Responsabilidad penal:
Los patrones y sus mandaderos del parlamento quieren frenar la ley

Las dilatorias de la bancada de senadores del Frente Amplio para votar la ley que penaliza con prisión a los empresarios que violen las normativas de seguridad laboral arroja luz sobre los intereses que defiende la mayoría del Frente Amplio y el sometimiento de los sectores críticos a los representantes de la patronal.

Finalmente, aunque a última hora la bancada de senadores no haya impuesto su criterio de modificar la ley votada en diputados, las patronales han dejado expuesta su política para frenar la ley.

Desde las patronales se ha colocado ahora la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la ley, para impedir su instrumentación, algo que está impulsado  por los senadores del Frente Amplio que apoyan las modificaciones y que actúan como voz de los capitalistas. Astori y Nin Novoa son los abanderados de esta política. Las cámaras empresariales han colocado sus baterías en modificar la ley votada para hacerla inocua. Cuentan entre sus asesores a importantes estudios de abogados, entre ellos a la esposa de Gonzalo Fernández, ex ministro de Tabaré Vázquez, y asesor de la banca estafadora, asesora de la APPCU (promotores privados de la construcción).

El reclamo de cárcel para los empresarios que violan las disposiciones laborales en materia de seguridad es un viejo reclamo del SUNCA, que se arrastra desde antes de la Huelga del año 1993.

Muchos años después la dirección frenteamplista del  sindicato se apoderó de esta consigna, pero lo hace como un retroceso si tomamos en cuenta la conquista de los trabajadores de Montes del Plata, en el transcurso de una huelga, que obtuvieron el poder de veto  de los delegados de seguridad en trabajos considerados riesgosos sin que se adopten las medidas necesarias.

Por otro lado el reclamo de esta ley deja en evidencia la completa nulidad en el contralor de las normas de seguridad por parte del MTSS. ,cuando las empresas han aumentado sistemáticamente la productividad y los ritmos de trabajo que han incidido drásticamente en el incremento de los accidentes. De aprobarse la ley el próximo paso de los patrones será presentar recursos de inconstitucionalidad, posición defendida por la mayoría de la bancada del Frente Amplio, y por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

Tabaré Vázquez en su clásica demagogia ha declarado que está a favor de que se apruebe la ley, pero hay que tomarse el tiempo necesario para estudiarla bien, alineado con Astori y las cámaras patronales que con el cuento de estudiar y consensuar pretenden dejar a la ley como un florero.

Los sectores del Frente Amplio que impulsan la ley (PCU, PVP) han logrado la aprobación oportunista de la bancada del MPP y del Partido Socialista  (que expresamente lo hacen para no perder votos, según sus propias declaraciones para no generar rispideces en la campaña electoral). Pero tiran la toalla, cuando manifiestan que  dentro del Frente Amplio hay matices pero todos están por la aprobación de la ley. Claro que algunos pretenden poner agregados que la vuelven irrelevante, tal cual la patronal impulsa.

De todas manera la aprobación de la ley no tendrá efectos directos en la vida del trabajador sino se extiende la campaña sindical para imponer el derecho de los delegados de seguridad e higiene para detener un trabajo que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores, y se exige el reconocimiento de este derecho elemental de parte del estado explotador y en este caso del gobierno dirigido por el Frente Amplio.

Por una alternativa OBRERA Y SOCIALISTA   

Partido de los Trabajadores