibilizó algunos aspectos: se generaba causal con 60 años de edad y 30 de trabajo (5 menos); se generó una bonificación en el cálculo para las mujeres que tenía hijos; y se generó una especie de “prejubilación” para los que se quedaban sin empleo cerca de la edad jubilatoria. También hubo algunas mejoras parciales (incapacidad) y la tasa de reemplazo de 45% se aplicaba desde los 60 años de edad, aumentando gradualmente año a año (mientras que a los 65 años pasaba al 50%), lo cual mejoraba la jubilación inicial. Por otra parte, el FA volvió a bajar el aporte patronal, del 12,5% al 7,5%. La desfinanciación del sistema jubilatorio es responsabilidad de los sucesivos gobiernos, que rebajaron el aporte del capital y volcaron el costo a toda la sociedad a través del IVA (impuesto al consumo, que pagan mayoritariamente los asalariados).

En 2022, bajo el gobierno de Lacalle Pou, se aplicó una nueva reforma de la seguridad social, analizada en la “Comisión de Expertos” nombrada por el gobierno -en la cual aceptaron participar tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT. El economista Hugo Bai representaba al movimiento sindical en la comisión: hoy preside el “diálogo social” del gobierno de Orsi. Jimena Pardo, actualmente presidenta del BPS, y anteriormente directora de República AFAP durante años, era representante del Frente Amplio en la “comisión de expertos” (una suerte de “diálogo social” convocado por Lacalle). Cabe aclarar que ni Bai ni Pardo firmaron para impulsar el plebiscito del PIT-CNT, y en el caso de Jimena Pardo jugó un rol clave en el grupo de “Frenteamplistas por el NO” que hizo campaña en contra. La reforma de Lacalle dio una vuelta de tuerca en la rebaja jubilatoria. Hizo obligatorio para todos los asalariados aportar a las AFAP (antes algunas cajas estaban excluidas, y por otra parte para los sueldos más bajos era optativo). Esta reforma aumentó la edad de retiro a 65 años de edad, manteniendo un mínimo de 30 laborales. Se toman los 20 mejores años de aportes jubilatorios para el cálculo, sobre el cual se aplica una tasa de reemplazo de 45% -es decir, se trabajan 5 años más y se cobrará menos. Se establece un “suplemento solidario” (?) para las jubilaciones más bajas, que básicamente lo que hace es llevarlas al entorno de la jubilación mínima (que como tal desaparece).

El Plebiscito de la papeleta blanca del SI

La ley lacallista fue aprobada sin que hubiera una pueblada de huelgas y movilizaciones de masas, para lo cual fue clave la política del Frente Amplio y la dirigencia del PIT-CNT integrada al FA. Contuvieron las luchas, desmovilizaron al movimiento obrero, convocaron a algunas marchas aislados y a algún paro parcial.

La aprobación de la ley 20.130 fue una enorme derrota, lograda fundamentalmente por esa política de freno y conciliación. Desde algunos sectores sindicales ya se venía manejando la posibilidad de un plebiscito (reforma constitucional por iniciativa popular) que requería las firmas de un 10% del padrón electoral. El mecanismo del plebiscito constitucional era la única vía legal para un pronunciamiento popular, porque la Constitución prohibe en forma antidemocrática que exista un referéndum contra una ley que trate sobre impuestos y causales jubilatorias. La cúpula del PIT-CNT se dividió en tres posiciones: los que estaban en contra de impulsar cualquier plebiscito (“Articulación” y “En Lucha”, vinculados al astorismo y el MPP), los que junto a ATSS querían impulsar un ataque a fondo al régimen mixto (AFAPS, y toda la estafa desde 1996) y el PCU que proponía un plebiscito con un único punto: derogación de la ley 20.130. El planteo del PCU apostaba a ser la “bisagra” que uniera a las otras dos fracciones, pero fracasó en el intento porque el ala derecha de la burocracia sindical se negaba terminantemente a cualquier lucha contra la estafa jubilatoria de Lacalle. Había que “votar bien” (a Orsi) y luego negociar retoques, que es lo que se ha hecho en el “Diálogo Social”.

Ante el fracaso de la postura “intermedia” del PCU, se aprobó salir con un plebiscito que incluía: volver la edad de retiro a 60 años, eliminar las AFAP, llevar la jubilación mínima al menos al salario mínimo nacional, y otros aspectos (por ejemplo, caían todas las rebajas en el cálculo jubilatorio que empeoraban la situación respecto a la ley de 2008).

Orsi y Cosse

La fórmula presidencial del Frente Amplio llamó a votar que NO en el plebiscito, lo cual se intentaba presentar como una oposición al “método” (no sería conveniente incluir tanto detalle y rigidez en la constitución). Es decir, querían quedar con las manos libres. Los “economistas del FA” y algunas fracciones sindicales (como la dirección de AEBU) eran aún más claras en cuanto a mantener la estafa de las AFAP. La dirección sindical bancaria incluso llevó adelante su propia “reforma lacallista” en la Caja Bancaria, acordada con el gobierno de derecha, en la cual aumentaba la edad de retiro a 65 años y pactaba la rebaja de las jubilaciones. El actual Director de Seguridad Social del MTSS, el bancario Leonardo Didoménico del PCU, fue uno de los impulsores de ese retroceso histórico.

Para convencer a votar NO, los candidatos y dirigentes del FA se comprometieron a convocar un “Diálogo Social” tras su victoria, donde se rediscutiría todo el sistema previsional. En forma simultánea con las elecciones, el plebiscito obtuvo casi 950.000 votos por la papeleta blanca (un 40,6% de los votos, mientras que Orsi alcanzó 43,9% en primera vuelta).

El gobierno de Orsi convocó a un largo “Diálogo” donde se buscaba estirar la deliberación, y en el cual el PIT-CNT dijo llevaría los “tres puntos del plebiscito”. El gobierno sabía que debía realizar alguna concesión apuntando a clausurar el movimiento contra la estafa jubilatoria. Pasando raya a las conclusiones del diálogo social, hay que concluir que las “concesiones” fueron mínimas.