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Rafael Fernández expuso en mesa redonda convocada por la Red de Militantes de Izquierda

El siguiente texto es la base de la intervención del dirigente del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, en el debate organizado por la “Red de Militantes de Izquierda” el pasado sábado 5 de diciembre en la Casa Bertolt Brecht. En dicha mesa redonda estaban invitados a exponer los diputados Oscar Andrade (PCU) y Gonzalo Civila (PS), el dirigente del PVP Carlos Coitiño y el economista frenteamplista Carlos Viera, además del representante del PT. La temática a tratar: “una agenda de cambios hacia el socialismo”.

 

 

Intervención ante el encuentro
“por una Agenda de Cambios hacia el Socialismo”

por Rafael Fernández

Agradecemos la invitación y saludamos este debate en el seno de la izquierda.

Es necesario partir de una caracterización del momento actual del régimen capitalista. La categoría esencial para poder fijar una estrategia correcta es la de la bancarrota capitalista a nivel mundial. El capitalismo está en su fase de decadencia, no en la etapa de su ascenso histórico cuando -más allá de las crisis de coyuntura- desarrollaba las fuerzas productivas en términos generales. La superproducción de capitales -y la caída de la tasa de ganancia, que es una tendencia inseparable de aquella- ha conducido a una crisis histórica, que los rescates estatales han intentado manejar para evitar un estallido de todo el sistema financiero, con el resultado de una prolongada crisis que sigue acumulando todas las contradicciones del capitalismo. La gigantesca masa de dinero volcada a salvar a los bancos y grandes corporaciones se tradujo durante un período en un ingreso de capitales en los llamados “mercados emergentes”, y en una especulación en torno a China y las materias primas, pero esa etapa se terminó. Ahora son los Estados los que están en bancarrota (reflejado en el déficit fiscal y el elevado endeudamiento), lo que se refleja sobre todo en EE.UU., Europa… y China. Los gobiernos descargan la crisis sobre los trabajadores, lo que provoca crisis políticas y levantamientos populares.

La creencia de que América Latina quedaría al margen de la crisis se demostró infundada. Durante varios años la elevada demanda china provocó un boom -de exportaciones y de precios- de las materias primas (energía, minerales, alimentos). Esa etapa está definitivamente cerrada. Los precios de los commodities se desploman, y se llevan puesto a Aratirí, el P.A.P. y la regasificadora, entre otros espejitos de colores que se presentaban como “desarrollo”.

En toda una década de elevados ingresos para la región, la burguesía demostró una vez más su incapacidad histórica (bicentenaria) para utilizar esta coyuntura favorable para una industrialización, y más aún para concretar la unidad latinoamericana. Es una película que ya vimos en otras experiencias anteriores del nacionalismo burgués (MNR, Peronismo, Velazco Alvarado, Getulio Vargas, batllismo, etc.). Los gobiernos llamados progresistas, nacionalistas o de centro-izquierda, ahora ante el agravamiento de la crisis comienzan a aplicar un ajuste, es decir, a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Esto se visualiza claramente en Brasil, donde Rousseff instaló a Levy -un neoliberal declarado- para llevar adelante este ajuste, y donde hay instalada una crisis política mayúscula por la puja entre distintas fracciones capitalistas.

La proclamada “integración latinoamericana” fracasó estrepitosamente -una vez más. Del “gasoducto” y del “Banco del Sur” ya nadie se acuerda. Ahora Brasil se inclina a negociar un TLC con Europa, se firmó el TTP (Chile, México, Perú… ¿Uruguay?) que no es otra cosa que una guerra comercial de EE.UU. y Japón contra China, además de una colonización económica de los países “emergentes” hoy en crisis.

El triunfo de Macri fue recibido con algarabía por el gobierno uruguayo. Astori se reunió con el derechista Cartes de Paraguay y acordaron que es el momento ideal para presionar a un giro en el Mercosur -para permitirles acercarse al TTP y a un TLC con la UE. Todo esto nada menos que después que Macri anunciara que pretende expulsar a Venezuela del Mercosur, utilizando la cláusula “democrática”.

El gobierno del Frente Amplio apunta a aplicar el ajuste contra los trabajadores, recortando inversiones y gasto social, lo que lleva a privatizaciones, desempleo, rebaja salarial. Además de la postergación del Antel Arena (ahora nuevamente cuestionado por la bancarrota de Abengoa) y otras inversiones, está claro que en infraestructura queda todo colgado de un pincel porque depende de las PPP de dudosa concreción. El recorte de vacantes en el Estado, las privatizaciones, van en el mismo sentido. Respecto al salario, el gobierno ha obstaculizado incluso acuerdos bipartitos con las patronales que superan por algunos puntos las pautas oficiales, y ha impuesto un llamado “convenio” (que es un decretazo) a los trabajadores de la educación. Y esto es sólo el inicio. En la seguridad social está quedando expuesta la estafa de las AFAP que cobran cuantiosas comisiones a los trabajadores, los que cobrarán jubilaciones por debajo de las del BPS (incluso luego de que el cálculo jubilatorio fuera modificado a la baja en la reforma de 1995); mientras tanto, el Banco de Seguros es la única aseguradora que interviene para servir las rentas de Afaps, porque da pérdidas. Es una decisión política (para mantener el curro de la jubilación privada) que amenaza con hundir al propio BSE. En el programa del FA se plantea claramente cómo enfrentar esta situación: aumentando progresivamente la edad de retiro de los trabajadores. Esa medida -o la rebaja de la tasa de reemplazo de las jubilaciones- son las que impulsa el capital financiero para defender su negociado, a costillas de los trabajadores.

En resumen, el gobierno del Frente Amplio enfrenta a la crisis de acuerdo a su naturaleza de clase, que es capitalista en su contenido, más allá de su forma “policlasista” o, más precisamente, de “colaboración de clases”. Esta misma colaboración de clases se vuelve cada vez más insostenible, como se demostró con la ‘esencialidad’ en la educación, decretada por Murro -supuesto amigo de los sindicatos- y que casi provoca la renuncia de Castillo. La esencialidad fracasó, pero el curso del gobierno está muy claro. La presencia -minoritaria y sin mayor incidencia- de representantes de la izquierda o con vinculación con el PIT-CNT, no cambia el carácter de clase del gobierno, y conduce a la liquidación de esa izquierda ante una perspectiva de agudización de la lucha de clases.

La izquierda que se proclama anti-capitalista no tiene ningún motivo para permanecer aliada con Tabaré Vázquez, Danilo Astori o Nin Novoa. El chantaje del retorno de la derecha tradicional, que ya no funcionó en Argentina, convierte a esta izquierda en rehén de las “nuevas derechas” que vienen a protagonizar un giro a la derecha y un ajuste económico anti-popular (Bachelet, Rousseff y Tabaré). Por este camino, repetimos, va a la liquidación política.

La idea de avanzar al socialismo en el marco de la democracia capitalista era la fantasía del viejo reformismo de la Segunda Internacional, una ilusión nacida en el llamado “período orgánico” del capitalismo (cuando todavía estaba en ascenso y las concesiones a la clase obrera parecían crecientes y duraderas). La fase imperialista del capitalismo, y las guerras, ya habían demostrado la inviabilidad de este programa de reformas en el marco capitalista.

Partimos al comienzo de la categoría de la bancarrota capitalista, y el programa debe surgir de esta caracterización. Las falsas salidas dentro del capitalismo están condenadas. Para que la crisis no la paguen los trabajadores se debe plantear la lucha por un gobierno propio de la clase obrera, no de alianza con la burguesía pretendidamente progresista. Un programa de transición debe incluir reivindicaciones del programa mínimo -como el salario mínimo de $ 30,000 o la estatización completa de la seguridad social- pero integradas en un conjunto de medidas que sin ser todavía el socialismo ya cuestionan la propiedad privada: nacionalización sin pago de la banca, eliminación del secreto bancario, nacionalización de la industria frigorífica, no pago de la deuda externa, nacionalización de los recursos naturales (y en primer lugar, de la tierra, a través de la expropiación del latifundio). Todo este programa es incompatible con la política de colaboración de clases, y plantea la cuestión del poder, de la lucha por un gobierno de trabajadores, que es la precondición para el socialismo.

El PT es partidario de un frente de la izquierda anti-capitalista, para impulsar un programa de lucha por un gobierno de trabajadores, y por la unidad socialista de América Latina.

Rafael Fernández

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