Todos a la huelga general… para qué? Para frenar el ajuste y la reforma educativa

La ofensiva del gobierno para imponer lo que llama “Transformación educativa” ha provocado la indignación generalizada de todo el cuerpo docente, sindicalizados y no, de las Asambleas Técnico-Docentes, de los Institutos de formación docente, de los estudiantes, etc.

La reciente comunicación del cronograma de cursos virtuales “obligatorios” de 30 horas de duración, sin pago alguno y fuera del horario de trabajo son una verdadera burla a la inteligencia de los docentes, muchos de los cuales pensaron que eran noticias falsas o memes, desde la presentación y durante todo el desarrollo, son dibujitos simples, actividades que parecen para preescolares, preguntas subjetivas con respuestas absurdas como responder sobre sentimientos con fotos de personajes reales o animados.

La firme respuesta de los órganos de las ATD, retirándose de las instancias de implementación de los cambios, la reciente denuncia y retiro de los equipos de inspectores y directores sobre los cursos de capacitación obligatoria de la nueva malla curricular, -de la que se desconoce aún las materias y programas-, la huelga y los paros, ocupaciones y movilizaciones masivas de trabajadores y estudiantes evidencian la distancia insalvable entre los planes del gobierno de la Anep y el resto del sistema educativo. En este sentido, la reforma es un absoluto fracaso.

La única forma de imponerla es sobre la base del autoritarismo, las amenazas, la intransigencia absoluta con respecto, incluso, a los pedidos de mayor tiempo para la instrumentación de la misma. La prioridad, y la urgencia, está en cumplir con los acuerdos internacionales ya firmados, donde se exige la aplicación inmediata de estas reformas. Lisa y llanamente van por una mayor mercantilización de la educación para mejorar la tasa de ganancia del capital, forzando el corrimiento de estudiantes a centros privados mediante acuerdos de asociación público-privada del tipo Impulso o Jubilar, el aumento de los subsidios y exoneraciones tributarias a las instituciones privadas, la extensión del voucher educativo que ya existe para primera infancia y por supuesto, menos presupuesto para la educación pública estatal.

Por un lado, implica menor duración de los ciclos educativos, menos docentes, menos grupos, es decir, despidos y reducción salarial para los docentes. Por otro lado, contenidos subordinados a las necesidades del mercado, mano de obra barata y funcional, menos contenidos y conocimientos para los estudiantes. La preocupación de las autoridades no es como lograr que los estudiantes puedan aprender más y mejor, porque esto requiere un aumento considerable de los recursos para contar con más y mejores locales e infraestructura, más docentes y cargos técnicos, más y mejores salarios, alimentación, etc. Su prioridad se reduce a que los estudiantes más pobres, la mayoría, aprendan lo mínimo necesario para insertarse en el mercado de trabajo siguiendo los requerimientos de las patronales.

Una ofensiva en regla del capital, contra los trabajadores de la educación en particular, rebajando salarios y cargos y precarizando las condiciones de trabajo, y contra la clase obrera en general, al privarla del acceso al conocimiento que es patrimonio de la humanidad toda, con el objetivo de reducir la educación pública a la fábrica de mano de obra barata y funcional, tan precaria como los puestos de trabajo para los que podrán aspirar.

Esta reforma no es nada original, no es una creación genuina de Robert Silva y su comitiva, no hay elaboración teórica sólida sino que es la burda copia del modelo creado desde organismos internacionales de crédito, para ser impuesto en los sistemas educativos de los distintos países. En este sentido, la denuncia de plagio que se hace sobre los documentos presentados por la Anep, en realidad revela justamente eso, que es un modelo único a replicar en todos lados, sin siquiera disfrazarlo de nacional.

El descontento y rabia generalizado contra todo esto debería estar incendiando la pradera desde que se conocieron los primeros anuncios del MCRN (Marco Común de Referencia Nacional) y la negativa a cualquier diálogo por parte de las autoridades, desconociendo las leyes de Negociación Colectiva vigentes.

El gobierno avanza como embestida, arrasando con todo y con todos, y esta situación exige una respuesta contundente, un Plan de lucha que permita ir sumando más y más compañeros, además de llegar a la población que será afectada, estudiantes y familias, muchos de quienes forman parte del movimiento sindical organizado, con el objetivo de conformar un gran movimiento en defensa de la educación pública que vaya a fondo contra la política del gobierno.

Ades Montevideo marca un camino

Sin embargo, desde las direcciones sindicales de la educación, se abordan los distintos aspectos de esta ofensiva por separado, generando expectativas en futuras negociaciones, minimizando los efectos que tiene y tendrá, debilitando la respuesta colectiva necesaria. Por un lado, en lo estrictamente económico, se aprueba, a impulso de éstas, el preacuerdo salarial que propone el poder ejecutivo a tres años, y que no contempla la pérdida salarial sufrida en los últimos años (se calcula que la pérdida será equivalente a dos salarios acumulados al final del convenio, en diciembre 2025). Además que el convenio no establece cláusula gatillo por inflación, sabiendo que la disparada de la inflación es un fenómeno mundial en expansión.

Por otro lado, en lo referido a lo pedagógico y los contenidos, si bien se rechaza el MCRN, luego, a la hora de votar el documento de reforma o “Transformación educativa”, los consejeros que representan a los trabajadores en el Codicen de la Anep, quienes además fueron impulsados desde los propios sindicatos, se abstienen (no lo rechazan) con el argumento de que no es tan malo como se esperaba, que no implicará pérdida de horas docentes (despidos) y que es mejor esperar a ver los programas y cómo será la designación de horas y la proyección de grupos.

Mientras que Ades Montevideo, la filial más numerosa del país, con casi la mitad de los afiliados de la FENAPES llevó adelante una medida de huelga que fue reafirmada en una asamblea con quinientos compañeros presentes, en la perspectiva de extenderla a toda la educación. Lo que se inició el primer día con la ocupación del liceo Dámaso, continuó con la ocupación de cuatro centros al otro día, y pasó al día siguiente a la ocupación de doce centros, más un centro ocupado por los estudiantes. Esto se sumó a las ocupaciones que llevaron adelante tanto estudiantes como docentes de los centros de formación docente de Montevideo y del interior. También la universidad entró en huelga por presupuesto con ocupaciones y movilizaciones.

El camino de la huelga, que debía y podía extenderse a todo el país, no recibió siquiera una declaración o un saludos del PIT-CNT ni de la propia Federación que integra. Lejos de esto, la huelga iniciada por Montevideo fue aislada, atacada y desprestigiada. La propuesta que se contrapuso y salió triunfante en la Asamblea General de Delegados de Fenapes, mientras se mantenía la huelga, fue un paro de 48 horas, pero a realizar dos semanas después de que la huelga se levantó y de que se ratificó el acuerdo salarial ya suscripto como preacuerdo en julio de este año, cerrando la lucha presupuestal de la rendición de cuentas. Cabe destacar que varias filiales propusieron ampliar la huelga como FENAPES, así como paros nacionales durante el transcurso de la huelga, estas tendencias a la lucha están presentes en diferentes regiones del país.

Cuando deberíamos estar preparando a los trabajadores para una lucha frontal contra la reforma y los recortes, las corrientes mayoritarias, llevan adelante una campaña de freno a los sectores más combativos de los trabajadores. Se apoyan en los prejuicios y los temores de los sectores más conservadores (que también hacen suyos) para justificar dejar pasar todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades, demorando una respuesta colectiva que ponga coto a esta ofensiva, generando expectativas en posibles negociaciones futuras, y por supuesto apuntando a la campaña electoral de 2024, donde pretenden canalizar el descontento en el voto hacia el Frente Amplio.

Esta política de desarmar a los trabajadores y desalentar las iniciativas de lucha que se manifiestan, para convertir a los sindicatos en organizaciones de presión que posicionen con mayor peso a los dirigentes que los representan en la negociaciones, es una política criminal que ahoga la voluntad de lucha de los trabajadores. Está política es lo que define a una burocracia sindical, un sector con privilegios que se postula como mediador entre los intereses de los trabajadores que representa y el enemigo de clase. Una política que lleva al fracaso y a la desmoralización, al no se puede, al sálvese quien pueda; es una traición a los intereses de los trabajadores y a sus mejores esfuerzos por ponerse en pie de lucha.

Es necesario sacar todas las conclusiones de este conflicto y construir una alternativa de dirección que le dispute la conducción de los sindicatos a las corrientes que siempre terminan sometiendo a los trabajadores a la parálisis, guardando en un cajón las justas reivindicaciones que tenemos pendientes.

Fijar como objetivo central del sindicato la discusión de materiales a presentar en un próximo Congreso del pueblo, cuyos resultados serán la base del programa electoral de Frente Amplio para las elecciones de 2024, es condenar a los trabajadores a aceptar la miseria en curso con la promesa, incierta, de un futuro más propicio. Sobre todo cuando el FA ya gobernó durante 15 años, durante los cuales elaboró los acuerdos multipartidarios en educación y llevo adelante la represión de las luchas por presupuesto, con declaración de esencialidad incluída.

Cuando se presentan y desarrollan iniciativas de lucha, de movilización y de huelga hay dos caminos: o se milita para desarrollarlas al máximo y para superar las limitaciones que puedan presentarse, tendiendo puentes para acercar a los sectores más temerosos, se explica los motivos, se difunde, se convence de su necesidad y de que es el camino para obtener los reclamos, o se establece como prioridad frenar esas tendencias, someterlas, desarmarlas o desviarlas a otros caminos que no son la acción directa de los trabajadores, aunque esto suponga renunciar de antemano a conquistar los reclamos.

¿Alguien puede creer que los trabajadores podemos esperar, como si el tiempo estuviera suspendido, a que el gobierno se detenga en la aplicación de sus planes antiobreros y antipopulares?

¿Alguien tiene expectativas en que la elección de horas no será una carnicería que dejará a muchos compañeros sin horas, o en condiciones mucho más precarias que las actuales?

¿Alguien puede asegurar que el gobierno y sus personeros en Anep y el Mec no van a avanzar sobre el Estatuto Docente como lo están haciendo sobre los funcionarios de gestión y servicios?

¿Será que los directores de los subsistemas de Anep no irán por más sanciones, persecución y amenazas, que abandonarán las imposiciones y arbitrariedades, que no irán por pisotear los derechos conquistados por los trabajadores?

La magnitud del ataque y de las conquistas y derechos en juego requiere una respuesta a la altura. Y se enfrenta con una lucha masiva general que no es otra cosa que una huelga general de toda la educación, no como una consigna propagandística sino como perspectiva real de triunfo. Exige preparación, organización, compromiso y confianza en la lucha de los trabajadores como camino.

Esto no termina acá, más temprano que tarde habrá que dar la talla y estar a la altura.

En defensa de la educación pública

Cese inmediato de la aplicación de la “reforma” anti-educativa

Presupuesto del 6% del PBI

Creación de cargos y de grupos

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