Transformemos el paro del 20 de julio en un pronunciamiento popular contra el ajuste

-Gobiernan para el capital financiero-
Frente a la inexistencia de un desarrollo económico nacional, el Frente Amplio mantiene su política en base al endeudamiento estatal, que constituye más del 70% del PBI y ha saltado de 12 mil millones de dólares en el 2005, a casi 40 mil millones en el 2017.
El financiamiento internacional, del que tanto hace alarde Astori, no ha sido utilizado para adoptar medidas de desarrollo nacional en función de los intereses de las mayorías populares. Por el contrario, el último préstamo del Banco Mundial se utilizará en las obras de infraestructura (a través de la Participación Público Privada) que exige UPM para instalarse en el país. El Frente Amplio hipoteca las finanzas públicas para facilitar los negocios del gran capital.
Por eso es tan importante para el gobierno garantizar las condiciones políticas para continuar adquiriendo deuda, es decir, cumplir con los lineamientos del capital financiero, de Standar and Poors, del Banco Mundial y del FMI, que exigen un ajuste contra el pueblo trabajador para garantizar la continuidad en la cadena de endeudamiento nacional.

-Un debate estratégico-
La incorporación, en la Rendición de Cuentas, de tibios impuestos sobre algunas importaciones y sobre los juegos de azar, ha sido suficientes para alinear a los sectores “disputistas” del FA, que parecen haber encontrado su “reforma impositiva”. De esta manera, Vazquez y Astori se garantizan los votos de la bancada oficialista para avanzar en el ajuste fiscal. No es novedad, el PCU, el PVP, el MPP, Casa Grande y los demás “sectores críticos”, llevan una década aprobando los lineamientos presupuestales del astorismo. El dato nuevo es que esas mismas modificaciones impositivas han servido para que la Unidad Popular garantice el voto 50 para estos artículos.
El apoyo de la UP se fundamenta en el planteo de aumentar impuestos sobre algunos sectores capitalistas y desarrollar una política de protección de la industria nacional. Pero los empresarios tienen el margen para trasladar los impuestos a precios: seremos los trabajadores los que pagaremos el costo de estas medidas. No se puede abordar el problema de estos artículos abstrayéndose de la orientación general de la rendición de cuentas y del destino de los fondos recaudados por estos nuevos impuestos, que irán al pago de la deuda y a subsidiar a los capitalistas.
Por otra parte, una medida proteccionista en el marco de una epidemia de cierres de fábricas, sin un plan de desarrollo industrial, no sería otra cosa que un ataque al salario de los trabajadores. Para hacer frente al problema de la industria nacional, primero hay que terminar con los cierres de fábricas y desenvolver un sistema único de inversión y crédito, junto con un plan de desarrollo industrial bajo control de los trabajadores, sobre la base del no pago de la deuda y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Es un debate estratégico para la izquierda que pretende dar una salida al derrumbe del FA. Garantizando el voto 50 para estos artículos, la Unidad Popular se coloca como pata izquierda del régimen del ajuste y como rueda de auxilio para la bancada oficialista. Para defender los intereses del pueblo trabajador, la izquierda no puede adoptar la política de apoyar lo bueno y criticar lo malo de una rendición de cuentas orientada por el capital financiero, al servicio del endeudamiento nacional y del gran capital, que continúa basando la recaudación estatal en los impuestos a los trabajadores. Se trata de colocar al pueblo trabajador detrás de un programa de reorganización económica de conjunto, al servicio de las grandes mayorías explotadas.

-Una salida obrera contra los cierres y despidos-
En el primer semestre de este año se registraron 54 empresas en la Ley de Concursos, siendo la cifra máxima desde que se creó esta ley en 2009. A la quiebra de decenas de empresas (entre ellas históricas empresas como FRIPUR y FANAPEL) se suman los masivos envíos al seguro de paro en Pul y la crisis en el Frigorífico Canelones, cuyo propietario se encuentra vinculado a las denuncias de corrupción del gobierno de Temer. La desocupación también alcanzó una cifra récord, la más alta en una década, superando el 25% en el caso de la juventud y las mujeres. Estamos frente a una profunda crisis del empleo nacional.
En este cuadro, la Ley de Concursos garantiza el salvataje de los empresarios a través del BROU, dando vía libre para conseguir préstamos, dar quiebra y dejar a los trabajadores en la calle. A través de esta política, los vaciadores pueden cerrar y despedir, amparados por el Estado. Mientras tanto, el gobierno desfinancia presupuestalmente al INEFOP y desenvuelve una política de “empleo joven” que consiste en trabajos precarios, garantizados con enormes subsidios estatales a las empresas. El Frente Amplio no tiene ninguna salida para el problema de la desocupación, por el contrario, es el principal garante de los cierres de empresas y despidos.
Las direcciones oficialistas del PIT-CNT son cómplices de esta política, negociando los despidos y cierres con las patronales, mientras procuran contener a los trabajadores detrás de la esperanza de aprobar la Ley de Insolvencia Patronal, cuyo objetivo no es frenar los despidos (esta ley los permite) sino ser un arma contra la movilización y la lucha de los trabajadores. La salida de la burocracia sindical pasa por el aumento de la competitividad (llegando a defender la devaluación) y el salvataje a los capitalistas: preparan una enorme derrota para el movimiento obrero.
Necesitamos abrir una salida de los trabajadores, para combatir los cierres y despidos con un programa de la clase obrera y no con el programa de las patronales. Vamos a defender el trabajo y el salario, por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin pérdida salarial, por un salario mínimo de media canasta familiar, por la estatización bajo control obrero de toda empresa que cierre.

-¡Paro activo!-
El gobierno pretende imponer una derrota a las luchas obreras a través de los decretos de esencialidad, decretos anti piquetes e ilegalización de las ocupaciones, pero ha provocado el efecto contrario: la reacción de la base sindical, lo que potenció el paro general parcial e impuso la moción de 17 sindicatos de un paro general de 24 horas para el 20 de julio -que finalmente fue aprobado por unanimidad.
Para la burocracia sindical, se trata de una medida para descomprimir, a la que se ven obligados frente a la ofensiva e intransigencia del gobierno, que entre otras cosas envió la rendición de cuentas antes de finalizar el plazo constitucional, para no negociar con los sindicatos y ponerlos ante el hecho consumado del ajuste fiscal. Quieren un paro dominguero que no ataque a los responsables políticos del ajuste.
La convocatoria al paro se produce en medio de un reguero de luchas obreras, que están chocando con el gobierno y su política anti popular, al mismo tiempo que con la orientación de conciliación y contención de las direcciones oficialistas Las recientes victorias clasistas en diversos sindicatos se suman a este fenómeno, para ratificar una tendencia en el movimiento obrero hacia la ruptura por izquierda con el oficialismo.
Son jalones que deben ser continuados, para poner en pie una alternativa de estrategia y de dirección en el seno de los sindicatos, por la independencia política del PIT-CNT y por un plan de lucha para derrotar el ajuste. En primer lugar, debemos impulsar una acción común para transformar la jornada del 20 de julio en un paro activo contra el ajuste y sus responsables. ¡Por una gran movilización nacional y un acto unitario de los sindicatos clasistas y combativos con independencia política del gobierno y los capitalistas!