El pasado 18 de abril, se aprobó en el senado (mediante los votos de todos los partidos del régimen) el proyecto integral de violencia domestica, impulsado desde el Poder Ejecutivo en abril del año pasado. Este proyecto entre otras cosas, tipifica el femicidio, como agravamiento de la pena del homicidio.
La denominada Unidad Temática del Derecho de las ciudadanas del Frente Amplio convoco a que las mujeres se hicieran presentes en las gradas del parlamento, la imagen es penosa, y demuestra claramente que este proyecto no es realmente una demanda del movimiento de mujeres, sino una postura política de un puñado de legisladores y mujeres aglutinadas en el FA (Con ellas algunos grupos feministas que han apoyado la anterior ley de violencia domestica) quienes ponen en la mesa la tipificación del femicidio.
Por otro lado, legisladores de todos los colores políticos votaron por unanimidad este proyecto, todos con el discurso de que la violencia hacia las mujeres es una problemática cultural, que hay que erradicar. Pero es solo un discurso si vemos que en los hechos es el propio estado el que no actúa, e incluso posibilita la violencia, el caso de Valeria Sosa quien había denunciado a su ex pareja ( policía de la DOE), la cual fue brutalmente asesinada por el mismo. Es una joya para la complicidad del Estado en los femicidios.
El llamado problema cultural del cual todos los partidos políticos en el régimen hablan, esconde el entramado económico al cual las trabajadoras somos sometidas tras los bajos salarios,la precarización y los despidos. La propia Tourne con descaro, menciono que el proyecto no solucionaba la situación. Es que el agravamiento de la pena no apunta en ningún sentido a solucionar la violencia, más bien refuerza el aparato represivo, escondiendo la violencia económica bajo la cara visible de los despidos y los cierres de fabricas, en un lavado de cara, que se hace bajo el rotulo del “problema cultural”. Los parlamentarios están, en verdad, preocupados por echar una bomba de humo, que esconda situaciones en donde el propio estado se encarga de reforzar el régimen de ajuste, que lleva a salarios de miseria en el mejor de los casos, y a los despidos. El caso de la Spezia es un gran ejemplo, donde tras el Síndico se esconde el interés estatal de rescatar a los capitalistas en quiebra.
En argentina los femicidios tienen la condena máxima desde el 2012, el caso de Micaela demuestra que agravar la pena, no solo no acaba con la violencia sino que incluso la fomenta, ya que el principal sospechoso del caso fue beneficiado por jueces para salir de la cárcel bajo libertad condicional, por cumplir la mitad de la pena. El aumento de las penas claramente no es la solución a la violencia contra las mujeres. En este país la movilizaciones de mujeres son cada día más, un claro ejemplo de cómo los estados intentan mediante las leyes cooptar, a las organizaciones de mujeres. No hay ley que valga para tapar los distintos tipos de violencia, los despidos, el ajuste del gobierno y sobretodo los asesinatos que van en ascenso, y que lo único que demuestran es que son consecuencia de un sistema económico en crisis, que genera estragos a nivel social, y del cual las mujeres somos blancos fundamentales .
Somos las mujeres quienes debemos organizarnos con autonomía del Estado, quien garantiza la violencia social y económica a la cual estamos condenadas. En consejos elegidos por las propias mujeres donde se realice una política integral real, para combatir la violencia a la cual el sistema capitalista nos condena. Las Tourne y Muñoz reafirman en sus discursos que la lucha de las mujeres debe ser con independencia del estado, la iglesia y los partidos patronales. Es cada vez más claro, que al contrario de algunos discursos de ONG feministas y otras organizaciones, no estamos todas las mujeres del mismo lado.
Mujeres sino nos organizamos nos matan, el Estado es responsable!
Por una organización de la mujer trabajadora: independiente del Estado, la Iglesia y los partidos patronales.
