La agenda política de los trabajadores y la juventud ha estado dominada, durante las últimas semanas, por dos hechos políticos de gran relevancia: la negociación entre Vázquez y la cúpula del PIT-CNT entorno a las pautas salariales, y el pasaje de la rendición de cuentas al Senado con la aprobación unánime de la bancada de diputados del FA.
Las direcciones oficialistas del movimiento obrero y estudiantil se han empeñado en presentar como conquistas populares los mínimos maquillajes introducidos por el gobierno, tanto en las pautas salariales como en el presupuesto. Se han adaptado al ajuste. El objetivo de estos acuerdos es evitar la profundización de la conflictividad sindical y un ascenso de las luchas de los sectores más afectados por el ajuste, en particular la educación y la salud públicas y las ramas de actividad que enfrentan los Consejos de Salario.
En ningún caso significan conquistas para los trabajadores. La modificación de las pautas salariales implican retomar para este año los lineamientos del 2015, que implican entre un 1% y un 1,5% de aumento: en un salario de $15.000 significan poco más de $200 de aumento. Astori tiene razón cuando afirma que “se ha mantenido la columna vertebral de los lineamientos salariales”. Los acuerdos siguen siendo a dos y tres años y los ajustes por inflación se mantienen cada 18 o 24 meses. Por otra parte, sigue inamovible el criterio de dividir en tres sectores: dinámicos, medios y en crisis, en función de lo cual se atan los aumentos salariales de los trabajadores a mantener la rentabilidad de los capitalistas.
La burocracia sindical considera un triunfo las pautas salariales que se criticaban el año pasado, que se aplican ahora en un cuadro de inflación superior al del 2015. La leve disminución de la inflación (que se mantiene en los dos dígitos) responde en gran medida a la caída coyuntural del precio del dólar, que el BCU está interviniendo para contener a través de la compra de US$ 21,5 millones.
La rendición de cuentas, por su parte, mantiene la postergación de casi un 60% de los recortes planteados inicialmente por el Poder Ejecutivo, incluyendo los $ 682 millones que le quitan a la ANEP: luego de diez años negando el 6% del PBI para la educación pública, el gobierno del FA va directo al recorte. El debate sobre colocar nuevos impuestos al capital no pasa de ser una medida distraccionista mientras los senadores aprueban la rendición de cuentas del ajuste, que profundiza la orientación de financiar el Estado en base a los impuestos al salario y al consumo de los trabajadores.
El trasfondo del ajuste
Frente a la bancarrota económica, el gobierno de Vazquez se posiciona en la misma orientación de Temer y Macri: descargar los costos de la crisis sobre la clase obrera a través de un ajuste contra el salario, el trabajo y los gastos sociales. Son las exigencias del capital financiero para mantener el endeudamiento externo y el ingreso de capital.
El gobierno de Vázquez intenta aplicar el ajuste sin cambiar el régimen político, es decir, sin volar los puentes con el “ala izquierda” del FA y con la burocracia sindical. Por su parte, estos sectores están demostrando que, para salvar al régimen con el que están profundamente comprometidos, están dispuestos a garantizar la viabilidad política para el ajuste. La principal fortaleza política del FA para imponer el ajuste son sus vínculos con el movimiento obrero. Pero para mantenerlos, Vazquez se ve obligado a negociar y hacer mínimas concesiones a quienes le garantizan la regimentación de los sindicatos. Esto es viable mientras el gobierno tenga margen para un ajuste gradual sin chocar con los intereses del gran capital.
Este año el gobierno debe enfrentar nuevos vencimientos de deuda que pretende financiar en base a los recortes fiscales. Por otro lado, la motosierra contra la educación, la salud y la vivienda, así como el achique del Estado responden a la defensa de los subsidios y exoneraciones al gran capital, que también enfrenta un profundo endeudamiento: según el informe del BCU, el sector agropecuario registra un 80% de endeudamiento en relación a su producción, seguido por un 40% en el Comercio y un 35% en la industria manufacturera. Este ajuste es solo una primer dosis.
Para afrontar la caída de la rentabilidad y enfrentar las deudas, el gran capital transfiere su crisis a los trabajadores a través de la pérdida salarial, pero también de los cierres de empresas, las suspensiones y los despidos. FANAPEL se suma a la lista de quiebras, comprometiendo los puestos de trabajo de 290 trabajadores, mientras el gobierno negocia la instalación de una nueva papelera, con una inversión estatal millonaria en infraestructura para garantizar el negocio al capital extranjero.
Paro general
La burocracia sindical pretende utilizar las “concesiones” del gobierno para desarticular cualquier medida de lucha. El Secretariado General revolvió por mayoría proponer desactivar el paro parcial planificado para este mes y pasarlo para setiembre, como medida para descomprimir la presión en el punto más alto de la lucha salarial. Con esta orientación le garantizan al gobierno la aprobación de la rendición de cuentas en el Senado sin chocar con la movilización popular.
El debate sobre las medidas a tomar frente al ajuste atraviesa al conjunto del movimiento obrero. Algunos sindicatos como ADEOM, AFUTU y COFE se están pronunciando por la convocatoria a un nuevo paro general de 24 hrs, mientras otros como FENAPES están discutiendo en estos días esa perspectiva. El cuadro del movimiento obrero presenta emergentes que tienden a quebrar el relativo reflujo impuesto por la política de la burocracia sindical: el paro de 24 hs en la educación, así como las ocupaciones de AFFUR, el paro de la UNTMRA y la multitudinaria marcha del 9 al parlamento son algunos ejemplo de las tendencias de los trabajadores a responder al ajuste con la lucha organizada.
Vamos por un nuevo paro general de 24 hs y un plan de lucha por un salario mínimo no menor a la media canasta familiar con ajustes mensuales de acuerdo a la inflación; por la prohibición de los despidos y las suspensiones y el reparto de horas sin pérdida salarial; contra los recortes a los sociales y por un presupuesto que financie la educación, la salud y la infraestructura públicas en base a los impuestos progresivos al gran capital y la suspensión del pago de la deuda externa.
Por una salida política de los trabajadores
El movimiento obrero debe ofrecer su propia programa como alternativa y el desarrollo de una estrategia política consecuente. La aprobación unánime del ajuste del FMI es el acta de defunción del “gobierno en disputa”. La estrategia política de pelear desde adentro del gobierno para impulsarlo a la izquierda termina con todo el arco “crítico” del FA subordinándose a la política económica de Astori. Esta estrategia tiene como objetivo neutralizar las luchas populares y canalizarlas hacia una pelea al interior del Frente Amplio o del gobierno, bloqueando la organización política independiente. Es una encerrona que nos lleva por el camino del ajuste y al desastre.
Los trabajadores y la juventud enfrentan enormes desafíos: el Frente Amplio fue durante décadas la referencia política para el movimiento popular y para la mayoría de la izquierda. Asistimos a su derrumbe en el marco de la bancarrota de todas las experiencias “progresistas” que gobernaron el continente en la última década. El movimiento obrero necesita construir una nueva referencia política, no en base a la colaboración de clases y la alianza con la burguesía, sino entorno al eje de la independencia política y la lucha por un gobierno de trabajadores. A las reivindicaciones urgentes, hay que sumar la convocatoria de un congreso programático del movimiento obrero, donde los trabajadores en lucha desarrollen el plan alternativo al ajuste de la burguesía y el gobierno entorno al cual reagrupar a los explotados detrás de una salida de conjunto.
