Las cifras de la crisis en Uruguay

El gobierno y las patronales nos arrastran a la barbarie

A nivel mundial, la bancarrota capitalista se expresa a través de las guerras en curso, en el genocidio del pueblo palestino, en las crisis bancarias, en las mal llamadas “reformas” (laborales, educativas, de la previsión social), descargándose sobre la clase obrera, a la que la burguesía ataca sin tregua para mantener su tasa de ganancia.

Todos estos fenómenos impactan sobre economías de países “periféricos” como Uruguay, donde el gobierno de la coalición de derecha -con la complicidad del FA votando los grandes paquetes de medidas antiobreras- ha llevado al borde del abismo a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

Algunos números

Semanas atrás, se conocieron las cifras oficiales de pobreza en Uruguay, que pintan un escenario dramático. Cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras están subempleados o desempleados, lo cuál representa entorno al 20% de la población en condiciones de trabajar, es decir, uno de cada cinco.

En enero, el salario mínimo fue fijado en $22.268 y la mitad de la fuerza de trabajo cobra en torno a $25000. Aunque dos adultos trabajen jornales de 8 hs diarios, con ingresos totales inferiores a $47000, una familia de tres integrantes está por debajo de la línea de pobreza: no cubre siquiera la canasta básica de alimentos y otras necesidades como vivienda y boletos.

En relación con el punto anterior, encontramos que uno de cada cinco niños nace bajo la línea de pobreza, según las mismas fuentes estatales. Asimismo, el desempleo se concentra en los jóvenes hasta los 24 años, imposibilitando su autonomía y la concreción de una perspectiva de desarrollo personal.

La conclusión más evidente es que, a pesar de trabajar una jornada laboral completa, la mayoría de la población trabajadora tiene salarios miserables y sus hijos nacen con sus necesidades básicas insatisfechas (comida y vivienda), sufrimiento que acarrean a lo largo de su infancia y adolescencia. Al contrario de la fraseología meritocrática, la mayor parte de la población de Uruguay trabaja o estudia, sin embargo, “no llega” ni a la mitad del mes.

Un régimen político de expoliación a la clase obrera

Los candidatos y candidatas de los partidos del régimen, que se han alternado en el gobierno en las última décadas, plantean ahora su “preocupación” respecto de estas cifras. Pululan los programas para un futuro gobierno, que van desde aumentar las exoneraciones a los grandes capitales que “generen oportunidades de trabajo”, a crear más ONG’s que hagan caja con el presupuesto estatal.

Estos planteos más o menos formalizados, son la continuidad de una política de privatización del Estado y flexibilización de las relaciones laborales, que tiene como eje la implementación de los contratos “chatarra” y las tercerizaciones, que todos los partidos que forman parte del gobierno han implementado, atentando contra el trabajo y el salario, favoreciendo (a partir de exoneraciones fiscales fabulosas o subsidios millonarios) al gran capital.

Tomemos como ejemplo, el caso de la empresa “PedidosYa”, la cual obtuvo en 2020 la exoneración de los impuestos a la importación, así como del pago del IRAE, entre otros que sumarían unos 9 millones de dólares. Una de las condiciones que valoró el gobierno para tamaña concesión, fue su capacidad de generar empleo; sin embargo despidió sin previo aviso a 250 trabajadores y no perdió el conjunto de esos beneficios.

A través de una multiplicidad de leyes, convenios y programas -la Ley de Inversiones, la Ley de Empleo Juvenil, la regulación de las zonas francas, por ejemplo-, los grandes capitales se ven eximidos de cumplir con un porcentaje de los aportes patronales, del IRAE, del IVA, de las tasas aduaneras, etc. lo que implica un gasto tributario (el dinero que el Estado no recauda) equivalente al 6% del PBI, es decir al reclamo histórico de gremios y sindicatos de la educación -actualmente está en torno al 4%.

A esta enorme masa de dinero, debemos sumar la transferencia de U$S 2000 millones a los empresarios, al no aumentar los salarios desde 2019. Una estructura de confiscación a los obreros para la recomposición de la tasa de ganancia de los patrones; un verdadero robo millonario.

Urge la construcción de una alternativa política

A partir de este brevísimo análisis, es imprescindible extraer otras conclusiones: el Estado es la expresión política de este régimen en bancarrota, siendo responsable del hambre y la miseria que aqueja a sectores cada vez más amplios de la población.

Parte de este proceso es el despliegue de un plan de lucha que arranque medidas transicionales, fruto de la deliberación en los barrios, en los lugares de estudio y trabajo, en los sindicatos: salario mínimo igual a la canasta familiar, reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, guarderías y espacios que socialicen los cuidados, estatización de la banca, estatización de toda empresa que cierre o despida, apertura de los libros contables, presupuesto para salur, vivienda y educación de acuerdo a las necesidades, cese de todos los contratos chatarras y las privatizaciones en el Estado, por enumerar alguna de ellas.

Para superar la barbarie capitalista, urge poner en pie una alternativa socialista, que organice sobre nuevas bases las relaciones sociales de producción, para lo cual, debe gobernar la clase obrera. Esta perspectiva estratégica, es la orientación para construir y desarrollar un partido de combate al capital y sus partidos.

Es por lo anterior, que con esta orientación el Partido de los Trabajadores interviene en las elecciones nacionales, en el marco de la alianza UP-FT: señalamos el agotamiento del régimen capitalista, la descomposición social que genera su bancarrota y la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores.

Los trabajadores y trabajadoras debemos tomar en nuestras manos nuestro futuro y forjar las herramientas para construirlo, por un mundo sin explotados ni explotadores.